Platas políticas en tela de juicio: cómo el financiamiento estatal habría incidido en la fragmentación de los partidos

La reforma electoral que se votará esta semana en el Congreso es solo un apronte de una discusión legislativa mayor que se avecina en los próximos meses.

Lo cierto es que la iniciativa que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales y que establece un conjunto de medidas electorales (como multar a quienes no voten o recortar el aporte que entrega el Fisco a candidatos y partidos por cada voto obtenido), se está tramitando como una ley transitoria.

En otras palabras, gran parte de estas disposiciones, especialmente las más conflictivas, no tendrán efecto directo en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025. Eso tendría que ser parte de una discusión mayor en una reforma electoral permanente (que ya fue ingresada, pero permanece congelada) y que inevitablemente se mezclará con el ánimo de iniciar una gran modificación al sistema político para combatir la fragmentación parlamentaria.

De hecho, la indicación del gobierno, que buscar reducir el reembolso fiscal por cada voto, solo se aplicaría para los comicios de este año y la idea del Ejecutivo es volver a discutir ese punto en la otra ley para sus efectos permanentes, en vista del alto costo fiscal, del orden de $ 30 mil millones, que implicaría mantener el actual modelo de financiamiento con un sistema de sufragio obligatorio.

Ad portas del debate que se avecina, el Instituto Libertad y Desarrollo añadió un nuevo elemento. Un informe elaborado por este centro de pensamiento alerta que, además, el actual modelo de financiamiento fiscal permanente a los partidos habría generado un incentivo económico para la proliferación de grupos políticos.

Según LyD, “la coexistencia de un sistema electoral proporcional con un sistema presidencialista ha dificultado la formación de mayorías parlamentarias, alentando una dinámica fragmentaria en nuestro sistema político, pero en este campo, la introducción de un robusto sistema de financiamiento público a la actividad política también ha desempeñado un rol incidente”.

Como muestra, LyD detalla que desde que se instauró el modelo de aportes fiscales permanentes, en 2017, se duplicó el número de partidos. En las elecciones de 2013, había 9 colectividades que llegaron a la Cámara, pero, en los comicios de 2017, los partidos con representación parlamentaria subieron a 16 y en los de 2021, llegaron a 21.

Hoy, el Estado entrega un aporte trimestral a los partidos, a partir de un fondo que se calcula según el número votos válidamente emitidos en la anterior elección de diputados. Eso dineros, que podrían llegar a sumar $ 13 millones al año, según los últimos niveles de participación electoral, se distribuyen entre todas las colectividades que tienen representación parlamentaria.

En 2022, el Fisco llegó a destinar $7.644 millones en aportes permanentes y $101.775 millones por concepto de reembolsos por votos, lo sumó un récord de $109.419 millones, si este año se suma la variable del voto obligatorio, que aumentaría los reembolsos ($30 mil millones más), los platas políticas se acercarían a los $140 mil millones.

“Este sistema de financiamiento público permanente a los partidos y a las campañas ha incentivado la creación de nuevos partidos y representado costos significativos para el Estado, sin lograr mejoras tangibles en la lucha contra la corrupción. En el próximo debate en torno a la necesaria reforma a nuestro sistema político, debiera primar una lógica sistémica”, agrega LyD.

En esa línea, el instituto propone que “nuestro país debiera avanzar hacia un sistema de financiamiento que incluya requisitos más estrictos para el acceso a fondos públicos y fomentar modelos más austeros de financiación estatal, con más incentivos a la participación ciudadana, siguiendo ejemplos de algunas de las democracias de la OCDE. En ese sentido, el proyecto del gobierno de reducir los aportes por voto dado la implementación del sufragio obligatorio avanza en la línea correcta, por lo que dicha norma debiera ser aprobada por el Congreso”.

El actual modelo de financiamiento público de la política se basa en dos pilares.

El primero -el mecanismo de reembolso por voto- se instauró en 2003: la ley 19.884 sobre transparencia y control del gasto electoral, que fue tramitada para dar respuesta a una seguidilla de escándalos de corrupción, como los casos Coimas y Mop-Gate.

La necesidad de apartar a la política de redes de financiamiento ilegal llevó a las autoridades de la época, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, a acordar un modelo en que el Fisco asumía gran parte del sustento electoral mediante un reembolso por cada voto que obtenía un candidato y respectivo partido.

En la reforma electoral que se votará esta semana en el Congreso, el gobierno está tratando que ese reembolso fiscal a los candidatos sea rebajado de $ 1.500 a $ 970 por cada voto, mientras que la devolución, adicional, que se entrega a los partidos -que patrocinan a esos postulantes-, baje de $ 560 a $ 370.

No obstante, a esos aportes circunstanciales, que se ejecutaban desde 2003, se sumó otro pilar de financiamiento fiscal (el aporte permanente), que fue legislado, entre 2016 y 2017, en la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Tras otra seguidilla de escándalos, a propósito de los casos Penta, SQM y Caval, el segundo gobierno de Bachelet, promovió un paquete de reformas para dar más transparencia y fortalecer el sistema de partidos.

Algunas de estas medidas eran parte de las recomendaciones del entonces Consejo Presidencial Anticorrupción, que presidió el economista Eduardo Engel. Entre ellas figuraban los aportes permanentes del Estado a los partidos para sus gastos corrientes, a cambio de que transparentaran su funcionamiento y depuraran sus padrones de militantes, que, por lo general, estaban abultados artificialmente.