Monsalve aborda asignación de recursos para seguridad en discusión sobre equipamiento de cámaras para Carabineros

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados sesionó a partir de las 14.00 horas de este lunes en modalidad mixta, presencial y telemática, desde la Sala Francisco Bulnes del Congreso en Valparaíso, para iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria que “establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal”.

La iniciativa de los diputados del Partido Socialista, en primer trámite constitucional, fue analizada en una sesión a la que asistió el subsecretario del Interior Manuel Monsalve.

La instancia que preside el diputado PS Raúl Leiva escuchó a Monsalve exponer sobre el sistema de registro y almacenamiento aprobado en la normativa de modernización de policías ya aprobada por el Congreso.

“Se establecía en la moción que las cámaras o el registro audiovisual debería ser usado en todos los procedimientos policiales. Bueno, nosotros proponemos eliminar el concepto de en todas las actuaciones policiales, por dos razones fundamentales, una porque no va a ser posible desde el punto de vista presupuestario dotar de cámaras al 100% en una primera etapa de aquellas policías”, explicó Monsalve, acotando que se priorizarían unidades como el OS7, el OS9 y los funcionarios de Control de Orden Público de Carabineros.

Como segundo argumento, la autoridad de gobierno explicó que el imponer el uso de registro en toda actuación policial “podría ser motivo de exclusión” e invalidar un procedimiento en el que no se utilice.

El subsecretario expuso que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y vinculada a esa demanda “de garantizar el derecha a seguridad, hay una brecha que el Estado no ha logrado cubrir y que es una brecha en materia de capacidades que requieren presupuesto”.

Monsalve recordó que el Presidente Gabriel Boric anunció un aumento del 40% del presupuesto destinado a seguridad con 1.500 millones de dólares adicionales para prevención y control.

En esa línea, señaló que se deben financiar iniciativas para el aumento de cupos en cárceles, mayor dotación de fiscales y policías.

“Todo esto el país tiene que ser capaz de sostenerlo en el tiempo y por lo tanto hay que tener una mirada integral en materia de a qué va a destinar el país el esfuerzo que todos los chilenos y chilenas van a hacer para destinar más recursos para garantizar el derecho a seguridad”, reflexionó el exdiputado, indicando que tras el proyecto en cuestión hay un costo estimado de 7.400 millones de pesos.