Nueva Constitución: propuesta del FA de aplazar las elecciones para septiembre u octubre divide al oficialismo

Con las dilatadas negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional -y que avizoran finalizar noviembre sin consenso entre los partidos de la mesa negociadora-, los dirigentes ya comienzan a plantear escenarios en donde no necesariamente se convoque a una elección de integrantes del nuevo órgano redactor -si es que este cuenta con miembros electos- en marzo o abril.

Ya lo dijo el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, a fines de la semana pasada en La Segunda: “Estoy abierto a discutir los tiempos del proceso constituyente”, reveló. El timonel del partido del Presidente Gabriel Boric, de hecho, lo planteó en una reunión telemática que sostuvo el oficialismo el pasado viernes, pero su planteamiento no generó mayores adhesiones o respaldos entre el resto de los presentes.

Sin embargo, durante esta jornada -y tras el comité político ampliado en La Moneda- se plegaron a esta postura los jefes de Revolución Democrática (RD) y Comunes: el senador Juan Ignacio Latorre y Marco Velarde, respectivamente.

Consultado por la idea de llevar a cabo un cónclave constitucional -propuesto por el senador Matías Walker (Demócratas)-, el representante de RD replicó que “(las reuniones) pueden ser jornadas, reuniones largas, lo que sea, pero yo diría que, incluso, si es que el acuerdo implica postergar el calendario electoral que nosotros propusimos, que haya elecciones en marzo o no, ese tipo de cosas se pueden conversar (...). Todos tenemos el ánimo de llegar a acuerdos, pero para eso tenemos que sentarnos, discutir, conversar y si eso es necesario hacerlo en jornadas más largas”.

Así, Latorre añadió que “está la apertura a modificar (la propuesta de itinerario constitucional). Ya hemos modificado muchas cosas del proceso anterior, vamos a modificar la fórmula para elegir convencionales, vamos a modificar la fórmula para que participen independientes, pueblos originarios, etc. Tenemos toda la flexibilidad, podemos conversar también sobre el itinerario electoral y, si es necesario, modificarlo. El punto es que tengamos toda la disposición de sentarnos a la mesa, de no pararnos de la mesa hasta llegar a acuerdo”.

Lo mismo puntualizó más tarde el líder de Comunes. “Estoy de acuerdo en explorar que podamos aplazar las elecciones de acuerdo a la propuesta oficialista. Antes habíamos hablado de que las elecciones fueran en abril. Si el acuerdo se cierra lo antes posible, podemos llegar a elecciones en abril, pero si este acuerdo se dilata tendríamos que flexibilizar el calendario electoral”, agregó Velarde.

¿Qué hay detrás de esa nueva definición? Entre las dirigencias del bloque explican que no es una postura formal de la alianza de gobierno, sino que una idea sobre la mesa que algunos han comenzado a explicitar y de la que no están 100% convencidos.

Eso sí, hay cálculos que se tienen a la vista: en abril vence la “veda” para que un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales vuelva a discutirse, lo que podría generar un ambiente electoral “nocivo” -califican- y proclive a los sectores como el Partido de la Gente (PDG) que promueven ese tipo de políticas. Además, provocará que los retiros del 10% se “constitucionalicen”. También entra en la fórmula el hecho de que mientras más avanzado el 2023, más opción hay de que decante la recesión económica que proyectan los especialistas.

La idea deslizada por el FA no genera consenso en Socialismo Democrática. En el PS sí gusta esta alternativa. “Lo importante es asegurar que tengamos una nueva Constitución y en ese orden adecuar el cronograma que nosotros presentamos en septiembre, para impulsar una elección en marzo de 2023 para tener terminada la Constitución y con un proceso de validación de un plebiscito de salida en noviembre de 2023. Evidentemente esos tiempos son casi imposibles de cumplir y para nosotros es importante privilegiar que exista un proceso de elección, que tenga una amplia participación”, afirma la timonel socialista Paulina Vodanovic.

Vodanovic agregó: “También nos interesa que la ciudadanía se incorpore a esta discusión y por lo tanto haga suya el proceso constituyente, no solo el producto, sino que el proceso. Hay que fijar un cronograma que sea acorde a la realidad dado que la tramitación de la eventual reforma constitucional tomará diciembre y parte de enero, y en consecuencia recién ahí estaremos en posición de fijar un itinerario constituyente, lo importante es que lo tengamos”.

Una posición distinta tiene el PPD. “Esto no ha sido planteado en las conversaciones formales de los partidos que forman la coalición, pero no habría acuerdo al menos desde el PPD”, afirma tajante la timonel de ese partido, Natalia Piergentili.

En el Partido Liberal, en cambio, sí están abiertos a explorar esa opción. “Tanto las fechas como el mecanismo son espacios que están radicados en la mesa de negociación. Por nuestra parte nos parece que hay que tener flexibilidad para llegar a la mejor solución posible. Si eso requiere una fecha que no sea comienzos del próximo año y sea el segundo semestre, es algo que estamos abiertos a considerar. No nos parece desde el inicio una mala idea”, dice el presidente del PL, Patricio Morales.

El representante del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, en tanto explica que la idea no le gusta y que de ser necesaria hay que resguardar que no intervenga el proceso electoral municipal. “No me gusta, pero tampoco estaría en desacuerdo siempre que el itinerario constitucional esté cerrado un periodo de tiempo razonable antes de las elecciones municipales y de gobiernos regionales”, comenta el diputado.

Lo que más preocupa es que este atraso electoral contamine el proceso electoral municipal de 2024. Esto, debido a que una eventual modificación hacia septiembre u octubre de 2023 podría hacer coincidir un eventual plebiscito de salida con el proceso eleccionario de alcaldes y gobernadores. Ese aspecto es precisamente uno de los que hace que no haya consenso pleno en el Frente Amplio: los representantes comunales han pedido desde hace un tiempo ya mayor celeridad en las tratativas constitucionales.

A inicios de octubre, los jefes comunales le enfatizaron a los representantes de las cámaras del Congreso que esperan que la discusión avance más rápido. Y si ocurre una modificación, algunos alcaldes han planteado la idea de extender los mandatos en virtud de que -debido a la pandemia y al plebiscito de entrada del proceso constitucional anterior- su elección se realizó seis meses más tarde de lo habitual.

Otro tema que preocupa son los plazos legales para armar una elección. El Servel ha sido claro en que la ley exige al menos 140 días -antes de la elección- para generar un nuevo padrón electoral. Dada la lentitud para cerrar el acuerdo, si se sacan las cuentas contando esa cantidad de días, es un hecho que no podrá haber elecciones en marzo y solo podrían ser después de mediados de abril. Cada día que pasa, esa fecha se seguirá aplazando.

En la derecha ven con escepticismo este debate, ya que interpretan que es una forma de dilatar el acuerdo. Además en Chile Vamos, justamente para no intervenir el calendario electoral municipal, esperan que la nueva Constitución quede lista antes de enero de 2024.

Ayer el presidente de la UDI, Javier Macaya, tomó distancia de la idea: “Hoy día ven que quizá su maximalismo no conversa con la realidad constituyente que perciben los chilenos sobre este tema, tratan de chutear la pelota para adelante. Si eso ocurre, la responsabilidad será evidente de dónde emana”.

El senador agregó que “si ellos mismos quieren postergar este tema para el 2023, para el 2024, está claro que el maximalismo y la intransigencia pueden hacer fracasar esto”.