Plebiscito: Cómo quedó el acuerdo por financiamiento

A contrarreloj negociaron este viernes hasta último minuto los comités de oposición y oficialismo en la Cámara Alta. El objetivo era lograr un acuerdo que permitiera regular el financiamiento electoral del plebiscito del próximo 25 de octubre.

Tras las intensas tratativas, finalmente se logró consensuar un texto que contó con el respaldo desde el Frente Amplio a la UDI y fue aprobado en sus disposiciones clave por 39 votos a favor y dos abstenciones de Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO). De ser ratificada también por la Cámara de Diputados el lunes, la reforma permitirá fijar límites en materia de aportes y gasto electoral, antes de que el martes se dé por iniciado el periodo de propaganda.

En concreto, la normativa limita los aportes individuales en favor de partidos en un máximo de 500 UF, es decir, cerca de $ 14 millones, mientras que en el caso de las donaciones a organizaciones de la sociedad civil permite un máximo de 200 UF.

En el caso del gasto electoral, en tanto, fija un techo de cerca de $ 2.100 millones por cada una de las opciones plebiscitadas -apruebo, rechazo, convención constitucional y convención mixta constitucional-, donde el monto que pueda desembolsar cada partido será calculado de acuerdo a la votación que haya obtenido en la última elección de diputados.

Pese a la transversalidad del acuerdo, el debate no estuvo ajeno a críticas de parte de algunos legisladores de la centroizquierda, quienes si bien valoraron que se haya llegado a un consenso dado el quórum de 3/5 que se requería, advirtieron lo elevado de los montos establecidos.

Cabe destacar que inicialmente la oposición había propuesto limitar el gasto por partido y no por opción, lo que de acuerdo a la interpretación de Chile Vamos, perjudicaba a la opción del rechazo. Esa fue una de las principales concesiones que hizo la centroizquierda en la negociación.

Con todo, el hito fue valorado por sus impulsores y también por el gobierno. “A través de esta normativa se reduce la influencia del dinero en la política”, afirmó su autor, Álvaro Elizalde (PS), mientras que el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, comprometió el envío de un proyecto para garantizar las exenciones tributarias a las donaciones, normativa que además incluirá recursos adicionales para contrataciones del Servel de cara al referéndum.

En paralelo a la sesión del Congreso, el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, señaló que “para nosotros el plebiscito hoy va sí o sí”, despejando aún más las dudas de una eventual postergación. Asimismo, abordó la campaña de participación que el gobierno está terminando de afinar y cuyo énfasis será un plebiscito seguro.

El gobierno busca que la campaña pueda iniciarse 21 días o incluso un mes antes del referéndum. Para eso, Bellolio tendrá una reunión la próxima semana con Anatel.

Quienes superen los límites fijados por la norma ya sea en cuanto a aportes o respecto del gasto electoral serán sancionados “con multa del doble al cuádruple del exceso” transferido.

En relación a quienes incumplan la prohibición de recibir aportes de empresas o desde el extranjero, “serán sancionadas con multa del doble al cuádruple de las cifras indebidamente percibidas”, mientras que las personas jurídicas infractoras “serán sancionadas con multa del doble al cuádruple del monto ilegalmente aportado”.

Todas las sanciones, tendrán que ser conocidas por el Servel y deberán ser aplicadas con criterios de “gradualidad, reiteración y proporcionalidad”.

El límite del gasto para el conjunto de los comandos o partidos se calculará para cada una de las opciones -apruebo, rechazo, convención constitucional y convención mixta constitucional- y será el que resulte de multiplicar 0,005 UF por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito, es decir, cerca de $ 2.100 millones. El límite individual de cada fuerza se determinará por su votación en la última elección de diputados.

El texto permite a los partidos inscribirse en una o más opciones plebiscitadas, caso en que “se calculará en base al límite de sus diputados que adhieran a una u otra opción”.

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera sea su composición, el límite del gasto electoral, por cada opción plebiscitada, será de cerca de 127 millones.

La ley que aprobó la Cámara Alta fija un límite total de los aportes individuales para afiliados a los partidos y terceros en 500 UF, equivalentes a cerca de 14 millones de pesos. Es decir, tanto personas naturales como militantes podrán aportar máximo ese monto para las campañas sometidas a plebiscito a una determinada colectividad.

En tanto, respecto “de los aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil destinados a las campañas señaladas, será de 200 unidades de fomento. En el caso de los parlamentarios independientes dicho límite será de 60 UF”, señala la iniciativa legal.

Dentro del debate y las negociaciones entre gobierno, oficialismo y oposición era uno de los aspectos que generaba mayor consenso. La normativa que se alcanzó finalmente prohíbe “cualquier aporte de campaña provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer el derecho a sufragio en Chile”.

Asimismo, y al igual que otras elecciones, se prohíbe que los aportes de campaña provengan de empresas.

“Los contratos que celebren los partidos, parlamentarios independientes o las organizaciones de la sociedad civil para la utilización de plataformas digitales, deberán ser publicados por el Servel”, se lee en el texto aprobado. Se establece que “los proveedores de medios digitales deberán remitir al Servel, en virtud de los convenios que dicho servicio celebre con éstos, la identidad y los montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral”. Toda esa información será publicada en la página web oficial del Servel y deberá ser actualizada diariamente.

La reforma establece que todos los aportes serán públicos, por lo que los partidos políticos, los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil que los reciban dentro del período de campaña electoral “deberán informarlo, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recepción, al Servel, consignando el nombre completo y número de cédula de identidad del aportante, el que será publicado en el sitio web de dicho servicio y actualizado diariamente”. La publicidad de los aportes se dará con excepción de aquellos menores a 40 UF.