Monsalve por compra de 22 Lexus a ministros de la Suprema: “Le corresponde al Poder Judicial dar explicaciones”

Controversia causó la decisión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa de la Corte Suprema, tras visar la compra, para sus ministros y un fiscal judicial, de 22 vehículos de alta gama, marca Lexus, específicamente del modelo ES300h y cuyo precio de lista va desde los $ 56.990.000, medida que fue sometida a votación y que finalmente el Pleno aprobó -por once votos contra dos-, adquisición que tendrá un costo total de $1.253 millones.

En este sentido, desde el Poder Judicial insisten en que los recursos para la compra fueron autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), mientras que, desde dicha instancia, lo descartan.

Consultado al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que prefiere “no referirse” a decisiones que adoptan otros poderes del Estado, señalando que deben ser “esos poderes” los indicados para explicar los criterios que les llevaron a tomar una determinación de esta naturaleza.

“Puede que uno de los criterios sea el de seguridad. Yo solo creo que hay un criterio general, que tiene que ver con la situación global del país y que siempre podemos tener un sentido de autoridad, en el marco, si, de criterios que son indispensables para también proteger la seguridad de la autoridad”, recalcó.

En este sentido, agregó que “esos criterios tienen que combinarlos adecuadamente cada institución y por eso es que le corresponde al Poder Judicial dar explicaciones de esas precisiones”.

Cabe recordar que, por medio de una declaración oficial, la Dipres advirtió que la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial.

“Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”, detalla el escrito.

Finalmente, se enfatiza que el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, y que, por lo tanto, no requiere la autorización en los casos en que tenga recursos asignados según la Ley de Presupuestos vigente.