Desde noviembre del año pasado que el fiscal regional Patricio Cooper contaba con la autorización, otorgada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para interceptar el teléfono de Miguel Crispi, quien hasta el 10 de marzo se desempeñaba como jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

El exasesor presidencial se enteró recién la semana pasada que pesaba sobre él esta medida intrusiva cuando fue a declarar a la Fiscalía por el presunto tráfico de influencias en la fallida compra de la casa del difunto Presidente Salvador Allende.

Luego de ello, Crispi avisó inmediatamente a Palacio de que la Fiscalía podía tener acceso a innumerables conversaciones reservadas y sensibles de la época en que lideraba el llamado Segundo Piso de La Moneda, área donde se desempeña todo el equipo de colaboradores directos del Mandatario.

En todo ese tiempo, el gobierno, que aún no ha logrado cerrar el flanco judicial de los traspasos irregulares de fondos a fundaciones, como ProCultura -arista por la cual fue pinchado el celular de Crispi y se ha investigado a Boric-, ha debido enfrentar otros asuntos en tribunales que han salpicado al propio Jefe de Estado.

Uno de esos casos es la denuncia de violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien renunció el 17 de octubre de 2024, dos días después de que Boric supiera del hecho. El Presidente, además, ha tenido que responder por otra denuncia de acoso de un episodio ocurrido cuando era practicante -el cual ya fue desestimado- y también por la mencionada compra de la casa de Allende.

Lo paradójico es que actuar del mismo Crispi, quien siempre se resistió revelar conversaciones privadas con el Presidente o asuntos internos de La Moneda en comisiones investigadoras de la Cámara, incluso se negó a concurrir en un principio, ahora podría quedar completamente expuesto.

Medidas intrusivas

El problema del gobierno es que precisamente el seguimiento policial de Crispi, por el caso ProCultura, fue el que destapó -a través de una conversación telefónica con su madre, Claudia Serrano (PS), ocurrida el 7 de enero-, las presuntas presiones de Isabel Allende para vender la casa familiar. Ello abrió una investigación penal.

Este inmueble hoy pertenece a una comunidad hereditaria, donde participan la exsenadora y también la exministra de Defensa, Maya Fernández. Ambas estaban en pleno ejercicio de sus cargos cuando estalló la polémica debido a que la Constitución prohíbe a autoridades públicas celebrar contratos con el Estado, como la compraventa de un inmueble.

De hecho, a partir de ese contrato, Allende fue destituida del Senado por un fallo del Tribunal Constitucional en un proceso paralelo a la actual investigación penal por el mismo caso; mientras que a Fernández se le pidió la renuncia el 10 de marzo de este año en forma repentina, justo el mismo día en que Crispi dejó sus funciones como asesor. La salida de la exministra y del exasesor fue completamente sorpresiva. De hecho, ese lunes 10 de marzo, había concurrido a la Cámara a exponer a la comisión investigadora por el caso Monsalve.

A esas alturas, sin embargo, ya había rumores de que la Fiscalía estaba promoviendo acciones intrusivas por la fallida compraventa de la casa de Allende. Incluso, en febrero, el Ministerio Público pidió la incautación de los celulares de la exsenadora, de la exministra de Defensa, de Crisipi, de los asesores del Segundo Piso Leonardo Moreno y Bernardita Nazar y del abogado Felipe Vio, que representaba a la familia Allende. Esa medida en todo caso fue denegada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Todo este cuadro judicial ha generado una profunda preocupación en el gobierno, que ya ha expresado su incomodidad, en el pasado, por las medidas intrusivas y las filtraciones de aquellas causas en manos del fiscal Cooper, en particular por la investigación en contra de la expresidenta de la Cámara Karol Cariola (PC), que derivó en una solicitud de remoción presentada por diputados oficialistas en contra del persecutor.

No obstante, consultado este domingo por el pinchazo telefónico a Crispi, en una entrevista en Chilevisión, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), evitó polemizar. Simplemente reiteró que confiaba en la buena fe de la exsenadora Allende y desvió la entrevista a la importancia de cuidar el patrimonio histórico, mencionando inmuebles como la Casa Colorada o la Iglesia San Francisco.

“Estamos hablando de una conversación que una persona tiene con su madre en el contexto de la cotidianidad, donde claro, a veces uno usa hipérboles para poner énfasis en determinadas materias. Lo que yo puedo señalar es que creo que la senadora Allende actuó de buena fe. El Presidente ha señalado que se tomó la decisión por parte del Estado de Chile para preservar el patrimonio histórico y adquirir las casas de dos expresidentes (Allende y Patricio Aylwin)… Esto se transparentó al Congreso Nacional (en la Ley de Presupuesto)”.

