Nueva Constitución: las soterradas conversaciones transversales en el Senado por un órgano designado (o al menos mixto)

En los pasillos del Congreso en Valparaíso, en conversaciones telefónicas y mensajes. Así han sido las tratativas que se han acelerado entre un grupo de senadores de distintos partidos políticos con el objetivo de encauzar el debate constitucional y habilitar el nuevo proceso constituyente.

Esos diálogos -en los que ha participado el presidente de la UDI, Javier Macaya; el de RD, Juan Ignacio Latorre; el presidente de RN, Francisco Chahuán; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y senadores como Jaime Quintana (PPD), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Juan Luis Castro (PS), entre otros, según cuentan en las colectividades-, se han dado paralelamente a las reuniones formales en las que participan los partidos (los que están al tanto de los intercambios informales) de manera transversal.

Dado que noviembre es un mes considerado clave para sellar un nuevo pacto para elaborar una Carta Magna, los parlamentarios de la Cámara Alta -aunque también con participación de algunos diputados- han intensificado las conversaciones en los últimos días. Esto en un contexto en el que, transmiten, debe predominar el “realismo político”, el cual está más inclinado, agregan, para que un acuerdo decante en un órgano designado y no 100% electo o mixto, aunque esta última opción sigue sobre la mesa.

Las encuestas de opinión que reflejan que la ciudadanía está cada vez menos interesada en un nuevo proceso constitucional y las simulaciones internas de los partidos que arrojan que podrían tener un mal desempeño electoral ganando terreno el Partido de la Gente y el Partido Republicano son algunos de los motivos que inquietan a las colectividades y que son factores para encauzar las conversaciones a que el nuevo órgano sea designado o mixto. Si es esta última opción, la idea es que sea integrado por máximo 78 personas, incluidos los expertos, los cuales apuestan a que tengan una participación vinculante.

Si bien el oficialismo en la reunión de este miércoles fijó nuevamente su posición negociadora con la derecha en que el nuevo órgano sea 100% electo, en privado los diálogos informales van por un carril distinto, según confirman varias fuentes de distintos sectores. Los partidos de gobierno han estado trabajando en una propuesta común -que incluya a la DC- para contrarrestar la idea que planteó Chile Vamos la semana pasada: un órgano electo con 50 integrantes, elegidos igual que el Senado. De hecho, este jueves, al cierre de esta edición, se reunían nuevamente, en la sede del PS, para continuar trabajando en un documento.

Pese a eso, en privado ha ido tomando fuerza la idea de que la nueva Carta Magna sea redactada por un órgano designado o mixto. El problema, según transmiten en los distintos sectores, es que Apruebo Dignidad -una de las coaliciones de gobierno- está en una postura más dura y es más difícil que cedan. Sin ellos embarcados en una decisión de ese tipo, reconocen en el Socialismo Democrático, que aseguran miran con mayor realismo político las tratativas, se podría abrir un lío político entre ambas coaliciones que termine salpicando al gobierno.

Las señales -en todo caso- han comenzado a fortalecerse. El senador Latorre esta semana flexibilizó su postura, pero solo llegó a estar disponible para un órgano mixto, y aún así desató la incomodidad de algunos en el Frente Amplio.

En las distintas colectividades, en todo caso, creen que el propio gobierno de Gabriel Boric -quien en sus intervenciones de semanas atrás indicó como criterio que el nuevo organismo debería ser 100% electo- mandó una señal a través de la entrevista que dio este domingo la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, a La Tercera. Ahí, la secretaria de Estado no defendió que el órgano sea 100% electo y transmitió que lo importante era redactar una nueva Constitución. “Al gobierno le va a parecer bien que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo que permita y habilite la realización del proceso constituyente, que nos lleve, en definitiva, a tener una nueva Constitución para Chile”, dijo en la oportunidad.

En las conversaciones que han llevado adelante los dirigentes han discutido que si decantan las negociaciones en un órgano designado, deben darle legitimidad al proceso a través de fórmulas de participación ciudadana. Así, por ejemplo, reafirman que sí o sí debe concluir en un plebiscito de salida que ratifique la propuesta emanada del organismo. Pero no solo en eso, sino que también podrían introducir sorteos ciudadanos similares al proceso que se llevó en Irlanda o iniciativas populares de ley.

Respecto a cómo habilitar el proceso, entre los partidos afirman que, incluso, hay varias iniciativas de ley que se estarían redactando con reformas a la actual Constitución. Sobre cómo se elegiría al nuevo órgano, según las mismas fuentes, hay distintas alternativas. Una de ellas es que esté integrado por un número menor a cien personas, designados por el Senado y la Cámara, en proporción a la representación de los partidos políticos. Eso sí, hay quienes consideran que la designación de los redactores no puede quedar solo en manos del Congreso (el que tiene poco respaldo ciudadano) y, por lo mismo, creen que también deben jugar un rol los otros poderes del Estado.

Una definición de un órgano designado es lo que más les acomoda a varios, según reconocen dirigentes en privado. El dilema, eso sí, es que deben construir un relato, sobre todo en el oficialismo, para explicar una decisión de este tipo debido a la resistencia que puede generar en las bases y dirigentes “más duros”, los que, dicen, acusarán que “hubo una cocina” y que un proceso de ese tipo es “ilegítimo”.

Para la derecha es el escenario ideal, según reconocen varios parlamentarios del sector, debido a que en sus respectivas militancias son varios los que creen que no debe continuar el proceso constituyente y que los esfuerzos deben estar en fiscalizar la gestión del gobierno de Boric. Por eso, agregan las mismas fuentes, junto con sellar un acuerdo de este tipo, deben construir un relato.

Así, dentro de los análisis para defender esta postura está el riesgo que implica que el gobierno se exponga a una nueva derrota electoral, similar a lo que ocurrió en el plebiscito. De todas formas, agregan que la derecha quedó “traumatizada” con el triunfo del Apruebo del plebiscito de entrada, y la izquierda con el Rechazo en el referéndum de salida. ”Nadie quiere exponerse a nuevas derrotas electorales”, dicen.

Asimismo, otro de los argumentos para defender la posición es que un proceso con personas nominadas sería menos costoso para el Fisco y más breve, lo que podría despejar el debate constitucional y permitirle al Ejecutivo enfocar sus esfuerzos en las demandas ciudadanas como seguridad y economía.

Más allá de las conversaciones informales, entre los senadores igual están a la espera de lo que pase en las citas formales de negociación, las que esperan se retomen este viernes en el Congreso en Santiago, aunque, al cierre de esta edición, la reunión no estaba confirmada. En Chile Vamos, eso sí, transmitían que si los partidos de gobierno llegan con una propuesta de 100 convencionales 100% elegidos, la rechazarán inmediatamente.