Negociación por nueva Constitución llega a un “punto muerto” y el oficialismo presiona por cerrar el acuerdo en octubre

Otro jueves más de reuniones entre los partidos políticos, y en el que no se comunicó un avance en las tratativas para un nuevo acuerdo político que le dé continuidad al proceso constituyente. Eso fue lo que pasó en el Congreso en Santiago. En esta ocasión la cita fue ampliada, participaron más personas e incluso estuvo presente el Partido de la Gente, colectividad que recién hoy presentó su propuesta para la redacción de una nueva Constitución.

Esta vez los ánimos en el oficialismo no fueron los mejores. Fue la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien golpeó la mesa al interior de la reunión. Testigos del encuentro comentan que fue una de las primeras intervenciones y fue una señal respecto de la molestia que rondaba en el oficialismo. “No podemos estar viniendo eternamente a conversar sobre principios”, reprochó en duros términos Vodanovic.

La timonel del PS luego, en el mismo tono, emplazó directamente a Chile Vamos. “Es hora de que nos digan si están disponibles o no para tener un órgano 100% electo y sobre el itinerario constitucional que nosotros ya pusimos sobre la mesa”, criticó Vodanovic. Su emplazamiento no tuvo eco en la derecha, ya que la oposición no dará ese paso mientras no se cierren las bases constitucionales que le darán los marcos al proceso.

Sus palabras fueron el momento más tenso del encuentro y representaron a todo el oficialismo. Mientras los partidos intercambiaban sus ideas, en más de una ocasión el diputado de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez salió molesto de la sala.

Tanto así que finalizada la reunión, Ibáñez marcó su punto. Lo primero que hizo fue acusar “soberbia” e “intransigencia” de la derecha. Luego reconoció que el Estado social y democrático de derecho, la fórmula que empuja el oficialismo, choca directamente con la pretensión de Chile Vamos de dejar por escrito que “Chile es un Estado social de derechos y libertades”.

A eso se suma la propiedad sobre el agua y la libertad de elección en materias de previsión, salud y educación. “Así se nos hace muy difícil llegar a acuerdo, estamos en un punto de inflexión (...) Si no solucionamos esto la próxima semana, es muy difícil que podamos ofrecerle a Chile la certeza de que el proceso constituyente continúa”, cerró Ibáñez.

Por si aún quedaban dudas, luego el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) reforzó la molestia oficialista. “Le hemos dado la mano a Chile Vamos y se ha tomado el codo y el hombro. Está claro que no podemos refundar Chile, pero por otro lado está claro que no podemos mantener el Estado subsidiario. Estamos en un punto casi muerto, por lo menos en las bases constitucionales”, dijo el parlamentario. Luego Lagomarsino agregó: “Aquellas otras tranquilidades o certezas que quiere Chile Vamos en la práctica terminan manteniendo el Estado subsidiario y eso por supuesto que es una línea roja para nosotros como progresismo”.

La preocupación del oficialismo por el tiempo tiene dos razones. Por un lado está el temor de que el asunto se diluya, ya que mientras más tiempo pase sin acuerdo aumentan las probabilidades de que se instale la “fatiga constitucional” y el proceso para crear una nueva Constitución pierda fuerza.

Por el otro lado está la parte práctica. El presidente de la UDI, Javier Macaya, comentó al interior de la reunión que la reforma constitucional que habilitará el nuevo mecanismo para redactar el texto constitucional debía despacharse del Congreso en diciembre próximo en caso de que se quiera tener elecciones en abril de 2023. Ese comentario, que en realidad solo fue la constatación de un hecho, implica necesariamente que el acuerdo se cierre en octubre.

El oficialismo ha sido el único sector que ha transparentado su itinerario. Chile Vamos aún no lo ha hecho. Varios de sus parlamentarios comentan en privado que no tienen problemas con extender las conversaciones incluso hasta diciembre. Pese a eso, hay sectores de la oposición que están empujando para que el acuerdo se cierre a finales de este mes, pero por asuntos estratégicos prefieren no referirse al tema. Por lo mismo en estos días se han limitado a repetir que van avanzando “sin pausa y sin prisa”.

Macaya fue más cauto en sus reacciones. “Las condiciones en las que se está dialogando no son las mismas que se tenían el 15 de noviembre de 2019. Nosotros tenemos buena expectativa de que estas conversaciones continúen con buen puerto”, comentó ayer. Sobre el calendario, el timonel gremialista precisó que este acuerdo culminará en un trámite legislativo y que “ese plazo no puede extenderse más allá de este año”.

Son varias las fuentes que confirman que el gran nudo pendiente por resolver es lo del Estado social de derecho y las libertades para establecer la provisión mixta de derechos sociales. Una vez que esto se despeje, las tratativas podrían avanzar mucho más rápido. Ya se ha intercambiado la redacción de algunos textos que abordan este punto específico, pero ninguno satisface a las fuerzas políticas, ya que, dicen, el asunto no pasa por algo formal de palabras, sino que es una diferencia ideológica de fondo.

Mientras el tema se entrampa, hay otros asuntos que sí se han podido acordar, algunos de los cuales incluso eran piedras de tope el miércoles. Por ejemplo, está cerrado que una base será que Chile es una República de carácter unitaria y con un componente que apunte a la descentralización efectiva. También están de acuerdo en que el Congreso debe ser bicameral con una Cámara y un Senado. Lo mismo ocurre con la mantención de los cuatro estados de excepción constitucional, el respeto de los emblemas patrios y el himno. También ya se despejó la autonomía de los tres poderes del Estado y la existencia de un Poder Judicial con unidad jurisdiccional encabezado por la Corte Suprema.

Los partidos ya acordaron que la iniciativa exclusiva en materias de gasto público seguirá siendo del Ejecutivo, el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la mención expresa a Carabineros. Lo mismo pasó con cerrarle la puerta a la plurinacionalidad.

Por lo mismo es que pese al pesimismo de los partidos oficialistas, ayer la ministra Segpres Ana Lya Uriarte, quien participó del encuentro, destacó lo avanzado hasta el momento. “Mi balance es extraordinariamente positivo”, dijo al salir. En el gobierno hay preocupación por no ceder en los temas de fondo, pero saben que una vez que se logre destrabar el nudo pendiente, el resto se resolverá rápidamente.

Lo mismo piensan los presidentes del Senado y la Cámara. El líder de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), comentó que están más cerca que antes, pero aún lejos de llegar a acuerdo. El presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), por su parte, se aventuró a calcular en un 80% el estado de acuerdo.

Ayer, en tanto, el Partido Republicano se bajó de la mesa negociadora. “Todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva Convención, mecanismo en el cual hemos señalado en distintas oportunidades que es fracasado y que no dio resultado”, dijo la presidenta del partido, Ruth Hurtado.

En Chile Vamos, en el oficialismo y en la DC hay convicción de que nadie se bajará de la mesa y agotarán todas las instancias de diálogo. Las tratativas continuarán este viernes y el fin de semana se espera que se produzcan más conversaciones entre los partidos para ir afinando las diferencias.