Por más de dos horas la comisión investigadora por la truncada compraventa de la casa del Presidente Salvador Allende interrogó a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, y al asesor jurídico de la división, José Cortés, quien elaboró la minuta que contenía las advertencias sobre las inhabilidades constitucionales que, finalmente, terminaron con la destitución de la senadora Isabel Allende y la salida de Maya Fernández del Ministerio de Defensa Nacional, ambas herederas que tenían la prohibición de celebrar contratos con el Estado en su calidad de autoridades.

Los diputados integrantes de la instancia, en su mayoría opositores, insistieron con las preguntas sobre la glosa por la cual se realizó autorizó la compra y buscaron conocer quién tuvo acceso a la minuta con las advertencias, misma interrogante que plasmaron en un oficio al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para obtener los fragmentos exactos de la minuta.

Si bien los invitados no profundizaron en nuevos antecedentes, detallaron su rol en la fallida adquisición.

Antes de comenzar su larga exposición, la directora zanjó: “No hice ninguna gestión directa, no quiero eludir ninguna responsabilidad, pero sí quiero señalar que yo no tuve ninguna participación directa en las gestiones que se realizaron".

Así, uno de los puntos centrales planteados por los parlamentarios tiene relación con la minuta que contenía las inhabilidades.

Ante esto, la directora respondió: “Sí, yo tomé conocimiento de la minuta que nos hizo llegar Paz Carmona y José Cortés, de hecho ellos la elaboraron, yo no informé a la Segpres ni a la Presidencia porque yo, insisto, no tuve ningún vínculo directo o comunicación directa ni con Segpres ni con Presidencia, porque la tarea estaba delegada en las jefaturas legales”.

“En la minuta salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República, eso para efectos jurídicos lo puede precisar José Cortés, pero es lo que yo recuerdo que textualmente estaba en las minutas", precisó.

Además, Pozo detalló la reunión que dio paso a la renuncia de Bernardita Nazar, abogada asesora del denominado Segundo Piso que fue informada de las inhabilidades.

“El día 11 de junio de 2024 se celebró una reunión de asesores con Bernardita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, en la que participó nuestro asesor jurídico José Cortés. Se intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y cuál debiese ser la entidad responsable o sostenedora para su continuidad, y se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales. Se instruyó a quienes participaron en la reunión en representación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que no se continuaría en las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para reunir todos los antecedentes y terminar el proceso de tasación del inmueble. En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria dueña del inmueble de calle Guardia Vieja", afirmó.

La minuta que advirtió las inhabilidades

Cortés profundizó sobre su trabajo en la truncada compra: “Somos un servicio que está dentro del sector cultural, dependemos, pero nos relacionamos con el gobierno por medio del Ministerio de las Culturas, y era nuestro deber consignar por escrito las observaciones que nosotros veíamos en ese momento".

Pese a esto, aclaró que en la reunión con Nazar no conversaron ampliamente sobre las inhabilidades, porque el proceso se encontraba en una etapa incipiente.

“Se planteó fundamentalmente la existencia de dos autoridades que tenía implicancia jurídica y comunicacional al proyecto, es decir, la viabilidad del proyecto. No se desmenuzó jurídicamente ese elemento”, complementó.