Oficializan presentación de acusación constitucional contra jueza que lideró comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante

Con la presencia transversal de diputados de distintos partidos, esta jornada se oficializó la presentación de la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, por notable abandono de deberes, tras encabezar la comisión que en 2016 dejó en libertad a Hugo Bustamante, imputado por la muerte de la menor Ámbar Cornejo.

El libelo acusatorio había sido anunciado por el parlamentario de Renovación Nacional, Andrés Longton, y durante los últimos días fue sumando diversos apoyos hasta que se concretó su ingreso a la secretaría de la Cámara esta jornada.

“Esto no tiene colores políticos, no se trata de izquierdas ni de derechas, se trata de justicia, de humanidad y empatía por una decisión que tanto dolor y daño le causó a Chile”, indicó el diputado representante del distrito 6 de la Región de Valparaíso.

“Vamos a demostrar en la acusación que éste no es un hecho aislado, el de Hugo Bustamante, de este psicópata que no tenía ninguna pizca de rehabilitación ni arrepentimiento y aquello contaba en informes que acreditaban dicha situación y el criterio arbitrario al aplicar la ley hizo que este psicópata recuperar la libertad y pusiera en riesgo a todo el país”, añadió.

En ese sentido, Longton aseguró que “esto no es un hecho aislado, son actos deliberados, constantes, de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar una determinación de dejar en libertad a internos”.

Y enfatizó que “mientras esta jueza siga en el poder judicial, vamos a seguir teniendo delincuentes peligrosos en la calle, cuando deben estar preso”.

Consultado sobre las dudas en el oficialismo respecto a apoyar la acusación, el parlamentario RN indicó que “aquellos diputados que están con dudas esperamos convencerlos en el transcurso de la acusación”. Y que “con la oposición pasa algo parecido. Muchos no la van a firmar, pero sí están dispuestos a aprobarla en la sala y yo creo que varios de ellos han manifestado públicamente su opinión”.

El libelo fue firmado, además de Longton, por Iván Flores (DC), Daniel Verdessi (DC), Osvaldo Urrutia (UDI), Miguel Mellado (RN), Erika Olivera (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Catalina del Real (RN), Hugo Rey (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), entre otros.

El diputado DC, Iván Flores, quien también acudió con su firma al escrito, indicó, en tanto que “a nuestra manera de ver esta ministra de corte obró mal, lo que tenemos que definir es si la actuación fue un error imperdonable o sencillamente es negligencia. Entonces, esperemos que el procedimiento en el transcurso vaya aclarando estos puntos”.

“Los jueces en general no pueden sentirse absolutamente inmunes a el cuestionamiento o incluso a la posibilidad de cometer errores sin que nadie les pueda preguntar ni cuestionar. Los jueces tienen que entender que son parte de un Estado que ha sido injusto con sus ciudadanos en términos generales y hoy creo que llegó el momento en que todos estemos preparados para justamente dar las explicaciones que corresponda cada vez que cometemos un error”, añadió.

La diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda, declaró, en tanto, que “esta es una acusación constitucional distinta, por primera vez no hay bloques políticos, esta es una acusación transversal de distintos colores políticos”.

Misma opinión expuso su par de RN, Gonzalo Fuenzalida: “Es primera vez que veo una acusación constitucional transversal y eso es muy importante. Yo felicito y reconozco la participación de las diputadas Sepúlveda y (Catalina) Del Real, personas que han defendido a las mujeres frente a los delitos”.

“La falta de criterio, de cuidado con una sociedad, la falta de cuidado por las víctimas que sufrieron los delitos por los cual estos delincuentes han sido condenados no pueden ser gratis, los jueces que administran esta facultad administrativa, porque esto no es una sentencia judicial, es un acto administrativo, tienen que entender que tras de esa condena hay víctimas, hay familias y hay personas que quedan expuestas cuando estas personas quedan libres”, concluyó.

El documento presentado hoy ante la secretaría de la Cámara cuenta de dos capítulos acusatorios por notable abandono de deberes: el primero por haber transgredido grave y notoriamente el deber de imparcialidad en su calidad de presidenta de la comisión de libertad condicional el 2016. Y el segundo por incumplimiento de realizar un exhaustivo control de convencionalidad al momento de resolver el otorgar la libertad condicional a condenados por delitos que atentan contra derechos garantizados en el ordenamiento jurídico nacional y en convenciones internacionales.

Sobre el primer capítulo se fundamentó, según el texto, “en razón de haber transgredido de manera reiterada el sentido de la ley, bajo un criterio arbitrario, vulnerando de este modo el deber de imparcialidad en la aplicación de la misma, todo en su calidad de presidenta de la Comisión de Libertad Condicional que integró durante el año 2016, lo cual favoreció a personas, entre ellas Hugo Bustamante Pérez, con un beneficio del cual no eran destinatarios”.

Mientras que en la segunda parte se argumentó que “la opinión personal de la ministra acusada primó por sobre el contenido de importantes normas internacionales, otorgando la naturaleza jurídica de derecho a lo que es un mero beneficio penitenciario de carácter administrativo, que además ha de ser analizado a la luz de los tratados internacionales ratificados por Chile y que en aquel momento se encontraban plenamente vigentes”.