Tras definir normativas de participación popular: Pleno de la Convención finaliza la votación de su reglamento interno

Ayer se vivió una convulsionada jornada en la Convención Constitucional, tras una sesión plenaria marcada por la ratificación de los plebiscitos dirimentes, mecanismo que permitiría a la ciudadanía decidir en torno a un tema que no lograse los 2/3 de quórum en el órgano constituyente; lo que provocó la amenaza por parte de Vamos por Chile de recurrir a la Corte Suprema.

Un trabajo maratónico que, tras semanas de sufragio en el hemiciclo, concluyó hoy jueves, con la deliberación en torno a las cerca de 100 indicaciones restantes del reglamento de Participación Popular, y con ello, dar por finalizada la definición de la normativa interna del órgano constituyente.

A eso de las 18.15 horas, se dio fin al proceso de deliberación tras la revisión de 105 artículos y 456 indicaciones. “Que bueno, qué bonito, qué alegría y qué orgullo terminar la votación del reglamento. Un aplauso a todos y todas las convencionales. Ha sido un trabajo intenso, pero también con mucho respeto, diálogo, un trabajo de escucha y pensando en la época que estamos”, dijo la presidenta Elisa Loncon.

“Cuando vemos las abejas y la polinización de las flores, así estamos los convencionales, trabajando intensamente como abejas. Ese trabajo lo debe recibir el pueblo de Chile. Y llevar el orgullo de que quienes llegamos acá, llegamos a cumplir el mandato del pueblo. Agradecemos a todos los profesionales que acompañaron, el personal técnico”, añadió la presidenta de la instancia previo a una aclamación masiva al secretario John Smok.

“Tenemos una agenda, nada se detiene. Tenemos la semana territorial y a la vuelta formaremos las comisiones”, concluyó Loncon.

Ayer miércoles los distintos colectivos también inscribieron sus respectivos patrocinios para asegurar su participación en las siete comisiones permanentes, instancias que tendrán el rol de iniciar la discusión de fondo de la nueva Carta Magna el próximo 18 de octubre.

Pasadas las 18.30, en un punto de prensa, Elisa Loncon reiteró su alegría por haber concluido con éxito la etapa de elaboración del reglamento de la Convención. “Hoy hemos concluido una etapa fundamental dentro del trabajo y del quehacer de la Convención Constitucional: hemos concluido la votación del reglamento que, como tantas veces lo hemos dicho, es la columna vertebral que dará la fuerza y los métodos, y que nos organizará para poder escribir los contenidos de la nueva Constitución”.

Por su parte, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, indicó que, tras concluir este proceso inicial, “hoy podemos mirar el futuro con más esperanza de lo que lo veníamos haciendo. Hoy no solamente termina una etapa de instalación del proceso constituyente, sino que principalmente empieza, ahora sí de verdad, el proceso político, social, cultural, de construcción, de configuración de una nueva Constitución, de nuevas relaciones sociales, de nuevas relaciones de poder”.

“Hoy día empieza por fin esa discusión que durante tantos años, durante tantas décadas, hemos estado esperando y empujando. Es un día muy emotivo y de mucha alegría”, agregó el abogado constitucionalista. “Ahora viene otra etapa; etapa de despliegue territorial, que empezará el lunes 11 de octubre, y etapa de trabajo constituyente, que empezará el lunes 18 de octubre”, cerró.

A las 9.30 horas se dio inicio a la sesión, se hizo lectura de la cuenta y se procedió a discutir la votación a partir del Artículo 56 “Encuentros Territoriales” (correlativa a la indicación 343), el que estipula que son “actividades periódicas preestablecidas en las que las y los constituyentes, individualmente o bien en conjunto con otros constituyentes, participan en forma presencial y/o virtual en los territorios definidos, generando un proceso de diálogo permanente con la comunidad territorial que corresponda”.

Una de las primeras decisiones consistió en suprimir el Artículo 57 -relativo a la semana territorial- para reemplazarlo por una nueva redacción propuesta por PS, FA y INN, que dice: “De acuerdo al cronograma propuesto por la Mesa Directiva, una semana al mes se destinará al trabajo territorial. Durante esta semana, las y los convencionales deberán promover y participar de actividades orientadas a la rendición de cuentas, a la difusión de la labor de la Convención Constitucional y a promover la participación popular en el proceso constituyente”.

