Nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur es aprobada en el Congreso: medida regirá 15 días más

Un positivo resultado obtuvo el gobierno en el Congreso este viernes para renovar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, vigente desde el 17 de mayo. Esto, porque ambas corporaciones (la Cámara Baja y el Senado) visaron la petición del Ejecutivo, con lo que la medida -que vencía este sábado- se entenderá por 15 días más.

Primero fue la Cámara la que dio luz verde. Los diputados aprobaron el oficio por 121 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Minutos después el Senado hizo lo mismo, con 30 apoyos y una abstención.

El Ejecutivo llegaba al Parlamento -que debió programar sesiones especiales para este viernes debido a que estaban en semana distrital y regional- con la presión de obtener un buen resultado considerando el duro revés que sufrió hace solo unas semanas: el 20 de julio los diputados rechazaron el veto presentado por el gobierno para mejorar el proyecto de infraestructura crítica, que buscaba ser una alternativa a los estados de excepción.

Sin embargo, el trámite no fue sencillo. Una frase de la ministra del Interior, Izkia Siches, encendió los ánimos, generando incertidumbre por algunos minutos sobre si el Ejecutivo podría perder apoyos sustantivos para llevar a puerto la aprobación.

Fue al final de la sesión -y previo a la votación en la Cámara de Diputados- que la jefa de gabinete dijo que algunos diputados al parecer “se pegaron en la cabeza” al no recordar que los hechos de violencia venían desde el gobierno anterior.

“En los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar, porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años desde donde de 400 eventos de violencia llegamos a 1.700. Entonces claramente no nos fue muy bien”, dijo la secretaria de Estado.

La frase fue considerada como una “falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara” -según dijo el presidente, Raúl Soto- y motivó a que la UDI amenazara a la ministra con dar libertad de acción a los diputados si no se retractaba. Al final, Siches pidió disculpas y se le sancionó con un “llamado al orden”.

La previa tampoco fue simple para la administración del Presidente Gabriel Boric: hubo un factor que levantó las alertas en La Moneda. La decisión del gobierno de no querellarse por los dichos de Héctor Llaitul, quien durante las últimas semanas llamó al sabotaje y defendió acciones como la quema de maquinaria, había generado molestia en la derecha, sector desde el cual se instaló la opción de que si el Ejecutivo no emprendía acciones legales, podrían dejar caer la solicitud de prórroga.

Finalmente, la determinación del gobierno -anunciada por Siches el miércoles- de ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra del comunero, logró contener la rebelión opositora.

La última vez que el Congreso visó la medida fue el pasado 13 de julio, cuando obtuvo el respaldo en ambas Cámaras. En esta nueva solicitud, la cuarta del periodo, al igual que en ocasiones anteriores, hubo legisladores oficialistas ligados a Apruebo Dignidad y el Frente Amplio que no dieron su respaldo a la solicitud del gobierno.

Como es costumbre en cada solicitud de prórroga, el gobierno entregó un balance de la medida, en este caso a 61 días de su implementación.

El Ejecutivo explicó que durante ese periodo “los eventos denominados de violencia rural han disminuido un 28% respecto a los 61 días inmediatamente anteriores dentro de la Macrozona Sur (regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos)”.

“Más aún, dentro de las provincias donde se implementó el Estado de Excepción Constitucional se ha observado una disminución del 29% de los casos de violencia rural una vez entrada en vigencia la medida constitucional. Esta disminución se explica por la importante disminución de los casos en Tirúa y Victoria”, informaron.

Sin embargo, pusieron acento también en “un incremento en los casos de 13 comunas, donde destacan Vilcún, Arauco y Collipulli”, debido a lo cual “es necesario continuar trabajando para disuadir la ocurrencia de eventos violentos en estas comunas”.

Explicaron, además, que se ha observado un descenso en la cantidad y gravedad de los eventos violentos. “Lo anterior se ha traducido en la disminución de las usurpaciones violentas y daños (-100% y -76%, respectivamente) en toda la Macrozona. En el mismo periodo, también se registra una disminución del 20% en los ataques incendiarios en la Macrozona, de un 28% en los inmuebles incendiados y un 23% en los camiones quemados”.

“Mientras que las maquinarias y vehículos incendiados tienen una caída de sólo un 3%. Si se analizan solo las provincias bajo el estado de excepción, la disminución en los ataques incendiarios es de un 25%, de un 40% en los inmuebles incendiados y de un 59% en los camiones quemados. En el caso de maquinarias y vehículos incendiados, se registra una caída importante de 33%”, concluyeron.

En las alocuciones de los parlamentarios hubo críticas y cuestionamientos directos a la ministra Siches y al Presidente Boric. Y también peticiones para que la medida se extienda a la región de los Los Ríos.

El diputado Andrés Joaunnet, independiente representante de La Araucanía, emplazó al Mandatario a visitar la zona. “El Presidente ya tiene las medidas de seguridad, lo esperamos en La Araucanía. A mí me encanta que el Presidente se reúna con niños, abrace niños, en La Araucanía también hay niños para abrazarse, para reunirse con ellos, pero sobre todo tenemos un problema de seguridad fundamental y el Presidente tiene que enfrentarlo, porque éste es el primer problema de Chile”, indicó.

En una línea similar, Miguel Ángel Becker (bancada RN), también instó al Mandatario a que visite la zona. Incluso dijo que el Presidente podría quedarse en su residencia: “lo invitamos cordialmente, puede, incluso, alojarse en mi casa si quiere. Y podemos entonces compartir lo que estamos viviendo día a día”.

Por su parte, el UDI Sergio Bobadilla criticó a Siches por el retiro de 700 efectivos de Carabineros en lo que va del año. “Ministra, los Carabineros se retiran por las condiciones de trabajo que tienen, por las malas remuneraciones que les entregan, porque no tienen el respaldo político del gobierno. Por eso se retiran los Carabineros (...) Por eso los delincuentes y los terroristas en estos días están de fiesta”, acusó.

Mientras que desde el oficialismo el jefe de bancada del PS, Marcos Ilabaca, pidió que la medida se extienda a Los Ríos y presionó por el Plan Buen Vivir. “No creo que debamos seguir hablando de un Estado de Excepción acotado, porque lamentablemente sigue siendo un café medio descafeinado. Y creo que debiéramos aplicar un Estado de Excepción como la ley y la Constitución hoy nos lo permite. Pero no vamos a avanzar si no somos capaces también de pode evaluar de manera concreta cómo va avanzando el Plan Buen Vivir”, señaló.

“Además, señora ministra, tenemos una deuda y la deuda está en la facultades de investigación de nuestras policías para poder encontrar, determinar quiénes son los delincuentes que día a día están cometiendo ilícitos (...) Y en Los Ríos creo que deben analizar la decisión que han tomado”, cerró.

Misma postura tuvieron los legisladores Bernardo Berger (RN) y Ruber Oyrazo (PDG) -entre otros-, quienes también pidieron al gobierno extender la medida a la Región de Los Ríos.

Hubo, por otro lado, emplazamientos de parlamentarios opositores al gobierno a “dejar de hacer campaña” por el Plebiscito y a preocuparse por medidas de seguridad para el país.