Gabriel Boric estaba emocionado y se reflejaba en su voz.

Minutos antes de las 20.00 horas del 11 de marzo de 2022, en uno de los balcones del ala norte del Palacio de La Moneda, el frenteamplista pronunció su primer discurso oficial como Presidente de la República ante una multitud que llegó a darle la bienvenida.

En sus palabras, el Mandatario, que aquella mañana había sido investido en el Congreso Nacional de Valparaíso, habló de cambios impulsados por la ciudadanía, de los derechos que buscaría garantizar al final de su mandato y también de los “tiempos desafiantes y tremendamente complejos” que vendrían en los siguientes cuatro años.

“Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil, que enfrentaremos crisis externas e internas, que cometeremos errores y que esos errores los deberemos enmendar con humildad, escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile”, pronunció cuando ya caía la noche en Santiago.

A justos tres años de aquel primer discurso como Presidente, esas palabras de Boric parecen un vaticinio de lo que ha sido su tránsito en el poder, al mando de un gobierno protagonista de grandes crisis.

El triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, fue un duro impacto para el gobierno del Presidente Boric, al ser considerada la mayor derrota política e ideológica del progresismo.

Esta se expresó en el 62% en contra de la propuesta de cambio de texto constitucional. Un golpe que dejó al gobierno -hasta entonces en manos principalmente de los partidos de Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC)- en una crisis de tal envergadura que se vio obligado a congelar sus principales reformas y bajar las expectativas. Pero, además, a ceder parte de la conducción del Ejecutivo al Socialismo Democrático, el remanente de la ex Concertación a la que hasta entonces el FA había criticado con dureza y se sentía llamada a superar.

El propio Boric lo reconocería dos años después desde Nueva York, en el marco de su participación en la 79° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. (ONU). “Quienes votamos Apruebo somos también en parte responsables del resultado de haber perdido esa primera elección (plebiscito de 2022)”, dijo.

En la oportunidad también admitió que el triunfo del “Rechazo” a la propuesta de nueva Carta Fundamental emanada de la Convención Constitucional -con amplia mayoría de izquierda- fue un “parteaguas” para su gobierno. “Lo que nosotros nos habíamos imaginado y un poco el espíritu con el que se había llegado al gobierno, tenía mucho que ver con eso. (...) A mí me parece bien que uno sea capaz, cuando cambia la realidad, de no seguir pegándose contra un muro. Hubo que ajustar las prioridades, porque el mismo pueblo chileno te lo estaba exigiendo”, indicó.

El viernes 30 de diciembre de 2022, el Ejecutivo hizo uno de los anuncios más importantes en su primer año de gobierno y que implicaba un compromiso personal adoptado en campaña por el Mandatario: la entrega del listado con 10 indultados por el Presidente que habían sido detenidos en el marco del estallido social y que incluían, además, al exfrentista Jorge Mateluna.

Lo que debía marcar un precedente de cumplimiento, se transformó en un dolor de cabeza. Solo 30 minutos después del anuncio, el equipo de Marcela Ríos, entonces ministra de Justicia, dio cuenta de que el documento tenía un error: Luis Castillo y Sebastián Montenegro no debían aparecer en el listado y sí correspondía que estuvieran Alejandro Carvajal y Matías Rojas.

Finalmente, pese a que se habían incluido nombres que no estaban en la lista original visada, el asunto se resolvió con la entrega de una nómina definitiva con 13 indultados, en la que se mantuvo a Castillo y Montenegro.

Las graves desprolijidades provocaron la salida del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, y la renuncia de la ministra Ríos antes de enfrentar una acusación constitucional en el Congreso que no prosperó. En la discusión política, además, la decisión de Boric ha sido utilizada reiteradamente por la oposición para acusar al actual oficialismo de avalar la violencia ocurrida durante el estallido social.

Fue el viernes 16 de junio de 2023 que el medio digital Time Line lanzó el reportaje que cayó como una bomba de racimo en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces comandada por el ex RD Carlos Contreras. Daba cuenta de irregularidades advertidas por los funcionarios y de presuntas negligencias en la adjudicación de convenios con la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, por esos días pareja de la diputada Catalina Pérez.

Revolución Democrática, fundado por el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y partido ancla del ala más progresista del gobierno, quedaba expuesto a cuestionamientos políticos y parte de sus filas a investigaciones penales.

Ese sería solo el punto de partida de una crisis que se instalaría en La Moneda, dado que el caso alcanzó repercusión nacional y bajo el cual se pesquisa la utilización de miles de millones de pesos.

