Partido Republicano ingresa acusación constitucional contra Izkia Siches: “Infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución”

Pasadas las 17.00 de este miércoles, la bancada del Partido Republicano ingresó a la oficina de partes de la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

El libelo acusatorio tiene siete capítulos y un total de 159 páginas.

En el prólogo del escrito, la bancada del partido fundado por José Antonio Kast alude al gobierno del saliente expresidente Sebastián Piñera, a quien responsabiliza por el aumento de violencia en el país. También apuntan, aunque en un tono menor, a la segunda administración de la exmandataria Michelle Bachelet.

“Durante la campaña presidencial de 2009, el entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, acuñó una de las frases más memorables de la historia política reciente en materia de seguridad: “Delincuentes, se les acabó la fiesta”. Las gigantografías, con el slogan y la fotografía del expresidente cubrían, de norte a sur, de este a oeste, la geografía nacional. Una promesa potente, pero vacía, que el tiempo no solo vino a desmentir de manera radical, sino que produjo el efecto totalmente contrario al que se quería proyectar”, se explica al inicio del documento.

Los republicanos agregan en el libelo que “Chile, en los últimos 13 años, ha sido una fiesta permanente para los delincuentes, narcotraficantes, terroristas y violentistas, que asolan la paz y la tranquilidad de los chilenos. Es hora de decirlo con todas sus letras: Chile vive una catástrofe social en materia de inseguridad, drogas y violencia (...) ¿Cuándo comenzó esta debacle? Por cierto, no es atribuible exclusivamente al Presidente Gabriel Boric ni a su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches. El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas, y control de la violencia”, añaden.

Así, plantean que “independiente de las críticas, cuestionamientos, e incluso de las herramientas legales y constitucionales que se pueden ejercer en contra del expresidente Piñera hasta el 11 de septiembre de 2022, la única certidumbre que tenemos es que hoy gobierna el Presidente Gabriel Boric y junto a él, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches. Son ellos, y el conjunto de su gobierno, los responsables del orden y la seguridad pública, y quienes tienen el deber constitucional y legal de proteger a los chilenos y enfrentar con fuerza a los delincuentes, vándalos, terroristas y narcotraficantes”.

En esa línea, los republicanos aseguran que la actual administración “ha fracasado estrepitosamente, porque en aproximadamente 100 días de gobierno, ha mostrado una total y absoluta incompetencia para dirigir la estrategia de seguridad pública del país y enfrentar con decisión los enormes desafíos en esta área”.

Luego del prólogo, detallan los siete capítulos y argumentos por los que, a su entender, la ministra del Interior debe ser acusada constitucionalmente, entre los que incluyen “reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país”, “entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos” y “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada ‘Coordinadora Arauco Malleco’ (CAM), Héctor Llaitul”.

1. Capítulo Primero: el retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado “estallido social” y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2. Capítulo Segundo: inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la Ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y la concreción de amenazas a la autoridad.
3. Capítulo Tercero: El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina.
4. Capítulo Cuarto: entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en la Araucanía.
5. Capítulo Quinto: dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
6. Capítulo Sexto: reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país. Afectación grave a la seguridad de la Nación e inejecución de la Constitución y las leyes, afectando los Derechos Fundamentales de las personas.
7. Capítulo Séptimo: omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada “Coordinadora Arauco Malleco” (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile.

Emiliano García, director del Área Legislativa de Ideas Republicanas, explicó que “después de varias acciones fiscalizadoras como solicitudes de información, oficios, citaciones a sesiones especiales de la comisión de Seguridad Pública y de la sala, nuestros diputados están convencidos de que la ministra -Izkia Siches- no ha cumplido con la responsabilidad que conlleva su cargo. Esta acción se basa en que la ministra por acción u omisión comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejo éstas sin ejecución”.

Por su parte, el diputado Mauricio Ojeda sostuvo que “esto no es una declaración de una persona determinada o en particular, esta es una acusación en contra del cargo de ministra del interior que es la responsable de cada uno de los comentarios, de los calificativos que he usado hoy, es la responsable de la seguridad”.

Para ingresar la acusación, los republicanos necesitaban la firma de 10 diputados. Para que el libelo prospere en la sala, se requiere la mayoría de los 155 legisladores. Sin embargo, desde la oposición, partidos de Chile Vamos se han distanciado de la ofensiva impulsada por el Partido Republicano.