La crisis que enfrentan las isapres tras el fallo que emitió la Corte Suprema y que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, fue un tema que este lunes se tomó parte importante del comité político ampliado entre los partidos oficialistas y las autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Los dirigentes manifestaron su preocupación -con matices- respecto del rol que jugará el Ejecutivo en medio de una situación que las propias aseguradoras han calificado como “crítica”, pero también sobre cómo este debate puede terminar generando más incertidumbre de los usuarios de cara a la presentación de la reforma de salud que comprometió La Moneda y que busca crear un sistema único de salud.

Tras conocerse la sentencia del máximo tribunal, los directivos de las isapres han solicitado al ente regulador -la Superintendencia de Salud- que antes de aplicar las condiciones establecidas, para lo que tienen seis meses plazo, se puedan buscar vías intermedias de solución para evitar eventuales quiebras. “El sistema está en una encrucijada y dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos”, advirtió la Asociación de Isapres en diciembre pasado. Mientras que la semana pasada el superintendente Víctor Torres aseguró que “sería una locura” dejar caer el sistema de isapres “y no estoy loco”.

En ese tira y afloja, durante las últimas semanas el propio Boric, junto a su comité político y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, han evaluado distintas alternativas para resguardar el derecho de los afiliados al sistema de isapres y evitar que queden sin cobertura. Pero hasta ayer el tema no había sido abordado formalmente con las coaliciones de gobierno.

El primero en abrir el debate en la cita en La Moneda fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien preguntó al Ejecutivo qué postura iban a tomar respecto de la presión que están ejerciendo las isapres actualmente. Lo siguió su par del PPD, Natalia Piergientili, quien advirtió que si bien todos estaban convencidos de la necesidad de un sistema único y digno, estaba preocupada de que se den certezas a los afiliados.

En esa colectividad en particular están inquietos de que la situación de las isapres pueda afectar la adhesión ciudadana de la reforma al sistema de salud y, más aún, que existan voces en el gobierno que estén dejando que el escenario se tensione al máximo para dar paso al seguro único de salud. “La gente se va a asustar si se cae el sistema y después no va a respaldar la reforma de salud”, recalcan en el Socialismo Democrático.

El Partido Liberal, representado por Patricio Morales, alertó -por otro lado- de la necesidad de cuidar la transición del nuevo sistema para evitar que ocurra lo que pasó con la reforma educacional de Michelle Bachelet, cuyos problemas de implementación persisten hasta hoy.

El representante de Acción Humanista, Tomás Hirsch, explica que “se planteó una preocupación genuina que comparte el gobierno por la situación que enfrentan las isapres en términos de no afectar a la clase media, es decir, a que quienes están afiliados queden sin cobertura, pero al mismo tiempo que había que evitar un salvataje propiamente tal (...). Acá claramente las isapres usufructuaron de un modelo, tuvieron utilidades gigantescas y ahora están llorándole al Estado para que los apoye y los apañe y que no es lo que corresponde”.

Asimismo, sostienen otras fuentes que participaron del encuentro, se manifestó la necesidad de instalar en la opinión pública que este asunto no es responsabilidad del gobierno y que este es un conflicto en el que hay que actuar de manera prudente.

“Abordamos la situación de salud, la crisis de las isapres, el proceso de reforma al sistema de salud, cómo dar certeza y seguridades a la gente que hoy está afiliada a las isapres y que puede tener un legítimo temor a que caiga alguna de estas empresas, porque hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema. Acá el gobierno tiene que buscar un justo equilibrio entre cumplir el fallo, dar certeza a los afiliados y dar las condiciones para una reforma profunda como la comprometida en el programa de gobierno. Eso no se hace de la noche a la mañana ni dejando caer a las isapres como dicen algunos, donde además hay responsabilidad de gobiernos anteriores. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de garantizar la salud como derecho social”, dijo tras la cita Latorre.

Sobre la posibilidad de que el gobierno impulse una ley corta -como ha trascendido- agregó que “no se habló de eso en el comité, eso está en mano de la ministra de Salud y el equipo de reforma. A la vuelta del receso legislativo podría haber proyectos de ley en esa dirección, pero no es algo que el gobierno haya decidido por ahora”.

Piergentili, a su vez, señaló que “el foco y la dicotomía que algunos dicen, falsamente, que el gobierno no quiere salvar a las isapres, que eso lo tiene parapetado, nada que ver. El gobierno tiene una obligación con esos 3,5 millones de ciudadanos que están en isapre. Distinto es todo lo que hay que hacer para fortalecer la salud pública, pero nos estamos ocupando de que esas personas que están en isapre no tengan ninguna incertidumbre de su atención”.

El encargado de tomar nota de la inquietud de los partidos fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado, según presentes, afirmó que el gobierno está ocupado en el asunto y que el ente regulador se encuentra revisando miles de planes y tablas de factores con el objetivo de dar una respuesta que resguarde el derecho a la salud de los afiliados a ese sistema. Según presentes, no entró en detalles respecto de las fórmulas que se evalúan.

Fue la ministra Camila Vallejo (Segegob) quien abordó el tema públicamente tras el comité político. “Todos estos temas el Ejecutivo siempre los debe abordar con prudencia. Aquí está involucrado otro poder del Estado, que es la Corte Suprema que emitió un fallo que es muy claro al establecer responsabilidades por incumplimiento de las isapres, que tiene que ver con el modelo de negocios que se arrastra hace mucho tiempo. Esto no parte en este periodo de gobierno, parte desde antes. Tiene que ver con una situación de abuso en materia de planes que han sido recurrentemente demandados por los propios usarios de las isapres y ese fallo es el que se tiene que cumplir”, afirmó.

“No nos corresponde como Ejecutivo cuestionar ese fallo de la Corte Suprema (...). Esto se trabaja con prudencia, con responsabilidad, sin caer en meras presiones comunicacionales que surgen desde los interesados en esta materia, porque para nosotros es muy importante defender la división de poderes en esto y cada uno dar el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes”, agregó.