El 20 de junio de 2023, la Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación de oficio por presuntos delitos circunscritos a transferencias a la mencionada ONG -vinculada a Revolución Democrática- por $ 426 millones, pero posteriormente se logró detectar más de 60 las fundaciones indagadas en todo el país y los montos involucrados cercanos a los $ 90 mil millones. Con el progreso de los análisis, además, se advirtió que el grueso de los recursos no había sido transferido desde seremías, si no que más del 85% de ellos fueron entregados por gobiernos regionales.

En el ámbito político, la consecuencia que más se sufrió en Palacio, y en especial para el Jefe de Estado, fue la renuncia de Jackson al gabinete en agosto de 2023. La dimisión del exdiputado se produjo ad portas de la presentación de una acusación constitucional anunciada en su contra por la bancada Republicana -y respaldada por Chile Vamos- en el marco de los ya mencionados líos de platas entre entidades estatales y fundaciones.

Un nuevo terremoto político movió los cimientos del gobierno de Boric en octubre de 2024. Esto, luego que el 14 de ese mes, una asesora de la Subsecretaría del Interior denunció por violación al entonces líder de la repartición, Manuel Monsalve. El otrora subsecretario del Interior permanece en prisión preventiva.

La crisis aterrizó en el corazón de La Moneda, con flancos que se abrieron por el Mandatario, por ejemplo, la publicación que hizo cuando, a los pocos minutos de la detención de la exautoridad, el jueves 14 de noviembre, escribió en su cuenta de X: “En Chile nadie está por sobre la ley”.

Previamente, el Jefe de Estado había dejado más dudas que certezas, cuando el viernes 18 de octubre, a un día de la renuncia de Monsalve al gobierno, durante 53 minutos respondió preguntas de la prensa. El impacto fue tal, que Boric no volvió a dialogar con la prensa por 77 días.

A ello se sumó la filtración de la declaración de Boric ante la Fiscalía, lo que generó una activación en la oposición. Ambos hechos, en los que se vio envuelto el Jefe de Estado, desataron críticas y pusieron nuevamente al Ejecutivo contra las cuerdas. Por lo mismo, en un análisis, el gobierno concluyó que los hitos negativos más mediatizados sobre el gobierno superaron a los positivos. Además, advirtieron lo evidente: que esto respondía a las repercusiones del caso Monsalve y las acusaciones al Ejecutivo de supuesto encubrimiento y obstrucción a la investigación.

La seguridad ha sido un fantasma durante buena parte de estos primeros tres años del gobierno y materia de constante crítica de parte de la oposición.

Uno de los casos más emblemáticos es el triple homicidios de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, registrado el 27 de abril de 2024 en Cañete.

Los uniformados fueron víctimas de una emboscada, acribillados fuera del vehículo policial en que se movilizaban y que luego fueron quemados junto a éste. Además, fueron sustraídas las armas de fuego que portaban. Yeferson y Felipe Antihuen Santi, fueron formalizados por el alevoso crimen y se mantienen en prisión preventiva desde el 31 de julio del año pasado.

Por este caso también está en prisión preventiva Nicolás Rivas Paillao, mientras que otro hermano de los Antihuen Santi, Tomás Antihuen, permanece prófugo tras haber escapado del operativo donde fueron detenidos sus parientes.

Tomás Antihuen es sindicado como el presunto autor material e ideólogo del asesinato de los tres funcionarios. Para concretar su captura, la Fiscalía emitió el 2 de agosto del 2024 una alerta roja internacional ante el peligro de una eventual salida del país.

Partía febrero de 2024 y una gran catástrofe afectaba al país y como consecuencia al gobierno de Gabriel Boric. Devastadores incendios afectaron a distintas localidades de la Región de Valparaíso, entre ellas Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El saldo fue desolador: 137 fallecidos, más de 3 mil viviendas dañadas o destruidas, y miles de hectáreas quemadas, provocando daños incalculables.

Boric designó a la ministra Camila Vallejo como “enlace” con la Región de Valparaíso, función que desempeñó por un par de meses y luego asumieron la tarea de la reconstrucción el ministro Carlos Montes, de Vivienda, y Javiera Toro, de Desarrollo Social, sin embargo, los resultados no han sido los esperados ni para las familias afectadas ni para el propio gobierno.

A un año de la catástrofe la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “como gobierno nosotros no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora”.