PC marca líneas rojas ante inminente ingreso de veto por Ley de Usurpaciones

Casi a diario se ha reunido la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, con un grupo de abogados representantes de parlamentarios de oposición en una negociación contra el tiempo para tratar de acordar los contenidos de un paquete de observaciones (vetos) que enviará el Presidente Gabriel Boric para corregir el proyecto de ley contra las usurpaciones.

En esta ronda de reuniones, en las que Lobos ha sido acompañada por Rafael Collao, a asesor jurídico de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también por la abogada del gobierno a cargo de la agenda de seguridad, Elisabeth Matthei, han participado equipos técnicos de RN, la UDI y Evópoli, entre ellos los juristas José Manuel Astorga, Pablo Urquízar, Pablo Celedón, Ronald von der Weth y Carlos Oyarzún.

En las tratativas ha habido algunos acercamientos. De hecho, el gobierno ya desechó la idea de enviar un veto sustitutivo global, (es decir, que reemplazara todo el texto aprobado por la Cámara y el Senado) que corría un alto riesgo de ser rechazado. De no aprobarse esta observación global, que debía votarse como un paquete cerrado, la consecuencia casi inevitable era que se cayera toda la ley y obligara a reiniciar la tramitación desde cero.

Sin embargo, estos acercamientos acordados por la ministra Tohá con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli) y con el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), han sido vistos con recelo desde las bancadas oficialistas, especialmente desde el Frente Amplio y el PC, que tienen reparos ideológicos de fondo con la iniciativa, ya que a juicios de las bancadas de izquierda criminaliza las tomas y ocupaciones de terrenos.

De hecho, en el primer trámite constitucional, comunistas y frenteamplistas se desmarcaron de algunas indicaciones del gobierno y las votaron en contra.

“La usurpación es un delito que ya está tipificado en el Código Penal. Acá únicamente lo que buscan con estas modificaciones que aprobó lamentablemente el Congreso y que va a ser objeto de un veto, es que en definitiva el proyecto de ley lo que hace es legitimar la autotutela, legitimar la justicia por propia mano y, eso, por supuesto, que encierra un grave peligro para la vida, para la integridad física y psíquica de las personas”, dijo el jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello.

En esa línea el parlamentario comunista, a nombre de su colectividad, precisó que no respaldarán aspectos que conserven esa posibilidad de legítima defensa privilegiada, aun cuando sea atenuada o limitada exclusivamente al propietario del predio tomado. “El dueño perfectamente puede también auxiliarse de terceros para producir un enfrentamiento entre civiles, entonces por supuesto que eso no remedia en nada el atentado al estado de derecho que está contenido en esta figura de la legítima defensa privilegiada para expulsar o repeler a las personas que han practicado una ocupación de un terreno”, añadió Cuello.

En segundo lugar, el legislador comunista remarcó que para ellos era importante “eliminar la equivalencia entre la usurpación violenta y la no violenta que es una cuestión absolutamente desproporcionada que está en el proyecto de ley”. Al mismo tiempo se declaró contrario a la idea de aumentar penas de cárcel.

Además, señaló que se debe “terminar con la usurpación provisoria”, que a juicio de bancadas de izquierda tiene un efecto restrictivo con las tomas transitorias habituales en una protesta. “Es un invento que apareció en esta tramitación y que persigue únicamente castigar al movimiento social que eventualmente puede ocupar herramientas de presión que serían castigadas como una usurpación con pena de cárcel y eso nos parece bastante grave”, añadió el jefe de bancada del PC.

En la mayoría de estos puntos hay coincidencias con el gobierno, cuyo objetivo principal al enviar un veto es eliminar la mencionada “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada.

Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente” (es decir, mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo), permitiría a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

En la oposición hay quienes están dispuestos a ceder en este punto, pero manteniendo la flagrancia permanente.

No obstante, en las tratativas ha aparecido otro nudo que es el catálogo de penas. En este punto La Moneda propone atenuar las sanciones contempladas en el texto despachado por el Congreso, a quienes protagonicen tomas que no estuvieron marcadas por actos de fuerza.