Nominación de supremos avanza en campo minado

Un estricto plazo de un mes puso el Presidente Gabriel Boric al Senado para que se pronuncie sobre tres nominaciones a la Corte Suprema.

Las juezas Jéssica González y Mireya López fueron propuestas para ministras del máximo tribunal, mientras que el juez Jorge Pizarro fue postulado al cargo de fiscal judicial de la misma Suprema.

En caso de que la Cámara Alta no se pronuncie dentro de 30 días, plazo que corre desde el 13 de agosto, los nombramientos presidenciales quedarían automáticamente aprobados.

El gobierno tiene motivos para la urgencia. Este sábado se cumplen seiscientos sesenta y dos días (662) desde que el exministro de la Suprema Guillermo Silva dejó el Poder Judicial al cumplir 75 años, en noviembre de 2022.

Desde entonces, las vacantes en el máximo tribunal solo han aumentado por la jubilación de magistrados. Hoy la Suprema está funcionando con tres ministros menos y sin su fiscal judicial titular, Lya Cabello, que también dejó el cargo por límite de edad. En octubre, además, se suma otro retiro.

Además del cupo de Silva -por el que se presenta por segunda vez la jueza González-, están las vacantes de los exministros Haroldo Brito, que aspira a ser llenado por la magistrada López, y de Jorge Dahm, cuyo proceso para llenar su asiento aún no se inicia.

Con esta presión encima, la Comisión de Constitución del Senado ya convocó a las audiencias de los aspirantes a la Suprema para el lunes 2 de septiembre. La idea es que la sala vote el 10 de septiembre.

El problema es que este proceso, que se ha ido postergando por falta de acuerdo, tiene un contexto contaminado por el caso del abogado Luis Hermosilla, de quien se filtró un audio que lo vincularía a sobornos. Y en cuyo

Uno de los salpicados fue el ministro Jean Pierre Matus, quien tenía conversaciones en el celular incautado a Hermosilla que abrieron dudas sobre eventuales gestiones para ayudarlo a ser nominado a la Suprema. Ayer, a través de una publicación de Interferencia, se conoció que ambos hablaron cuatro días después de su nominación. En ese contacto Matus le dio las gracias al abogado. “Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde ¡Muchas gracias y un abrazo!”, le escribió el 2 de octubre de 2021.

Días antes Matus dijo que no había hecho nada impropio y reveló que cuando postulaba a la Suprema también habló con algunos senadores, entre ellos, el actual ministro Álvaro Elizalde (Segpres), quien se vio obligado a salir a descartar una irregularidad.

Pese a este ruido ambiente, que ha puesto nuevamente en evidencia el lobby que se realiza para cargos públicos que define el Senado, la decisión del gobierno es avanzar, dar “señales de normalidad” y mostrar que las instituciones siguen funcionando a pesar de la crisis. El objetivo es inyectar renovación y nuevos aires a la Suprema.

No obstante, ministros del Ejecutivo y senadores están conscientes de que este proceso de nominaciones transitará por un campo minado.

Los integrantes de la Comisión de Constitución saben que sobre ellos habrá una lupa especial. No obstante, algunos remarcan que en vista de que esta comisión es el primer filtro para muchas nominaciones del Senado, hace tiempo tomaron la decisión de no aceptar reuniones ni tener conversaciones telefónicas con postulantes, que no son ilegales, mientras se transparenten.

Pero para evitarse problemas, algunos senadores prefieren pedir referencias indirectas y limitarse a las audiencias públicas, como las que se realizarán este lunes.

“Lo haremos con transparencia, publicidad, si se puede en el salón del ex Senado en Santiago y habrá un expediente abierto para hacer llegar opiniones”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti (PS).

Sin embargo, los problemas no terminan allí. Además de la premura y la contingencia del caso Hermosilla, en la derecha admiten que siguen teniendo reparos con el nombre de la jueza González, a la que se le asocia un perfil de izquierda. Ella ha tenido casos de alta exposición, como Corpesca, el de abusos sexuales de parte del fallecido sacerdote Fernando Karadima y ahora el que enfrenta el exalcalde Daniel Jadue (PC). En este último expediente, González fue parte de la unanimidad de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la prisión preventiva del exjefe comunal, lo que, a juicio del gobierno, es una muestra de su imparcialidad política. Para los senadores de oposición ello no es suficiente.

El problema es que si la derecha no da sus votos a González, se cae todo el paquete de nombramientos, ya que cada postulante debe contar con 33 apoyos en el Senado.

Por si fuera poco este panorama crítico, hace semanas que en la Cámara de Diputadas y Diputados está burbujeando la idea de una acusación constitucional contra supremos que han salido al ruedo a partir del caso Hermosilla. Además de Matus, en la mira de diputados oficialistas está la ministra Ángela Vivanco, que en el pasado militó en RN.

Esta ofensiva ha sido conversada en las bancadas del Frente Amplio, del PS, del grupo PPD-Independientes.

Además, públicamente, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, señaló esta semana que tiene “la convicción” de que Matus, al ir cambiando sus versiones, habría actuado “fuera de las reglas morales”. “Si se llega finalmente a la convicción jurídica de que están esos elementos, obviamente vamos a avanzar con una acusación constitucional”, dijo.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), quien es querellante del caso Hermosilla, se pronunció en la misma línea.

En la bancada UDI también tienen en la mira a otro ministro de la Suprema, Sergio Muñoz, por la presunta filtración a su hija, la jueza Graciela Muñoz, de un fallo que incidía en la compra de departamentos. Sin embargo, en la derecha, tras una seguidilla de fracasos por libelos contra ministros de Estado y censuras a la mesa de la Cámara, no quieren dar un nuevo paso en falso, por lo tanto, se sumarían a la ofensiva contra magistrados en la medida en que el oficialismo muestre sus cartas.

Septiembre es clave, recalcan en la Cámara, para tomar la decisión de posibles libelos.