“Perdonazo masivo”: bancada UDI recurre al TC para impugnar regularización acotada de migrantes anunciada por La Moneda
Los diputados gremialistas explican que la mañana de este viernes será ingresado un “téngase presente” ante el organismo, manifestando su oposición a la medida y solicitando que sea declarada inconstitucional.
La bancada de diputados de la UDI anunció que este viernes recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proceso de regularización acotada de migrantes que anunció el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Los parlamentarios gremialistas, encabezados en esta cruzada por el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, y sus pares Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, explican que ingresarán un “téngase presente” ante el organismo, manifestando su oposición a la medida y solicitando que sea declarada inconstitucional. Lo anterior, dicen, en virtud del control de constitucionalidad a la Ley de Presupuesto 2025 que actualmente se encuentra realizando el TC.
Así mismo, manifiestan su “absoluto rechazo” al proceso que pretende someter a estudio el Ejecutivo y que califican como un “perdonazo masivo”.
“Tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsaron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Pese a que los emplazamos en innumerables oportunidades, el gobierno siempre negó que esta medida iba a dar pie a un proceso de regularización, y hoy recién lo están reconociendo”, dice Coloma.
En esa misma línea, sostuvo que es “una irresponsabilidad enorme lo que han anunciado, porque terminan invitando a miles de extranjeros -incluso los que tienen un perfil delictivo- a seguir ingresando a Chile sin papeles, agravando de esta manera la crisis migratoria que vivimos”.
Desde la bancada gremialista advierten una “grave incoherencia” por parte de La Moneda, al estar promoviendo “un verdadero perdonazo, sin adoptar ninguna medida seria y concreta que permita controlar las fronteras”, y también acusaron a las autoridades de “engañar” a la ciudadanía con el proceso de empadronamiento, además de pretender “torcer la soberanía popular”, considerando que en la Ley de Presupuesto 2025 se aprobó una indicación “que justamente obliga a discutir este tipo de regularización masiva en el Congreso”.
Coloma, Bobadilla y Fuenzalida señalan estar confiados en que el TC “pueda rechazar la reserva de constitucionalidad que anunció el Ejecutivo, reiterando que las autoridades no sólo están jugando con los chilenos, sino que también están poniendo en riesgo la seguridad del país”.
“Pareciera que el gobierno aún no es capaz de dimensionar todo lo que ha significado el ingreso masivo de extranjeros irregulares. Da la impresión que desconocen incluso lo que está ocurriendo en las calles o, incluso, al interior de las cárceles. Por eso vamos a recurrir al TC y a otras instancias, porque no permitiremos que se realice un perdonazo de esta naturaleza”, cierran.
Regularización acotada
El proceso de regularización acotada de migrantes es una iniciativa que estaría directamente relacionada con el empadronamiento previo que realizó el Ejecutivo -al que se acogieron más de 180.000 extranjeros-, ya que serían esas personas que se enrolaron de manera voluntaria los que podrían acceder al beneficio.
Al respecto, este viernes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “no está sobre la mesa el regularizar esos ciento ochenta y tantos mil personas” que fueron empadronadas en el proceso que se extendió desde junio de 2023 a febrero de este año.
Por otra parte, al igual como señaló ayer jueves el subsecretario del Interior, Luis Cordero, descartó que un procedimiento de este tipo incentive un “efecto llamada” a otros migrantes.
“No, porque no garantiza nada. Además todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual, no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización y además nosotros hemos fortalecido la legislación para las expulsiones tanto administrativas como judiciales, y hemos reforzado también las fronteras para el control de los ingresos irregulares”, enfatizó.
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