Plebiscito: Chile rechaza propuesta de nueva Constitución con histórica participación de más de 12 millones de personas
Según datos del Servicio Electoral (Servel) -hasta las 20.07 horas- y con un 88,08% de las mesas escrutadas a nivel nacional por un 62% se imponía esa opción, mientras que un 38% lo hizo por el Apruebo.
Este domingo 4 de septiembre la ciudadanía acudió en masa a las urnas -en la primera elección con voto obligatorio desde 2012- para decidir sobre la propuesta de nueva Constitución emanada por la Convención Constitucional. Finalmente, los chilenos decidieron rechazar la propuesta que durante un año trabajó el órgano.
Según datos del Servicio Electoral (Servel) -hasta las 20.35 horas- y con un 98,43% de las mesas escrutadas a nivel nacional por un 61,90% se imponía esa opción, mientras que un 38,10% lo hizo por el Apruebo. Más de 12 millones 500 mil personas habían participado del proceso.
La jornada fue larga y estuvo marcada por una gran participación ciudadana. Desde temprano las personas comenzaron a acudir a sus locales de votación, incluso algunas llegaron antes de la apertura de mesas, esto debido al cambio de horario que inicialmente iba a ser este sábado, pero que se aplazó una semana.
El gobierno evaluó positivamente la jornada, tanto en la participación, como en el transporte público y el funcionamiento de las instituciones involucradas durante el proceso.
Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, luego de emitir su voto en Magallanes, reiteró su llamado a que cualquiera fuese el resultado de la consulta, iba a convocar a una “amplia unidad nacional”.
“Puedo garantizar de que nuestra voluntad y nuestra acción, independiente de cual sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones, de la sociedad civil de los partidos políticos”, indicó.
Aproximadamente 30 minutos después del cierre de mesas se conoció, además, que el Presidente Boric convocó a todos los partidos a una reunión para este lunes en La Moneda con objeto de dar “continuidad al proceso constituyente”.
Las primeras alarmas en el Apruebo se prendieron a eso de las 19.35 cuando el senador del PS, Fidel Espinoza escribió en Twitter una crítica a la convención junto a una foto de una mesa donde ganaba el Rechazo: “Háganse responsables los señores convencionales de esta debacle”, indicó. En tanto, a esa misma hora, en la derecha ya comenzaban a preparar las cosas para celebrar el resultado electoral.
A las 20.00 otro personero de oficialismo se sumó a reconocer la derrota. El senador PPD, Jaime Quintana aseguró que “la ciudadanía se está manifestando de forma categórica: Propuesta de nueva Constitución no logró convencer a la mayoría de Chile”.
De esta manera, seguirá rigiendo en el país la Constitución que se estableció en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet y que durante 4 décadas ha estado vigente, a pesar de que fue reformada en numerosas ocasiones durante la democracia.
El Rechazo fue apoyado desde el principio por los partidos de oposición a Boric, sin embargo, las colectividades de Chile Vamos y Republicanos resolvieron mantenerse en una segunda, como quedó graficado en la franja televisiva -espacio que fue cedido a las organizaciones de la sociedad civil- y en los actos de cierre de campaña. Figuras importantes del sector, como el expresidente Sebastián Piñera y el excandidato presidencial José Antonio Kast, prácticamente mantuvieron silencio.
Sin embargo, el consenso general es que la actual Carta Magna -pese al triunfo del Rechazo- debiera continuar un proceso por cambiar la Constitución de todos modos. Así al menos lo transmitieron durante las últimas semanas colectividades de oficialismo y oposición. De hecho, el propio Presidente lo dejó en claro previo a los comicios: “Si es que gana el Rechazo vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención, eso va a tomar por cierto más tiempo, pero el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución”, aseguró el pasado 20 de agosto.
La declaración del Mandatario reflejó el cambio en la postura que el gobierno adoptó desde que se entregó la propuesta de nueva Carta Magna hasta el día del plebiscito. Esto se tradujo en una serie de diálogos con diversos sectores para buscar alternativas frente al triunfo del Rechazo. En los últimos días diversos personeros del Ejecutivo dejaron en claro que el resultado de esta jornada “se respetaba” aunque la diferencia fuese de “un voto”.
