Este miércoles, el ministro de Justicia de Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al oficio de la Contraloría a seis secretarías de Estado en el marco de las polémicas reuniones en el departamento del lobbista y exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

El pasado viernes 5 de enero, el entre contralor ofició a los ministerios del Trabajo, Interior, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente.

Es que hasta ahora, en la extensa lista de políticos que han revelado haber participado en las citas organizadas por Zalaquett en su departamento en Lo Barnechea -donde también asistían empresarios de distintos rubros- figuran los ministros Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Desde la Contraloría informaron que las secretarías de Estado tienen 10 días hábiles para responder. Y que a partir de esas respuestas evaluará los pasos a seguir.

Inquirido en esta jornada por la solicitud de información realizada a los ministerios, el secretario de Estado le bajó el perfil y apuntó que “es el mecanismo normal, cada vez que se realiza una presentación a Contraloría” y que el ente contralor “está obligado a dar traslado a quien se está refiriendo para efectos del dictamen”.

Sobre el plazo que dio la Contraloría a los ministros para responder, dijo que “eso es lo que va a hacer el Ejecutivo como normalmente sucede con las solicitudes de dictamen”.

Cordero, además, recalcó que “lo que ha solicitado Contraloría es el procedimiento de información y no tiene que ver con la tramitación de ningún procedimiento sancionatorio en particular”.

De acuerdo a la normativa, la Ley de Lobby obliga a ministros y parlamentarios a declarar reuniones en que se hayan ejercido gestiones de interés particular. Y se establece que, en los casos de autoridades de gobierno, es la Contraloría la que tiene potestad de verificar el cumplimiento de la legislación.