Nueva indicación evitaría la salida inmediata de más de 100 jueces

Una cuota de tranquilidad se hizo llegar ayer al Poder Judicial, luego de que convencionales de izquierda que integran la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional acordaron presentar una indicación que busca hacer explícita la gradualidad con la que se aplicará la nueva Carta Magna en temas de justicia.

En particular, las alarmas se habían levantado al interior del órgano judicial debido a que, según su interpretación, el rechazo en la Comisión de Normas Transitorias de algunas disposiciones presentadas en el primer informe del organismo significaba que 104 jueces debían dejar sus cargos de manera inmediata una vez que el nuevo texto constitucional entrara en vigencia.

“Es muy complicado para la administración de justicia que se cesen de inmediato más de 100 jueces. Es una situación muy complicada y, además, de muy difícil reposición. Es una situación que compromete la administración de justicia, no es solo que jueces pierdan el empleo, sino que también hay tribunales que empezarán a no funcionar o a tener dificultades severas”, señaló hace una semana a La Tercera Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema.

La preocupación por el tema ya había sido expresada por la Corte Suprema en un oficio que envió a la Convención el pasado 12 de mayo. Uno de los puntos de mayor conflicto es la aplicación inmediata de dos normas: una que fija en 70 años la edad máxima para que los jueces y juezas dejen sus cargos, y otra que establece que un juez o jueza no podrá estar en su función por más de 14 años.

Con ello, ocho ministros y la fiscal judicial de la Corte Suprema deberían cesar sus funciones de forma inmediata. Siguiendo el mismo criterio para las cortes de apelaciones, 27 ministros, nueve fiscales judiciales y un secretario harían abandono de sus cargos en forma simultánea. En total, se estima que un 5,22% del Escalafón Primario del Poder Judicial debería dejar la institución.

Pero en el acuerdo logrado ayer, los convencionales concordaron presentar una indicación que señala que “el cese de funciones a los 70 años de edad no será aplicable a los jueces y juezas que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del Escalafón Primario del Poder Judicial”. Con ello, siete de los ocho supremos que estaban en peligro mantendrían sus cargos hasta los 75 años.

Si la indicación prospera, el conteo de los 14 años de los supremos partirá después de publicada la eventual nueva Constitución. Por lo tanto, el primer efecto de la norma transitoria ocurriría recién en 2036 y afectaría a cuatro supremos. Ese año las ministras Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y Jean Pierre Matus terminarían sus mandatos como magistrados del máximo tribunal. Las tres juezas lo harían a los 73 años y el último ministro con 69 años

Otro ámbito de temor está depositado al interior del Ministerio Público, debido a que en el primer informe de Comisión de Normas Transitorias también se rechazó una propuesta que establecía que la nueva forma de designar a los fiscales regionales se utilizaría luego de que los actuales persecutores terminaran sus periodos. Sin esta gradualidad, 14 de los 19 fiscales regionales deberían hacer abandono de sus cargos.

Al cierre de esta edición, la negociación sobre este punto estaba pendiente, por lo que se espera que en la jornada de hoy se zanje si se presentará alguna indicación que pueda resolver este conflicto.

*Esta nota fue modificada. En un principio se decía que, en el caso del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien lleva más de 14 años en funciones, era la excepción a la nueva indicación y que, su caso, debía abandonar de inmediato su cargo, de aprobarse el nuevo texto constitucional.