Tohá: “Fiscalía debiera aclarar”

Sin embargo, fue la exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), la que deslizó el malestar que hay en el oficialismo por el papel de la Fiscalía.

“Lamentablemente ya ha sido recurrente que se filtren conversaciones que se conocen en el marco de procesos judiciales. Lamentablemente y gravemente, creo yo, desde ese punto de vista no es algo tan sorprendente, pero el contenido de esa conversación ciertamente preocupa y sorprende”, dijo en conversación con Mesa Central, de Canal 13.

Seguidamente, emplazó al Ministerio Público a justificar la medida intrusiva hacia Crispi: “Creo que es algo que requiere una aclaración, porque de donde entiendo, la razón por la cual se hizo esto con Miguel Cristi es por el caso Convenios, por su rol como subsecretario de Desarrollo Regional, cosa que terminó el año 2022. Entonces, ¿por qué seguían escuchándose conversaciones de él años después? Yo creo que es algo que la Fiscalía debiera aclarar, porque efectivamente llama mucho la atención”.

Agregó que “los actores políticos tenemos que aprender a ser mucho más cautelosos respecto de sacar conclusiones tan rápidas de las investigaciones, hay que dejar que sigan su curso y yo espero que eso además sea pronto por el bien del país de hacer transparencia en este hecho. La senadora ha dicho que ella cree que esos dichos merecen una aclaración y la investigación es la que tiene que hacer la aclaración”.

En línea con los dichos de Tohá, el diputado Raúl Soto (PPD), dijo que le preocupaba que se “filtre con facilidad información judicial”.

Su par de bancada, Jaime Araya (Ind. PPD), dijo que, por el rol sensible que tenía Crispi, “espero que por razones de seguridad nacional, el Ministerio Público entregue plenas garantías que esta fue la primera y última filtración, que se va a perseguir la responsabilidad penal, porque esto fue tipificado como delito en la legislación… Tuve la peor impresión del trabajo de Crispi y estas conversaciones la ratifican, pero no puedo dejar de hacer el punto que la disputa política no puede contaminar las investigaciones. Es indispensable que el fiscal abra una investigación por la filtración y decrete diligencias sobre los intervinientes que tuvieron acceso a este informe, cuando el juez autoriza una diligencia intrusiva, deposita la confianza ciudadana en los fiscales y las policías que no desviarán el propósito de la investigación, aquí hay que preguntarse quiénes son los otros intervinientes que tuvieron acceso al expediente”.

El diputado Juan Santana (PS), jefe de la bancada socialista y patrocinante de la acción contra el fiscal Cooper, señaló que “el Ministerio Público tiene que dar explicaciones. Es muy grave lo que está ocurriendo: utilizan medidas que vulneran la privacidad de las personas de forma política. No es algo menor que las personas estén expuestas en sus conversaciones más íntimas a la voluntad y tergiversación de la Fiscalía. Están haciendo un abuso de poder. Esperamos que el fiscal Ángel Valencia se pronuncie y que señale todas las acciones para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

El pinchazo

En la conversación telefónica, que difundió La Tercera este sábado, Crispi le respondió a su madre que también había “mucha responsabilidad” del abogado de la familia y de la propia Allende en toda la situación.

Serrano: “¿Ella lo pidió?”.

Crispi: “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee en la transcripción.

Sin embargo, en respuesta Isabel Allende replicó que lo señalado por Crispi era falso.

A partir de esta contradicción, los diputados opositores pretenden invitar a Allende y a Crispi a la comisión investigadora de la Cámara, que indaga las responsabilidades en la fallida compraventa del inmueble.

En canal 13, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que “hay una pregunta de fondo que todavía no ha sido respondida: de quién es la culpa, quién tuvo la idea, quién empujó esto hasta más allá de la legalidad”.

Sin embargo, agregó que la explicación dada por la exsenadora le parecía “inverosímil”. “Ella vivía en la casa, iba a tener que entregarla y siempre sostuvo que no sabía nada”, cuestionó.

Testimonio de Fernández

En tanto, ayer se conoció la declaración judicial realizada, el pasado martes 4 de marzo, por Maya Fernández, en ese entonces aún ministra de Defensa.

 La nieta del expresidente Salvador Allende dio testimonio en calidad de imputada por posible tráfico de influencias ante la fallida compra de la casa de su abuelo en la calle Guardia Vieja.

En su declaración Fernández indica que ella se mantuvo al margen de la compraventa, negó haber hecho gestiones personales y detalló que se enteraba del estado de avance de la operación a través de su tía, la exsenadora Isabel Allende.

También justificó el papel de Felipe Vio –yerno de la exsenadora y abogado representantes de la familia- al proceso, debido a que su especialidad era el tema inmobiliario.

“Pensé que todo estaba en regla”, señaló Fernández.