Monsalve responsabiliza al INDH del informe de antecedentes médicos de los beneficiarios de pensiones de gracia

Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a explicar los detalles del informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia que otorgó el gobierno en el marco del estallido social. En ese sentido, responsabilizó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del informe de antecedentes médicos de los beneficiarios.

Monsalve explicó que los antecedentes médicos no los solicita el Ministerio del Interior, sino que el INDH y, por tanto, estos “vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación y allí viene la fecha de solicitud, el consentimiento informado, los antecedentes personales, los antecedentes médicos y viene un certificado del INDH que es muy clave”.

En ese sentido, detalló que ese certificado es “muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.

“Eso es lo que dicen todos los certificados. Lo que ha cuestionado la Contraloría por lo tanto, es que, en 19 casos considera que los antecedentes provistos en la carpeta del INDH no son suficientes para verificar ese menoscabo (…) de esos 19, el INDH ya entregó antecedentes complementarios a la Contraloría en nueve casos, en esos nueve la Contraloría recibió esos antecedentes y levantó las observaciones al respecto. Por lo tanto, ya no son 19, son diez casos en los cuales la Contraloría mantiene la posición de que los antecedentes médicos contenidos en la carpeta del INDH no son suficientes”, agregó.

En esa línea, señaló que, según su entender, el 5 de enero el INDH respondió a Contraloría “entregándole antecedentes adicionales respecto a estos diez casos”.

“Con fecha 12 de enero nosotros hemos recibido esos antecedentes que están en revisión para ser incorporados entre la respuesta que tenemos que entregarle a la Contraloría, para la cual tenemos plazo hasta el 8 de marzo de este año”, sostuvo.

De hecho, el subsecretario señaló que ni en el gobierno anterior ni en el actual “el departamento de acción social solicitó antecedentes médicos directamente a las personas afectadas. Siempre evaluó su condición médica en virtud de los antecedentes médicos que venían en la carpeta del INDH”.

“Por algo hemos instruido un sumario administrativo y consideramos pertinente que la Contraloría solicite antecedentes adicionales a los que estaban en la carpeta”, aseveró.

Respecto a las cifras de personas con antecedentes penales, el subsecretario informó que cuando concurrió en septiembre del año pasado a la Comisión Especial Investigadora, informó que había 41 personas antecedentes penales, asegurando que “esa era la información que disponía en ese momento”. En ese sentido, explicó que, “posteriormente la Contraloría hizo una auditoría y habla de 58 personas con antecedentes penales. No conocemos la fuente de la cual la Contraloría llega a esa conclusión”, indicó.

En esa línea, señaló que, una vez que el Presidente Gabriel Boric decide ejercer una facultad administrativa para dejar sin efecto pensiones de gracia, “la Subsecretaría del Interior le pide al Registro Civil los extractos de filiación”. “Esa información que fue remitida a la Subsecretaría informa que hay 69 personas con antecedentes penales”, dijo, asegurando que no se solicitaron esos antecedentes antes porque no poseían “facultades legales”.

Al ser consultado por la demora en la entrega de información los antecedentes que se exponen el informe de Contraloría, considerando que está fechado al 13 de diciembre del 2023, Monsalve señaló que el 21 de septiembre del año pasado el ministerio recibió un preinforme “que tenía el carácter -entregado por la Contraloría- de confidencial y por tanto, el informe de la Contraloría que se nos remite tiene fecha del 19 de diciembre, fecha en la cual ingresa el informe de la Contraloría al Ministerio del Interior”.

En ese sentido, explicó que el informe de Contraloría “habla de una serie de delitos pero no los vincula” con personas que recibieron pensiones de gracia. “No identifica con RUT a las personas que habían cometido esos delitos, por eso, para actuar con certeza se pide formalmente información a través del Registro Civil (…) la Contraloría no hace ninguna vinculación entre personas y delitos”, remarcó.

En cuanto a los montos que reciben los beneficiarios, Monsalve explicó el motivo por cual el gobierno aumentó el saldo del beneficio.

En esa línea, señaló que en el gobierno anterior se utilizaba una “estimación del nivel de afectación” del pensionado, clasificándolo en si mantenía lesiones: leve, moderada o severa.

Ese parámetro se dejó de utilizar en la gestión del Presidente Boric, puesto que, según detalló el subsecretario, “en Chile se entregan 18 mil pensiones de gracia, el monto promedio está en 1.5 ingreso mínimo mensual y, por lo tanto, lo que se estima en ese momento, de parte del Departamento de Acción Social es homologar los montos a los promedios de las pensiones de gracia”.