Nueva cárcel en Santiago: la medida anunciada por La Moneda que rechazó Hassler y no convence al resto del oficialismo

REUNION EJE ALAMEDA
FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La decisión de construir un nuevo centro penitenciario en el centro de la capital fue criticada duramente por la alcaldesa Irací Hassler. Y no estuvo sola: otros representantes de la comuna, tanto del oficialismo como de la oposición, arremetieron contra el anuncio del gobierno.


A nadie le gusta tener una cárcel en su comuna. Mucho menos, cinco.

Este es el caso de Santiago, municipio que lidera la alcaldesa Irací Hassler (PC), a quien no le gustó el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric la mañana del jueves sobre la confirmación de la construcción de un nuevo centro penitenciario de alta complejidad.

“Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de $ 90 mil millones y aumentará en 500 las plazas, los cupos, de este tipo de cárceles”, señaló el Mandatario.

Aunque desde el Ejecutivo evitaron especificar en qué lugar se construirá, La Tercera pudo confirmar que será en el cuadrante de Pedro Montt, en la comuna de Santiago, colindante con Santiago 1.

Por lo mismo, luego de escuchar la vocería del gobierno, y tras un llamado telefónico con el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo (PC), en que se le confirmó la información, Hassler decidió pronunciarse.

“Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago”, publicó la jefa comunal en X la tarde del jueves.

La molestia de la alcaldesa comunista pasa porque en su comuna ya hay cuatro cárceles: Santiago Uno, Santiago Sur (ex Penitenciaría), Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y Cárcel Anexo Capitán Yaber. Una más, dicen en su entorno, sería un nuevo foco complejo de administrar. Fuentes del municipio también aseguran que Hassler no estaba enterada de la idea de construir una cárcel en la comuna hasta que este medio lo publicó el 5 de julio.

De hecho, no es la única dentro del oficialismo que alzó la voz. “Somos la comuna capital del país, ya contamos con tres cárceles y en un mismo barrio. Espero se busque una alternativa fuera del radio urbano”, posteó la concejala Camila Davagnino (PC) en sus redes sociales.

“Los barrios cercanos a Santiago 1 son barrios afectados por la delincuencia y altas tasas de criminalidad. No es una buena idea seguir concentrando población penal en la comuna de Santiago”, complementó la también edil Rosario Carvajal.

Si bien la diputada Lorena Fries, del Frente Amplio, valoró la iniciativa del Ejecutivo de construir una cárcel de alta seguridad, reconoció que espera que “esa cárcel reúna los estándares que se requieren. Esto es: que no esté ubicada en la urbe y que tenga el suficiente aislamiento”.

En tanto, la diputada Helia Molina (PPD) sostuvo que “si bien no conozco la lógica de construir la cárcel en la comuna de Santiago, me hace mucho ruido que se instale un recinto de máxima seguridad en plena zona urbana, afectando a los residentes (…)”.

Lo cierto es que incluso en la oposición coinciden con la alcaldesa y emplazan al gobierno a explorar otro sitio para la construcción del centro penitenciario. Por ejemplo, el senador Rojo Edwards, representante de la Región Metropolitana en la Cámara Alta, planteó que “deben evaluarse alternativas fuera de zonas urbanas densamente pobladas”.

Junto con eso, Edwards afirmó que “es un anuncio que llega demasiado tarde. Hace años que muchos venimos pidiéndolo por ser necesario. Sin embargo, es algo de mediano y largo plazo. No ayuda a la crisis que vivimos hoy”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri, de la UDI, sostuvo que “evidentemente que una zona urbana no es el mejor lugar porque degrada la zona donde tú la instalas (...). Lo ideal sería un lugar más alejado, un terreno fiscal con buenos accesos, pero que no lleve la cárcel de alta seguridad con las personas más peligrosas de Chile a un barrio donde viven familias”.

Por su parte, el concejal independiente Juan Mena aseveró que “Santiago no da para más. Por mi lado, cero posibilidad de un nuevo espacio para una cárcel. Es poco factible y poco viable dentro de la comuna. Tendría un repudio transversal de todos los políticos que hoy estamos insertos en la comuna”.

Ante el ruido que generó el anuncio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, convocó a los diputados de las comisiones de Constitución y Seguridad a una reunión por los anuncios en política penitenciaria.

En entrevista con Cooperativa, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reconoció que “entendemos que estas decisiones no son fáciles (...). En general nadie las quiere en su propia comuna. Por eso entendemos que pueda ser impopular para el alcalde o alcaldesa de la comuna donde se vaya a instalar”.

Para acelerar la construcción de la nueva cárcel especial, el Presidente Boric anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para exceptuar el proceso de varios trámites y permisos que demoran su ejecución, un punto que generó ruido entre los representantes de oposición.

Esto, según expusieron, porque el objetivo planteado por el Mandatario ya estaría cubierto en la ley que, entre otras cosas, “descongeló” planes reguladores para habilitar la construcción y ampliación de penales.

Sin embargo, dicho cuerpo legal no eximía a las autoridades de realizar trámites y solicitar permisos ante, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y la respectiva municipalidad, lo que se ataca específicamente con el proyecto que ingresaría el Ejecutivo durante la próxima semana, según explican fuentes de Palacio.

Dicha iniciativa, como pudo recabar La Tercera, busca que cuando se esté ante la necesidad de construir un recinto penitenciario de máxima seguridad con la mayor rapidez, se esté exento de todo trámite.

Además, pretende evitar eventuales reclamaciones que grupos de vecinos o los propios municipios pudieran presentar.

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