Aún resonaban los ecos de las declaraciones del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien en el marco de la conmemoración número 40 del golpe militar, sostuvo en La Tercera que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos”, cuando se conocían las primeras noticias sobre el proyecto minero portuario Dominga. Así se iniciaba una larga y polémica historia judicial-administrativa-política, que tuvo su último episodio este miércoles 9 de enero cuando el Comité de Ministros, de manera unánime, rechazó nuevamente darle luz verde a la iniciativa.

Corría el 13 de septiembre de 2013 y el proyecto de la firma Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano – que consiste en una mina a cielo abierto, que produciría concentrado de hierro y concentrado de cobre, abasteciendo al mercado chino a través de un puerto- ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De inmediato, surgieron cuestionamientos por su cercanía a una reserva natural, su impacto ecológico y el proceso del proyecto.

Tuvieron que pasar dos gobiernos -el primero de Sebastián Piñera y el segundo de Michelle Bachelet- y la revisión de antecedentes por parte de más de dos decenas de órganos, para que el fallo se conociera: el 9 de marzo de 2017, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo -donde participaron los seremis de Salud, Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y el Intendente de Coquimbo- la calificó de manera desfavorable.

¿Los argumentos para la decisión? El proyecto ponía en riesgo las reservas marinas de la zona, los antecedentes presentados no entregaban certezas sobre el impacto medioambiental y las medidas de mitigación propuestas eran insuficientes.

La contraofensiva de Andes Iron llegaría pronto. La empresa -que lidera el proyecto que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares- anunció que acudirían al Comité de Ministros al estar disconforme con la resolución y así lo hizo.

Luego de solicitar informes adicionales a distintos organismos públicos, el 21 de agosto de 2017 el Comité de Ministros sesionó y en votación dividida confirmó el rechazo al proyecto, argumentando fundamentalmente que la zona donde se emplazaría el proyecto es medioambientalmente irremplazable.

La decisión fue criticada por los entonces ministros de las carteras de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Felipe Céspedes, que finalmente terminaron abandonando el gabinete de Bachelet.

Cabe mencionar que el proyecto también generó dolores de cabeza a la propia Bachelet y Piñera. Una de las hijas de la Mandataria había comprado años antes que se conociera la iniciativa minera un terreno de 5.000 metros cuadrados ubicado a 12 kilómetros de donde se realizaría el proyecto. La jefa de Estado entonces tildó la polémica de “artificial” y aseguró que ella misma lo había adquirido para su hija “pensando en algo familiar”. En tanto, también se reveló que el exmandatario Sebastián Piñera había tenido en los inicios del proyecto (2010) participación en la empresa propietaria a través de un fondo de inversión.

Tras las dos derrotas anteriores, Andes Iron decidió dar un nuevo paso y llegar a la justicia. De esta manera, presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta el que fue declarado admisible en noviembre de 2017.

En enero de 2018, se llevaron a cabo los alegatos en donde presentaron argumentos los abogados de Dominga, los del SEA (en representación del Comité de Ministros) y los de agrupaciones y organizaciones. El Tribunal -con una visita de por medio a la zona en febrero de 2018- decidió en abril de 2018 que Dominga vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo por estimar que el rechazo entregado por esta instancia en marzo de 2017 no cumplió con las formalidades.

Debido a que en la sentencia el Tribunal Ambiental no se habría pronunciado sobre los aspectos ambientales y técnicos que motivaron el rechazo, organizaciones de pescadores, medioambientales y personas particulares presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, buscando anular la sentencia de este.

La Corte Suprema aceptó revisar los recursos de casación presentados por los opositores al proyecto y a fines de febrero de 2019 se llevaron a cabo los alegatos.

En septiembre de 2019, el máximo tribunal dio a conocer su sentencia y desestimó los argumentos de Andes Iron, que había acusado vicios formales en el rechazo entregado por el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. De esta manera, la Corte Suprema acogió los argumentos de los opositores al proyecto cambiando entonces la sentencia del Tribunal Ambiental y le ordenaron a esta instancia que revise nuevamente el caso, pero esta vez pronunciándose sobre los aspectos ambientales y técnicos.

Los nuevos alegatos ante el Tribunal Ambiental se llevaron a cabo el 3 y 4 de marzo de 2020, quedando la causa “en estudio”. Cuatro meses después, el 23 de julio de 2020, el Tribunal anunció que ya existía acuerdo respecto a la sentencia.

Recién en abril de 2021, el Tribunal Ambiental de Antofagasta da a conocer, lo que para muchos opositores fue una controvertida sentencia -ya que la instancia no habría revisado los aspectos técnicos como ordenó la Suprema- y ordena que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo vuelva a votar el proyecto.

Mientras los opositores al proyecto presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema buscando invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental, en una reunión extraordinaria realizada el 11 de agosto de 2021, el delegado presidencial, los seremis regionales y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo – sin esperar el pronunciamiento del Máximo Tribunal- aprobaron por 11 votos contra 1 el proyecto minero portuario.

Las organizaciones locales y ambientales, buscando revertir la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, presentaron nuevas reclamaciones.

Luego de que se declararan admisibles cuatro recursos de casación presentados por los opositores al proyecto, el Máximo Tribunal debería resolver si invalida la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó la nueva votación de Dominga en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Una vez concluidos los alegatos, la Corte propuso una instancia de conciliación entre las partes, la cual fue descartada por las organizaciones locales en contra del proyecto. De esta manera, en mayo de 2022, el Máximo Tribunal da a conocer su sentencia: declina resolver sobre el caso y deja en manos del Comité de Ministros nuevamente el futuro del proyecto.

En enero de 2023, la instancia ministerial nuevamente rechazó, esta vez de manera unánime, el proyecto, fundamentándose en informes técnicos elaborados por distintos organismos con competencia ambiental, los cuales advertían las graves deficiencias del proyecto.

Nuevamente Andes Iron anunció que apelaría a esta resolución ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, cuestión que materializó.

Pasaron unos meses y en diciembre de 2023, se llevaron a cabo los alegatos en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Casi un año después, el 9 de diciembre de 2024, la instancia terminó acogiendo la reclamación presentada por la empresa declarando la nulidad de resolución del Comité de Ministros señalando que era “ilegal” debido a factores como el incumplimiento de una sentencia dictada en 2021 por el mismo tribunal y confirmada por la Corte Suprema, que debía respetarse como cosa juzgada.

Además, acusó al comité de transgredir principios de imparcialidad y confianza legítima ya que secretarios de Estado habían manifestado previamente su parecer- la exministra de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunciaron en el pasado en contra del proyecto- y posteriormente no se inhabilitaron. Además, según el fallo, hubo “pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y el comité actuó fuera del plazo legal. De esta manera, exigió una resolución ajustada a derecho.

De esta manera llegamos a lo ocurrido la tarde de este miércoles 8 de enero de 2025, donde el Comité de Ministros rechazó, otra vez, de manera unánime el proyecto minero Dominga, argumentando fundamentalmente que se excluyeron indebidamente las observaciones sobre biodiversidad y que el plan de contingencia y emergencia era insuficiente.

Ante la decisión, Andes Iron ya anunció que recurrirá nuevamente a instancias como el Tribunal ambiental y la Corte Suprema.