Perspectiva de género, crimen organizado, su rol como abogado defensor y “pise a quien pise”: los temas que marcaron la exposición de Ángel Valencia ante los senadores

Un día clave -y agitado- se vivió este lunes en el Senado en medio de la discusión en la Cámara Alta para revisar la nominación de Ángel Valencia -realizada en su tercer intento por el Presidente Gabriel Boric- para convertirse en fiscal nacional por los próximos ocho años.

Ad portas de la votación en el hemiciclo, que se convocó para las 18:30 horas, y donde la carta del gobierno necesitaba 33 respaldos para ser ratificada, el abogado penalista expuso ante la comisión de Constitución para presentar su propuesta para liderar la fiscalía.

De forma unánime, los integrantes de la instancia -Luz Ebensperger (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Pedro Araya (Ind) y Matías Walker (Demócratas)- acordaron recomendar a la sala de la Corporación aprobar la nominación bajo el argumento de que el postulante cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia para el cargo.

La presentación del abogado penalista era considerada clave, ya que se trataba de la primera prueba que debía enfrentar ante los senadores.

La alocución de Valencia fue antecedida por la de la ministra del Interior, Carolina Tohá -en reemplazo de la recién renunciada Marcela Ríos-, quien alrededor de las 11:40 comenzó presentando -en compañía del ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo- los argumentos del gobierno para inclinarse en esta candidatura,

“Esta definición la tomamos hoy después de dos intentos que no han fructificado de nombres propuestos por el Presidente de la República. No ha sido un proceso fácil este y hoy tenemos la oportunidad de cerrar este capítulo”, declaró la jefa de gabinete. Su presentación se extendió por casi dos horas, debido a preguntas de los senadores presentes en la instancia.

Luego fue el turno del abogado penalista. A las 13.51 comenzó su exposición, manifestando su postura a favor de repensar el proceso de nombramiento para fiscal nacional, junto con mejorar la orgánica del Ministerio Público ante la mala evaluación de la ciudadanía.

“Hoy nos encontramos frente a una institución, en general, mal evaluada por la ciudadanía y que no es capaz de articular repuestas que resulten satisfactorias en relación con la persecución de los delitos que se cometen en Chile”, señaló Valencia.

“Es necesario repensar seriamente los distintos aspectos de esta institución, no solo el proceso de nombramiento de las autoridades, que ha sido el tema recurrente en estos días, sino también su orgánica, las funciones y atribuciones de sus autoridades, la distribución geográfica, el enfoque político-criminal, entre otras”, complementó.

Seguidamente, puntualizó que su compromiso -en caso de convertirse en fiscal nacional- apunta a “avanzar hacia un Ministerio Público reformado y mejorado, que dé cuenta del aprendizaje de los últimos 20 años, que se coordine con las demás instituciones del Estado, pero que haya realizado un trabajo interno que le permite orientar su trabajo hacia el esclarecimiento de los delitos y la atención de las víctimas”.

En su presentación, el abogado penalista planteó propuestas enfocadas en derechos y participación de víctimas, en el fortalecimiento de la ley de entrevista videograbada, en el “buen trato” como pilar del funcionamiento del Ministerio Público y en la fiscalización de delitos contra la propiedad.

Asimismo, expuso propuestas para la persecución del crimen organizado, el tráfico de armas y de drogas, y de delitos de homicidios.

“La criminalidad organizada es una actividad económica, es una actividad empresarial ilícita”, declaró, y aseguró que “la persecución penal de estos grupos debe ser decidida”.

Otro de los temas abordados por Valencia durante su exposición -y por los cuales también presentó una serie de propuestas- fue el fortalecimiento de la estructura macrozonal, la persecución del delito de cuello y corbata, la ciberdelincuencia y la violencia rural. Sobre ésta la última, el abogado sugirió la creación de un protocolo para la atención de víctimas.

“Debemos analizar seriamente la creación de una fiscalía supraterritorial que pueda superar las lógicas compartimentadas con las que se ha trabajado hasta ahora, y que permita una persecución eficaz del crimen organizado y las bandas delictuales”, aseguró, puntualizando principalmente en la zona norte y sur.