Sin embargo, el rol previo que venía adoptando el gobierno en torno a tomar más riesgos respecto a la opción Apruebo de cara al plebiscito había generado una serie de recriminaciones y cuestionamientos a la administración del frenteamplista.
El debate que se tomará la discusión ahora será cómo continuar el proceso, ya que hay diferencias respecto a si se debiera realizar un nuevo plebiscito de entrada, debate que genera división al interior de la oposición; así como también si se debe convocar a una nueva Convención, punto que fue advertido por el presidente de la Cámara, Raúl Soto, quien indicó que lo anterior “no estaba zanjado”. Debe verse también si ese órgano replicaría las reglas de la Convención que realizó la propuesta rechazada o se debiese optar por otros mecanismos.
Fraguando el camino que se viene, el Mandatario recibió esta semana reservadamente en La Moneda a los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde y a Soto justamente para abordar los escenarios post elecciones ganase el Apruebo o el Rechazo.
El Congreso, por su parte, durante las últimas semanas se transformó en la sede de las conversaciones -hasta ahora informales- entre oficialismo y oposición para llegar a un acuerdo que permita continuar el proceso constituyente. Es así como en el Socialismo Democrático hay consenso de que dicho acuerdo debe efectuarse “rápidamente”, e incluso en el PPD transmiten que la idea es concretarlo antes del 11 de septiembre, debido a la connotación histórica que tiene esa fecha.
En la derecha, en tanto, en las últimas horas se comunicó que los partidos agrupados en Chile Vamos habían logrado llegar a un consenso en torno a un “gran acuerdo” que incluya reformas programáticas y la continuidad del proceso constituyente.
Un largo camino
Un año, diez meses y 8 días pasaron desde que los chilenos, en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, decidieron por amplia mayoría (78,31% versus un 21,69%) cambiar la Constitución de 1980 y se diera el inicio al proceso para la redacción de una nueva Carta Magna a través de una Convención Constitucional que fue respaldada por 79,18% de quienes votaron esa jornada.
Así se comenzaba a encauzar el estallido social que un año antes, el 18 de octubre de 2019 se desató en el país y que remeció al mundo político y, en especial, al gobierno del entonces Presidente, Sebastián Piñera y que tuvo una salida política con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre que fue cuando se habilitó dicho plebiscito.
El camino en el cual Chile se embarcó desde ese lejano octubre de 2020 no estuvo exento de ripios y dificultades. La primera valla fue la elección de los 155 representantes ciudadanos que integrarían la instancia, en donde la ciudadanía eligió en su mayoría a independientes y la derecha quedó relegada a tan solo 37 miembros del total de convencionales.
Luego vino la ceremonia de instalación del órgano, el 4 de julio de 2021, la cual estuvo marcada por una serie de incidentes, entre ellos el hecho de que un grupo de constituyentes pifiaran el himno nacional y retrasaran la ceremonia inaugural por protestas que se producían en los alrededores del exCongreso Nacional en Santiago. Dicha jornada quedó marcada por el protagonismo inesperado de la secretaria del Tricel, Carmen Gloria Valladares, quien fue la que logró llevar adelante el acto pese a los cuestionamientos de algunos constituyentes. Así, el trabajo del órgano comenzó con más dudas que certezas.
Los problemas siguieron al día siguiente, cuando la primera sesión del órgano realizada en dependencias del exCongreso Nacional en Santiago fracasó debido a problemas logísticos. Fallas de Internet, equipos que no estaban habilitados y falta de medidas sanitarias fueron algunos de los reparos que se repitieron entre quienes asistieron el 5 de julio.
Dos meses después de la instalación, el 4 de septiembre de 2021, cuando el órgano se concentraba en establecer un reglamento interno y sus comisiones de trabajo, un nuevo golpe remecería su trabajo: uno de los convencionales elegidos por la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade comunicaba que no tenía cáncer, enfermedad que aseguró tener durante su campaña para integrar la Convención.
La declaración de Vade motivó a que el Congreso legislara una reforma constitucional para habilitar su salida, la que finalmente se concretó el 16 de marzo de 2022. Sin embargo, su situación puso un manto de duda sobre el trabajo del órgano, esto pese a que desde el primer minuto los convencionales salieron a desmarcarse de su actuar.
