Petición de la UDI: Contraloría decide abstenerse de “emitir pronunciamiento” sobre legalidad de indultos
La solicitud había sido ingresada el pasado 9 de enero por la UDI solicitando al organismo liderado por Jorge Bermúdez pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos.
La Contraloría General de la República decidió abstenerse de emitir pronunciamiento respecto a la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.
La solicitud al organismo liderado por Jorge Bermúdez fue ingresada el pasado 9 de enero por la UDI y en ella se pedía un pronunciamiento sobre la legalidad de dichos actos. De hecho, un día después, la institución solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia.
“Con fecha 16 de enero de 2023, diversos Senadores dedujeron ante el Tribunal Constitucional siete requerimientos de inconstitucionalidad en relación con los aludidos decretos exentos, los que fueron acogidos a tramitación por esa magistratura el día 24 de enero de 2023, y declarados admisibles el día 26 de enero de 2023″, comienza explicando la resolución de Contraloría.
Y se agrega: “Considerando que los requerimientos sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional inciden en la misma materia sobre la que versan las solicitudes presentadas ante este Organismo de Control, como asimismo la íntima relación existente entre todos los actos administrativos de que se trata, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, norma que prescribe, en lo que interesa, que ‘La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia’”.
El otorgamiento de los indultos por parte del Presidente Boric generó molestia en la oposición. De hecho, dicha situación provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano abandonaran la mesa de seguridad que impulsaba el gobierno. Y, además, motivó una acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, quien dejó su puesto debido a “desprolijidades” en el otorgamiento del beneficio.
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