Oposición acusa a Suprema ante CIDH de "propiciar la impunidad"

Ayer en la tarde, un grupo de autoridades de la oposición, encabezadas por el exsecretario general de la OEA y senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, hizo llegar una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comunicación, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y al comisionado y relator para Chile del organismo, Luis Vargas, fue suscrita -además de Insulza-, por el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde; su compañera de bancada Isabel Allende, el presidente del PPD y excanciller, Heraldo Muñoz; los senadores de dicho partido Felipe Harboe, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y Ximena Órdenes; la senadora de la DC Yasna Provoste, y el independiente Alejandro Guillier. En los próximos días se sumarían otros senadores, como el RD Juan Ignacio Latorre.

En el escrito, al que tuvo acceso La Tercera, las autoridades entregan antecedentes de una situación que califican como "de gravedad": los controvertidos fallos dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema para conceder libertad condicional a siete uniformados (R) que cumplían condena por crímenes de lesa humanidad.

Las sentencias del máximo tribunal ya habían sido duramente cuestionadas por la oposición -y por agrupaciones de DD.HH.-, gatillando incluso el anuncio de una acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.

Así, en la comunicación enviada a la CIDH, los dirigentes de oposición plantean que la acción de los magistrados podría estar "propiciando" la "impunidad"

"La situación referida constituye una plausible situación de alerta, ya que se observa que el máximo tribunal de justicia chileno podría estar propiciando, mediante sus actos recientes, la impunidad de estos graves crímenes, a través de la concesión indebida de beneficios durante la ejecución de la pena de los condenados por graves crímenes contra la humanidad, infringiendo así la obligación de sancionar estos horribles crímenes", señala el texto.

En ese contexto, los dirigentes solicitan al organismo internacional que requiera información al Estado sobre la situación expuesta y que fije un pronunciamiento al respecto.

"Atendido que la impunidad propicia la repetición crónica de este tipo de hechos, es que les solicitamos requerir información sobre este asunto al Estado de Chile, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", así como "someter a su consideración la información recibida y realizar un pronunciamiento para orientar el actuar del Estado de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, recomendando, además, que se cumpla con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno".

La apuesta de Insulza es que la comisión se pronuncie al respecto en su 169° período ordinario de sesiones, que tendrá lugar en la Universidad de Colorado de Boulder, entre el próximo 1 y 5 de octubre. Si bien la tabla para esa fecha ya estaría cerrada, el legislador solicitará al organismo que se incluya la presentación y la CIDH pueda citar a la brevedad una audiencia pública para ver el caso.

"Lo que le pedimos a la comisión es que le solicite información al Estado de Chile sobre este asunto, que evalúe la gravedad de la situación (...), que así pueda fijar de oficio una audiencia pública para abordar este tema en una de las dos próximas reuniones que sostendrán, de preferencia la que tiene lugar a comienzos de octubre", explicó Insulza a La Tercera.

La acción ante la CIDH se produce en momentos en que la comisión mixta que revisa los requisitos para la entrega de libertades condicionales se encuentra estudiando preceptos internacionales al respecto.

La ofensiva, además, abrió interrogantes sobre el destino de la acusación constitucional, acción que si bien es defendida por parte de los diputados, no contó con la venia de la mesa del PPD y genera reticencia en otras bancadas de senadores.

En tanto, el borrador inicial del texto enviado ayer a la CIDH incorporaba también el indulto otorgado por el Presidente Sebastián Piñera al excoronel del Ejército René Cardemil, como otro elemento que propicia "la impunidad". Sin embargo, se optó por no integrar el caso en la comunicación final.