La ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió este lunes al seguimiento policial de las conversaciones telefónicas al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

Desde noviembre del año pasado que el fiscal regional Patricio Cooper contaba con la autorización, otorgada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para interceptar el teléfono del exasesor del Presidente Gabriel Boric, quien hasta el 10 de marzo se desempeñaba en Palacio.

El exasesor presidencial se enteró recién la semana pasada que pesaba sobre él esta medida intrusiva cuando fue a declarar a la Fiscalía por el presunto tráfico de influencias en la fallida compra de la casa del difunto Presidente Salvador Allende.

Luego de ello, Crispi avisó inmediatamente a Palacio de que la Fiscalía podía tener acceso a innumerables conversaciones reservadas y sensibles de la época en que lideraba el llamado Segundo Piso de La Moneda, área donde se desempeña todo el equipo de colaboradores directos del Mandatario.

En la vocería de este lunes, la portavoz (s) del Ejecutivo fue inquirida sobre dichas escuchas y la eventual preocupación en la Casa de Gobierno.

“La Fiscalía y los tribunales son poderes autónomos, y por lo tanto, no nos corresponde a nosotros como gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan”, respondió.

Y luego agregó: “Si lo hemos dicho, y creo que ha sido parte de la discusión pública de que las escuchas telefónicas son una medida intrusiva, que requiere de una alta justificación y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber, porque evidentemente genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica”.

Con todo, la vocera (s) sostuvo que desde el gobierno tienen “la posición de colaborar con la justicia, entregar todos los antecedentes y que sean los canales institucionales los que determinen las responsabilidades”.

Etcheverry, por otra parte, se refirió a las críticas de la oposición, que sostiene que resulta difícil creer que el Presidente Boric no estuviera al tanto de la inconstitucionalidad en la compra de la casa, de parte de la exsenadora Isabel Allende y de la exministra de Defensa, Maya Fernández.

“La oposición utiliza cualquier nuevo antecedente para hacer acusaciones, pero nosotros esperamos que el debate se base en hechos y no en filtraciones”, zanjó.