Piñera insiste en llamado a “acuerdo por la democracia y la paz” ante nuevos hechos violentos

Tras 18 días de vacaciones, el Presidente Sebastián Piñera retomó este lunes sus actividades en el Palacio de La Moneda, en donde encabezó -a las 8.00 de la mañana- una reunión con la mayor parte de su gabinete.

Dando inicio a lo que definió como "una nueva etapa" del gobierno, el Mandatario fijó como "prioridad número uno" la recuperación del orden público y convocó a un "gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia".

El llamado del Mandatario -el tercero que hace en materia de orden público y paz social desde el 18 de octubre- se dio justamente luego de que el fin de semana tuvieran lugar nuevos hechos de violencia, principalmente, en el marco de la obertura del festival de Viña del Mar.

A lo anterior se suma la creciente preocupación que se ha instalado en La Moneda respecto de un eventual recrudecimiento de las manifestaciones violentas durante el mes de marzo, donde ya anticipan seis jornadas complejas.

En ese sentido, el jefe de Estado emplazó a "quienes creen en la democracia" a "no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia".

"La línea divisoria no es entre gobierno y oposición. La línea divisoria es entre aquellos que creemos en la democracia y queremos vivir en paz, y aquellos que practican la violencia y quieren destruir nuestra democracia", agregó el jefe de Estado flanqueado por su gabinete, además de manifestar su "gratitud" a la labor de Carabineros y la PDI.

En esa línea, aseguró que ese pacto tiene que traducirse en el avance de la agenda social y de seguridad pública que ya se encuentra en el Congreso y que el Ejecutivo espera aprobar lo antes posible, junto a una agenda propyme.

En el gobierno aseguraban que con este nuevo llamado, el Mandatario busca ejercer presión sobre la centroizquierda ante la amenaza de marzo, precisamente, emplazándolos a cumplir la primera parte del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, firmado desde la UDI al Frente Amplio el 15 de noviembre.

Así, la estrategia -dicen las mismas fuentes- es instalar la idea de que la paz social "es una responsabilidad compartida" y, no solo del Ejecutivo, como ha planteado insistentemente la oposición.

En Palacio aseguran que en el contexto actual el gobierno requiere del "concurso de todos los actores" para garantizar, por ejemplo, las condiciones necesarias para el buen desarrollo del referéndum constitucional. "Necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para poder tener un plebiscito el día 26 de abril que sea democrático, que sea limpio, que sea transparente", subrayó Piñera.

De hecho, en La Moneda aseguran que ha habido contactos durante todo el verano con líderes de la centroizquierda, gremios empresariales y dirigentes sociales en ese sentido.

Y pese a que en el gobierno reconocen que este llamado a acuerdo no se plasmará en algún documento o en algo concreto con las fuerzas opositoras, sí esperan que sea suficiente para que la centroizquierda "comprometida con la democracia" tome acciones políticas, más allá de condenar la violencia, para "aislar" a quienes la defienden.

En el gobierno explicaron que la idea es evitar que la centroizquierda valide nuevas acusaciones constitucionales en contra de autoridades como, por ejemplo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Y, asimismo, que los partidos de la oposición castiguen a sectores como el Partido Comunista o el Frente Amplio ante eventuales alianzas políticas. Esto, aludiendo a declaraciones como las que dio el fin de semana el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien sostuvo que "el pueblo tiene todo el derecho a defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde".

Desde la oposición reaccionaron con sorpresa ante el anuncio del Mandatario. Casi todos los presidentes de partido del sector coincidieron en que es el gobierno el responsable de asegurar el orden público y la paz social. Asimismo, apuntaron a que cualquier acuerdo debe apuntar a soluciones económicas y sociales.

"Un acuerdo con la oposición no va a resolver el problema si no existen propuestas sociales que respondan a las demandas de los ciudadanos", manifestó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

En la misma línea, en el sector apuntaron a que el Ejecutivo estaba intentando "distribuir culpas" frente a los actos violentistas que puedan seguir ocurriendo y que este llamado a un nuevo pacto, era solo un "titular sin sustento". Además, manifestaron su preocupación respecto de que se ponga en duda el éxito del plebiscito.

"Que el Presidente no transforme en virtud lo que constituye una obligación democrática: respetar el resultado del plebiscito. Los líderes oficialistas deben dejar de buscar excusas contra el plebiscito y el gobierno tiene la obligación de garantizar su realización", advirtió el líder socialista.

Ninguno de los consultados además reconoció algún tipo de contacto con el gobierno para abordar este posible acuerdo contra la violencia. Todos, eso sí, aseguraron que en sus colectividades han hecho los llamados necesarios para condenarla.

1 Infractura crítica

Busca autorizar a las FF.AA. para que, en determinadas ocasiones, puedan resguardar recintos considerados como "críticos", tales como centrales eléctricas o de abastecimiento de agua potable.

2 Reforma a Carabineros

Según fuentes de gobierno, en los próximos 15 días, el Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto que, recogiendo propuestas de parlamentarios y equipos técnicos, pretende reformar integralmente la institución.

3 Cambios al Sistema de Inteligencia

Ingresado a fines de 2018, el proyecto -que se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados- introduce diversas mejoras en el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE).

4 Reforma al sistema de pensiones

Tras un acuerdo con la DC, el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja. Para su trámite en el Senado, en el gobierno dicen que evalúan ponerle discusión inmediata para que salga del Congreso en marzo.

5 Ingreso mínimo garantizado

El proyecto busca beneficiar, a través de un subsidio, a unos 700 mil trabajadores. El texto fue aprobadoen la Cámara y está en la Comisión de Trabajo delSenado.

6 Reforma a Fonasa

Con un universo de beneficiarios superior a las 14 millones de personas, este proyecto crea un plan de salud universal. Fue ingresado a comienzos de enero.

7 Agenda propyme

Sin mayores detalles, el Mandatario anunció una agenda para que las pymes enfrenten “la difícil situación económica que la violencia ha provocado”.