En ese mes otro problema afectó al órgano, pero en esta oportunidad se estaba generando en la interna. Las discusiones sobre el sistema político que se propondría en la propuesta constitucional tensionaron la interna de la Convención. Incluso, según dio cuenta La Tercera en una serie de reportajes sobre el proceso, en dicha oportunidad, por primera vez, se pensó en el fracaso del proceso.
Fueron varias horas de negociaciones que estuvieron precedidas por la decisión de eliminar el Senado y establecer un Congreso unicameral, postura que fue duramente criticada por parte de los partidos políticos con representación en el órgano. Esto llevo a que se produjeran nuevas conversaciones entre los convencionales que integraban la Comisión de Sistema Político y, además, generó duras recriminaciones entre miembros de la izquierda.
En paralelo y con el paso del tiempo el amplio apoyo ciudadano al trabajo de la Convención fue bajando hasta llegar a un 28% de aprobación, según Criteria.
Es así como finalmente, justo un año después de haber iniciado su trabajo, el órgano entregó la propuesta final de nueva Constitución para ser plebiscitada ante la ciudadanía.
Dicho hito dio paso al proceso de campaña donde los principales partidos políticos comenzaron a adoptar postura por una de las dos opciones a plebiscitar: Apruebo o Rechazo.
Las coaliciones de gobierno Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático se inclinaron por el Apruebo; la DC en tanto si bien también determinó ir institucionalmente por esa opción, sufrió una división interna luego de que varios de sus militantes, encabezados por el expresidente Eduardo Frei hicieran pública su opción por el Rechazo.
En la derecha, en tanto, la cosa fue más clara y los tres partidos de Chile Vamos (UDI, Evópoli y RN) más el Partido Republicano se fueron por el Rechazo. A ellos se sumó el PDG, tienda que mediante una consulta online se definió contrario a la nueva Constitución.
Durante el periodo de campaña el debate se centró en dos aspectos: las mejoras que había que introducir al texto constitucional en caso de ganar el Apruebo y, en segundo, lo que pasaría después del 4 de septiembre en caso del triunfo de Rechazo y cómo continuaría el proceso constituyente. Este último punto durante el proceso comenzó a tomar cada vez más fuerza, ya que a que a medida que se acercaban los comicios, diversas encuestas de opinión empezaron a dar una ventaja a la opción Rechazo sobre el Apruebo, la que en promedio era de 6 puntos de diferencia.
En tanto, el gobierno de Boric inició una campaña de voto informado, en la cual comenzaron a difundir información del proceso constituyente e, incluso, imprimieron un gran número de copias de la propuesta de nueva Constitución las que fueron repartidas en diversos puntos del país. En la capital, se instaló un kiosco al frente de La Moneda, en la plaza de la Constitución.
El acto fue recriminado por la oposición, sector que acusó al gobierno de intervencionismo y de adoptar postura por el Apruebo. Es así como se ingresaron diversas denuncias a Contraloría para que se investigara la situación. El órgano liderado por Jorge Bermúdez decidió abrir una investigación especial que se centró en el rol de la Segegob, ministerio liderado por Camila Vallejo, para lo cual los fiscalizadores llegaron a La Moneda. Un mes después de iniciada la indagatoria, en una primera etapa, se comunicó que la cartera acreditó el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas en primera etapa de investigación especial.
Entre medio, el órgano fiscalizador había iniciado otra investigación, esta vez sobre el rol que el ministro titular de la Segpres, Giorgio Jackson, cumplió en el marco del acuerdo alcanzado por los partidos oficialistas para reformar la nueva Constitución. Según Contraloría, el secretario de Estado “no se ajustó a la necesaria prescindencia”.
Los últimos días de campaña estuvieron marcados por hechos externos que tensionaron el ambiente previo a los comicios. Primero el ocurrido en Valparaíso el sábado 27 de agosto en el marco del cierre de la campaña del Apruebo en la región donde el grupo Las Indetectables realizó un polémico acto que involucró a la bandera chilena. Días después, en el Congreso Nacional, en la misma ciudad, en un hecho separado de las campañas, pero ligado al mundo político, el diputado Gonzalo de la Carrera golpeó al vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda.
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