Platas para FF.AA: Académicos alertan por falta de transparencia y control democrático en proyecto en trámite

A horas de que la comisión de Hacienda del Senado se reúna para votar el proyecto de ley que modifica el financiamiento de las fuerzas armadas y pone fin a la llamada Ley del Cobre, un grupo de académicos envió hoy una carta a los parlamentarios para manifestar su preocupación "por el tenor que en la actualidad tiene el proyecto dado que no cumple con mínimos estándares de transparencia y control democrático necesarios en una democracia republicana".

Lo anterior, sostienen, es  "particularmente preocupante en un contexto donde se han conocido de reiterados casos de corrupción en relación a los recursos destinados a las Fuerzas Armadas".

El grupo de firmantes, entre los que se encuentran Oscar Landerretche, Eduardo Engel, Claudio Fuentes y Mauricio Duce, llama a considerar en el proyecto "principios mínimos que hoy no están considerados en la iniciativa". En esos puntos, sostiene que se debe "eliminar la figura de pisos mínimos o basales de los gastos generales que anualmente aprueba el Congreso Nacional y que, de aprobarse la iniciativa, se mantendrían en la misma lógica establecida en 1989". Ello, porque " los pisos mínimos o basales no tienen una explicación lógica toda vez que los recursos del sector defensa debiesen planificarse en virtud de escenarios presentes y futuros inscritos en una Estrategia de Defensa Nacional discutida y aprobada por los y las congresistas y no en relación a una situación que se vivía hace 30 años atrás como fue la transición a la democracia. A este respecto, el proyecto de reforma realmente no cambia lo fundamental de la ley del Cobre, haciéndolo sólo en apariencia"

Plantean además, "establecer un mecanismo de control de las compras de armamento militar que separe entre la institución que realiza los requerimientos (Ministerio de Defensa), aquella que establece los contratos y realiza las compras (un Consejo de administración de compras civil dependiente de Presidencia), y quien administra los recursos financieros (El Banco Central), así como fortalecer el rol de control del Congreso. El proyecto en discusión mantiene en las instituciones armadas el poder de compra y se plantea una débil institucionalidad de control civil  superior".

Entre sus propuestas también destaca "establecer una regulación más estricta de los fondos reservados, incluyendo que sea el Ministro o Ministra de Defensa quien defina el monto de estos fondos, y que las rendiciones se realicen a través del Ministro de esta cartera y en forma desagregada, y no a través de Certificados de Buena Inversión, como figura en la actualidad en el proyecto".

Según los firmantes, "enfrentamos una oportunidad histórica de establecer un diseño institucional  para una eficiente y eficaz Defensa Nacional que permita cumplir con objetivos de control democrático, transparencia y rendición de cuentas para el financiamiento de las Fuerzas Armadas", por lo  que "desaprovechar esta oportunidad sería una equivocación que en el futuro—nuevamente—tendrían que pagarla todos los chilenos y chilenas".

Vea la carta completa aquí. Aquí.