Penta-SQM: El freno a la persecución penal del financiamiento a la política

No solo el Servicio de Impuestos Internos desestimó continuar con la presentación de querellas en los casos Penta y SQM. En las últimas semanas, fallos de la Corte Suprema y del tribunal de alzada de Santiago terminaron por alinearse con la tesis que apunta a que no se puede presumir la comisión de un delito por el solo hecho de haber financiado la política por medio de boletas o facturas falsas.

Pese a que fiscales han argumentado que cuesta creer que un político no haya sabido que al facilitar una boleta o una factura falsa para obtener recursos de campaña ayudaba a las empresas a pagar menos impuestos, las últimas sentencias, en especial la de la Suprema que sobreseyó al exsenador Fulvio Rossi, enfatizan que para que se configure este delito debe comprobarse una concertación con la empresa o una intención de dolo.

Así, la apuesta del Ministerio Público de penalizar a políticos imputándoles delitos tributarios -situación ya compleja en los casos en que no había una acción penal del SII- se debilitó en el tiempo.

Y si bien hay condenas respecto de estos delitos -las que, hasta ahora, se han originado en procedimientos abreviados acordados entre la fiscalía y formalizados- y se vislumbran juicios orales en los casos Penta y SQM, los sobreseimientos de Rossi y Pablo Longueira de esta semana podrían llevar a otros imputados a apostar por el mismo camino.

La estrecha votación con que el pleno de la Corte Suprema ratificó en noviembre de 2017 el desafuero de Iván Moreira en el caso Penta -9 contra 8 votos y considerando la ausencia de cuatro ministros- instaló las primeras dudas sobre el sustento de las imputaciones que la fiscalía levantaba en causas de financiamiento irregular de la política. Según el voto de minoría, no hubo una intención de dolo directo de Moreira. La fiscalía pactó finalmente una suspensión condicional del procedimiento y el senador fue sobreseído definitivamente en febrero de este año.

En octubre de 2018 la Corte de Apelaciones rechazó el desafuero solicitado por la fiscalía contra el senador DC Jorge Pizarro, argumentando la ausencia de una querella por parte del SII por el delito de facilitador de facturas ideológicamente falsas. Si bien existía una acción penal por declaración maliciosa de impuestos, el tribunal dijo que fue el propio servicio quien la dejó sin sustento al obviar una querella por el primer delito. Actualmente la apelación de la fiscalía a este falló está frenada a la espera de un recurso presentado por Pizarro en el Tribunal Constitucional.

La Corte de Apelaciones consideró en enero de este año que el exadministrador de campaña de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, no tuvo participación en un grupo de delitos imputados. Esto, porque su defensa esgrimió que el exejecutivo de Bancard no trabajaba en la sociedad al momento en que se emitieron cinco facturas entre junio y octubre de 2010. Valdés había sido finiquitado por Bancard el 30 de mayo de ese año. La Corte, además, lo sobreseyó por prescripción en otros hechos imputados.

El dirigente del PPD Luis Matte, imputado por delitos tributarios en el marco del caso SQM, fue sobreseído por la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud de la inexistencia de querellas o denuncias en su contra por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Bajo la misma fundamentación se sobreseyó a la contadora Eva Mujica -indagada en una arista no política del caso- y al exministro de Economía Pablo Longueira.

Argumentando la inexistencia de una querella nominativa contra Pablo Longueira, la Corte de Apelaciones ratificó esta semana el sobreseimiento del exministro respecto del delito tributario imputado por la fiscalía en el caso SQM. Pese a que el Ministerio Público apostaba a que se le permitiera perseguir penalmente a Longueira por haber al menos una denuncia original sobre los hechos investigados, el tribunal precisó que era necesaria una acción específica contra el imputado. Hoy Longueira sigue acusado por cohecho.

"Los hechos que se le imputan no son constitutivos de delitos", argumentó esta semana la Corte Suprema al sentenciar el sobreseimiento definitivo del exsenador en el marco de caso SQM sobre financiamiento irregular de campañas. Ya en marzo de 2018, la Suprema había revocado el desafuero de Rossi por el mismo caso, señalando la inexistencia de dolo. Sin embargo, la fiscalía había decidido perseverar con su formalización. Tras este nuevo fallo, la fiscalía decidió no insistir.

Para el 22 de mayo está fijada una audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía para discutir una solicitud de sobreseimiento presentada por Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM, donde se le imputan delitos tributarios. ME-O ya fue sobreseído por el mismo delito en el caso OAS, donde el tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de querellas del SII. Y si bien en SQM sí está querellado, su apuesta es apelar al precedente de la Suprema que sobreseyó a Fulvio Rossi bajo el argumento de la inexistencia de delito.

El exsenador UDI Carlos Bombal está acusado en el caso Penta por delitos tributarios. Sin embargo, no existe querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra. Su defensa, a cargo de Jorge Bofill, espera obtener su sobreseimiento definitivo este lunes 13, en la audiencia de preparación del juicio oral del caso que lleva adelante el fiscal Manuel Guerra. Su argumento se sustenta en fallos de las cortes que dicen que sin querella no es posible ejercer la persecución penal.

Dos emisores de boletas vinculados al dirigente RN Claudio Eguiluz (en la foto), Alejandro Ibarra y Miguel Sanhueza, accedieron a ser sobreseídos definitivamente por la Corte de Apelaciones de Santiago por no tener querella del SII. Su caso dio pie para que los magistrados precisaran que, pese a haber hechos vinculados a ellos en la querella que el SII ejerció en contra de Eguiluz, el Ministerio Público aun así no está habilitado para perseguir a ambos imputados, resaltando el carácter nominativo que deben tener las querellas.

En enero de 2018, el entonces fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, decidió solicitar el sobreseimiento de 58 personas indagadas que no fueron formalizados -pese a que algunos estaban denunciados por el SII-, ya que a esa fecha los hechos se encontraban prescritos. Entre estos casos figuraban facturas emitidas por Publicidad La Clínica, de Diego Perry, para la campaña de Michelle Bachelet, así como también de Inversiones San Nicolás, representada por el hermano de Eduardo Frei, Francisco Frei (en la foto arriba).