Plan de emergencia: Los nudos que han marcado la negociación

Fue el lunes cuando los presidentes de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, Revolución Democrática, el Partido Radical y el Partido Liberal exigieron al gobierno que se legislara “inmediatamente” el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otras iniciativas de protección social que forman parte de los diálogos del acuerdo. Esta solicitud opositora tensionó las conversaciones con el oficialismo, quienes insistieron en que el plan de emergencia debía verse como “un todo” y sin separar los proyectos del pilar social de los planes de reactivación económica. El punto, incluso, fue remarcado por el propio Presidente Sebastián Piñera.

La declaración pública complicó el diálogo durante esta última semana. En la instancia negociadora, los representantes opositores defendieron en más de una oportunidad la idea de darle prioridad y urgencia al pilar social en un primer acuerdo, para luego darse unas semanas más de conversaciones para pactar el resto de los puntos.

Como “decepcionante” e “insuficiente” habían calificado en la oposición la propuesta de marco fiscal que hizo el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En su primera propuesta formal, el secretario de Estado puso sobre la mesa 10 mil millones de dólares para un periodo de 20 meses, sin embargo, desde la centroizquierda apuntaron a que no se trataría de una nueva inyección de recursos, sino que más bien de reasignaciones y subejecuciones presupuestarias.

En la oposición solicitaban un marco fiscal acorde a la propuesta que, un día después de que Briones mostrara los recursos disponibles, los propios economistas que lo asesoraban al titular de Hacienda materializaron en la reunión con la mesa negociadora: un gasto de US$ 12 mil millones repartidos en un plazo flexible de 24 meses.

El tema, no obstante, se modificó las últimas horas, luego de que el Ejecutivo se abriera al monto de los economistas (ver central).

Con el actual proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia una familia de cuatro personas recibe $ 260.000 de IFE ($ 65.000 por cabeza), montos que el Ejecutivo planteó subir entre $ 70.000 y $ 75.000 pesos, ampliando además el universo de los beneficiados y eliminando la diferenciación entre hogares con ingresos formales de los informales.

Sin embargo, desde la centroizquierda -quienes consideran este proyecto como “urgente”- señalaron que esa cantidad aún no superaba la línea de la pobreza y plantearon sus diferencias respecto del margen de cobertura. En el sector han planteado que se debería llegar a una cantidad cercana a los $ 451.000 para una familia de cuatro.

En el oficialismo, en tanto, veían con “preocupación” el hecho de que, como los beneficios son de carácter transitorio, se podría generar un gasto mayor en el caso de las familias que reciban este dinero y que hoy perciben un monto menor al IFE. Esto, debido a que desde el sector hacen ver la complejidad que significaría eliminar el beneficio luego de tres meses.

Un gallito entre los polos de visiones económicas se ha puesto de relieve en este debate por la reactivación. Por un lado, los parlamentarios de oposición que tironean porque ésta tenga como eje principal más inversión pública, y por ello aplaudieron la presentación del exministro de Economía Juan Andrés Fontaine (del grupo de los 16) que insistía en tener los proyectos públicos listos y, si había subejecución en obras debía insistirse en ellas el próximo año.

Por el otro lado, la primera propuesta del ministro Briones incorporaba varias fórmulas para reducir impuestos como la depreciación instantánea, el descontar como gasto los nuevos contratos de empleo, etc., lo que para la oposición es un cambio tributario que afectaría, además los ingresos fiscales. Por ello en privado comentan que si el gobierno quiere modificar tributos, que compense por otro lado con otras ideas impositivas como el impuesto a los superricos o cerrando algunas exenciones.

Si bien tanto el planteamiento inicial del ministro como el documento consensuado de los 16 economistas, incluyen ideas para apoyar a las grandes empresas, este tema no ha terminado por convencer mucho. Es más, dentro del mismo oficialismo dudan que este punto se mantenga dentro del plan de emergencia si es que llegan a acuerdo porque hay muchas capas problemáticas.

La primera es la justificación política de porque se destinará dinero a empresas cuando el gobierno ha señalado con insistencia que los recursos son escasos para apoyar a las familias. Comunicacionalmente, añaden los parlamentarios, ha costado instalar que una quiebra de estas firmas no sólo afecta a sus dueños, sino que a todo un entramado de proveedores, empleos indirectos, que moviliza una red de servicios asociados.