Un nuevo flanco para el gobierno se abrió en las últimas horas tras el blindaje del ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), a la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya (Frente Amplio).

Luego de que la abogada, funcionaria de confianza del Presidente Gabriel Boric y exsubalterna de Elizalde cuando estaba a cargo de la Segpres, reconociera en una comisión investigadora de la Cámara que sabía de la inhabilidad constitucional que tenía la senadora Isabel Allende (PS) para celebrar contratos con el Estado, la oposición y parlamentarios socialistas y del PPD cuestionaron la continuidad de la profesional, que está a cargo de una de la unidades más estratégicas de La Moneda.

En su calidad de jefa de jurídica, Moya es la última voz para custodiar “la firma” del Mandatario en todos los documentos oficiales, incluyendo proyectos de ley y decretos, para que estén ajustados a la legalidad. Esta labor, sin embargo, quedó en entredicho ante la visto bueno que dio Moya para que Boric firmara el decreto de compra de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende para convertirla en museo, sin considerar el hecho de que el inmueble en cuestión hoy era propiedad de la senadora Allende y de la exministra de Defensa, Maya Fernández, ambas herederas del fallecido gobernante.

Ese factor fue decisivo para que el Tribunal Constitucional, con una aplastante mayoría de 8-2, acordara destituir a Allende por el incumplimiento de una prohibición precisa de la Carta Fundamental.

Ante la defensa de Elizalde, quien fue secundado por la nueva ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.), las bancadas de derecha decidieron escalar su presión, advirtiendo si el gobierno decide mantener a Moya iniciarían el estudio de una acusación constitucional en contra del actual titular del Interior y ex Segpres, por no hacer valer las responsabilidades de una subalterna, que había incurrido en una negligencia grave, como no advertir sus superiores de un problema de tal magnitud.

De acuerdo a la Carta Fundamental, Elizalde puede ser acusado mientras sea ministro y hasta tres meses después de haber dejado el cargo, plazo que al menos aún lo compromete respecto de su anterior función.

El diputado Andrés Longton (RN) informó que no descartaban el libelo “en razón de la patética defensa de la jefa de la división jurídica de Segpres, que hasta la fecha no ha sido cesada en su cargo, probablemente por la cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad. Y eso tiene que ver con que posiblemente informó al Presidente de la República y al ministro en ese momento de Segpres, el señor Elizalde. Por eso hoy día el presidente es incapaz de tomar una decisión de sentido común”.

El legislador de RN agregó que por mientras “vamos a presentar a la Contraloría para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que evidentemente que no lo hizo, y que además determine un sumario dentro de la Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho. En razón de eso se van a determinar responsabilidades políticas importantes que pueden caer no solamente en el ministro Elizalde, sino que también en el Presidente de la República. El ministro Elizalde, que ahora es ministro del Interior, al parecer sigue sin cumplir con sus obligaciones”.

La diputada Paula Labra (indep. RN) también emplazó a la ministra Lobos a iniciar un sumario. “El gobierno ya no puede seguir blindando a Francisca Moya por razones cuestionables, razones dudosas. Ella ha demostrado una total incompetencia en su cargo, un cargo crítico para el buen funcionamiento del Estado. Francisca Moya ha vulnerado sus deberes funcionarios de manera expresa. El Estatuto Administrativo, en su artículo 61, establece que es deber de todos los funcionarios públicos informar a la autoridad cuando ellos han detectado una ilegalidad”, dijo.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que “a esta altura, resulta imposible sostener que la abogada Moya, estrecha colaboradora y cercana amiga del Presidente de la República, no le haya advertido al Presidente la grave inconstitucionalidad de la que estábamos hablando. Todo parece ser parte de un mecanismo a través del cual Francisca Moya se inculpa... parece entenderse como una forma de proteger al propio Presidente”.

Incluso, el diputado Diego Schalper (RN) en Radio El Conquistador advirtió que el caso podría escalar más. “Es una irresponsabilidad y esto no tiene cómo acabarse. Esto va a terminar con toda esta gente afuera y si se demoran mucho va a empezar a alimentarse la necesidad de hacer una acusación constitucional contra el Presidente, que es lo que ellos no están viendo. Mientras más se alargan este barrial, más agarra cuerpo una cosa así”, dijo.

Consultado por las advertencias, Elizalde dijo que una acusación constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, lo que a su juicio no se cumplen en este caso.

Respecto al rol de Moya en la compra de la casa del expresidente, Elizalde señaló que ella respondió preguntas en la comisión investigadora. “Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, aseveró.

Además, indicó que, “en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia contralora general de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la Constitución y tanto es así que se tomó razón del mismo”.