El fortalecimiento de la persecución penal de las personas jurídicas, los derechos humanos, el mejoramiento de organismos auxiliares del Ministerio Público, la aplicación de la inteligencia artificial en la persecución penal y la gestión de personas en la fiscalía -enfocada principalmente en las condiciones laborales-, también fueron parte de los temas abordados por el abogado.

Al final de su exposición el abogado Valencia reiteró que “Chile necesita una fiscalía que sirva, que sirva para el combate al crimen organizado, que sirva para los tiempos actuales y a la comunidad, especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Para ello son necesarios cambios profundos y no más de lo mismo. Quien habla ha dedicado 25 años de su carrera profesional y académica al ámbito de la justicia penal, tanto dentro como fuera de la Fiscalía. Toda esa experiencia anhelo desplegarla en el cargo al que estoy postulando”.

Cerró enfatizando que “tal como he señalado mi función, en caso de ser aprobado mi nombramiento, será velar por la correcta aplicación de la ley. E insisto, cumpliré con esa obligación pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise”.

Uno de los ejes que también planteó Valencia fue la persecución penal con perspectiva de género. Sobre este punto, el aspirante a fiscal nacional sugirió fortalecer el trabajo institucional con la creación de una unidad de género.

“Vamos a avanzar en la creación de una unidad de género para la fiscalía nacional, cuyo objetivo sea incorporar la perspectiva de género en las políticas internas de la institución, así como también en el ejercicio de la acción penal y en especial en la protección de las víctimas”, explicó.

En ese sentido, apuntó a la importancia de “contar con personal especializado en esta materia” y comprometió la cooperación en “capacitaciones de funcionarios públicos del sistema de justicia penal y de policías en materia de género”.

La alocución del aspirante al Ministerio Público finalizó a las 14.56, para luego dar paso a las preguntas de los senadores presentes en la instancia legislativa.

Una de las consultas que surgió fue respecto a su trabajo como litigante privado, específicamente como defensor en casos de delitos sexuales. Desde el gobierno, durante el proceso de nominación, surgieron algunos reparos con el abogado que se basaban en las aprensiones de grupos feministas, precisamente, por su anterior representación jurídica en casos de abuso sexual.

Una situación que, incluso, llevó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana a plantear su preocupación por la presencia de Valencia en la quina elaborada por la Corte Suprema, según reveló la exministra del Justicia, Marcela Ríos.

“No puedo compartir por deber profesional con este honorable Senado cuáles son los criterios, las razones por las cuales pude haber estado dispuesto a asumir una defensa en una situación tan grave como esa”, respondió el abogado.

“Quisiera manifestar que cuando uno asume una defensa, un caso grave, por lo menos en mi caso -y entiendo que en el de la mayor parte de los colegas que se hacen cargo de causas complejas-, uno toma la decisión de defender un caso después de largas conversaciones y después de analizar el caso, de contactar a la familia, de entender sus expectativas, de advertir si efectivamente existe un sesgo. Por lo tanto, no es una decisión que resulte sencilla, pero es una decisión reflexiva”, complementó.

Previo a que Valencia expusiera, la ministra del Interior había sido requerida también por este tema, momento en que reconoció que “efectivamente hay causas que él ha defendido que no son las que más nos gustan, eso es una cosa que es propia de la carrera de los abogados que les toca defender distintas causas y todas las personas tienen derecho a defensa, y no todos los acusados son victimarios”.

Otra de los temas que abordó Valencia -a raíz de consultas de los legisladores- fue la aplicación de la Ley Antiterrorista.

“No hay leyes que no se puedan aplicar, no hay leyes que el Ministerio Público deba abstenerse de aplicar. Nosotros debemos velar por la correcta aplicación de la ley, la correcta aplicación y de todas las leyes que están disponibles”, expresó, agregando que “si un hecho encuadra dentro de lo que la ley entiende que es una conducta terrorista, esa es la ley que debe aplicarse, y conforme a las reglas de esa ley es que esa conducta deberá investigarse”.