Parlamentarios de oposición acusan al gobierno de querer “beneficiar” a violadores de DD.HH con urgencia a ley humanitaria

Este jueves el Presidente Sebastián Piñera -tal como adelantó La Tercera- ingresó un veto aditivo al proyecto que establece un indulto conmutativo a causa del Covid-19 para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas -entre otros- que están en prisión, cumplan sus penas en sus domicilios; excluyendo del beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.

La decisión de aplicar el veto se dio luego del revés que sufrió el gobierno el pasado martes en la Cámara Baja. Si bien el Congreso visó el indulto, ese día los diputados rechazaron -con votos en contra de Chile Vamos- la propuesta de la comisión mixta sobre el proyecto, gatillando que aquellos beneficiados con medida de arresto domiciliario que incumplan la medida no quedaran con sanción. Inmediatamente el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que estudiaban el veto que finalmente se concretó hoy.

Poco después de la votación en la Cámara, un grupo de senadores de Chile Vamos -Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente)- decidió acudir al Tribunal Constitucional (TC) buscando que se declarara la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco y todo aquel que haya cometido un ilícito de gravedad.

La ofensiva sorprendió al gobierno, como asumió el propio ministro Larraín, quien el miércoles pidió a los parlamentarios de su sector retirar el requerimiento, asegurando que con la medida impulsada por los senadores podrían verse beneficiados “condenados de lesa humanidad y abusadores sexuales”.

Un día después, este jueves, junto con anunciar el veto, el gobierno comunicó también que pondría discusión inmediata al proyecto de ley humanitaria, que lleva un buen tiempo sin avances en el Senado y que permite la conmutación de penas a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, “que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de una invalidez total”, según dijo el ministro Larraín. El jefe de Justicia agregó que “no excluye algún tipo de delitos”, gatilando el rechazo de la oposición a la medida; sector que salió a acusar al Ejecutivo de “hacer un gesto” a la derecha y “ceder a su chantaje”.

Desde el Partido Socialista (PS), su presidente, Álvaro Elizalde, indicó que “es francamente inaceptable que se pretenda aprovechar la coyuntura del Covid-19 para consagrar la impunidad en materia de violaciones a los DD.HH. en nuestro país”.

El también senador agregó que "los socialistas nos opondremos a toda iniciativa que implique impunidad en derechos humanos”.

El diputado del mismo partido, Leonardo Soto, aseguró por su parte que “pasó lo que advertimos: Gobierno de Piñera cede al chantaje de la derecha cavernaria y pone urgencia a la Ley Punta Peuco (sic) (ley humanitaria). Aprovechamiento político inmoral y grosero de la tragedia del coronavirus, para liberar por la ventana a los violadores de DD.HH. Cuenten con nuestro rechazo”.

Su compañera de bancada, Maya Fernández, sostuvo que lo anunciado por el gobierno “es un gesto hacia un sector de la derecha para que le aprueben veto aditivo. De ser cierto sería impresentable buscar una salida a quienes violaron los derechos humanos y nunca se han arrepentido”.

El diputado DC, Matías Walker, planteó sobre la ley humanitaria que "eso lo tienen que discutir los senadores. Sólo recordar que de acuerdo a todos los principios de tratados internacionales de DD.HH. ratificados por Chile, los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser acreedores de beneficios. Y eso es muy importante tenerlo presente en la discusión de ese proyecto de ley”.

Desde el PPD, su timonel, Heraldo Muñoz, en tanto, calificó como “lamentable que parlamentarios de Chile Vamos no estén de acuerdo con un proyecto presentado por el gobierno para proteger a la población carcelaria más vulnerable al coronavirus”.

En el Frente Amplio también se sumaron a los cuestionamientos ante la urgencia anunciada a esta iniciativa.

El diputado RD, Pablo Vidal, indicó que “el compromiso del Gobierno con el indulto conmutativo era excluir a violadores de DDHH. Hoy el gobierno da la razón a la derecha dura y pone urgencia al proyecto de Ley Humanitaria que beneficiaria a criminales de lesa humanidad. Inmorales”.

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aseguró en tanto que “es impresentable que en nuestro país aún quieran dar beneficios a los criminales de lesa humanidad. Les pido a los parlamentarios de Chile Vamos que no ocupen está pandemia para sacar provecho".