De esta manera, se incorpora que, “concluida esta semana y en un plazo máximo de 15 días, deberán presentar un informe a la Secretaría Técnica de Participación Popular que dé cuenta de las actividades realizadas y de qué forma contribuyen a estos objetivos”. Esta aprobación significó suprimir desde el Artículo 57 al 67 y sus respectivas indicaciones.

Otro punto relevante fue el visado para reemplazar el Artículo 69 sobre “Grupos históricamente excluidos y otros que se han visto impedidos de ejercer sus derechos”. Acogiendo la indicación de PS, FA e INN, se estipuló que “La Convención deberá contar con estrategias, mecanismos y metodologías que aseguren la participación de estos grupos”.

Entre los mencionados figuran personas en situación de discapacidad y/o sordas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres y cuidadoras de personas con dependencia, personas de sectores rurales y de difícil acceso, migrantes y/o en condición de refugio, personas chilenas residentes en el extranjero, privados de libertad, diversidades sexo-genéricas, pueblo tribal afrodescendiente y personas que habitan asentamientos informales.

Sin indicaciones y por una amplia mayoría de 130 votos a favor, fue aprobado también que “los mecanismos de participación, deberán regirse bajo los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporando los principios ahí establecidos”.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes, se estableció que “podrán ejercer su derecho a ser oídos y a participar en la Convención” a través de los mecanismos que velen por la igualdad y no discriminación, interés superior del niño y niña y autonomía progresiva (es decir, que considera edad y grado de madurez).

Esto se regirán por los estándares establecidos por el sistema internacional de protección de derechos humanos. Cabe destacar que fueron aprobadas aquellas indicaciones de Vamos por Chile que reemplazaban términos como “niñez” y “niñeces” por “adolescentes” y “niñez”.

Para las personas residentes en zonas rurales, se definió que “La Convención considerará los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales”. De manera que se considere especialmente “aquello referido a su derecho a participar activa y libremente en la preparación y aplicación de las políticas, los programas y los proyectos que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia”.

Mientras que para las personas migrantes, se determinó que “Se deberá respetar el principio de igualdad y no discriminación. No se podrán realizar distinciones -acá se incorporó una indicación de Vamos por Chile que detalla “distinciones arbitrarias”- basadas en el origen nacional, el estatus migratorio o la situación administrativa que puedan limitar la participación de un determinado grupo de la población. Toda persona independiente de su nacionalidad contará con el derecho de participar en las convocatorias de los mecanismos regulados en el presente reglamento”.

En lo que compete a personas privadas de libertad, fue aprobado el texto original del Artículo 88 que dice que “Los mecanismos de participación deberán regirse bajo los estándares de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, conocidas como “Reglas de Mandela”.

También se deberá reconocer “los principios de trato humano; igualdad y no discriminación; libertad personal; legalidad; debido proceso legal; control judicial y ejecución de la pena; petición y respuesta; y la afectación mínimos de los derechos en razón de una sanción punitiva”.

Posteriormente se definió -sin indicaciones, ya que fueron retiradas- que la participación de personas de diversidades sexo genéricas (Art.91) se guiará por “los estándares de los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, respetando el principio 25 referido al derecho a participar en la vida pública, prohibiendo la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”.

A las 14 horas se anunció el receso correspondiente al almuerzo para retomar la sesión del Pleno a las 15.30 horas. Al regreso corresponde votar el Artículo 92 (correlativo a las indicaciones 427 en adelante, es decir, resta deliberar 27 indicaciones para despachar la última normativa interna.

La sesión de reanudó cerca de las 16.30 horas, retraso que el secretario John Smok solicitó e informó a razón de la falta de conexión a internet. Solucionado el problema, se dio paso a la votación de la indicación 427 relativa al Artículo 92.

En la misma línea que el Artículo 91, se visó que “en toda instancia de participación, se deberá respetar el derecho a la identidad de género en conformidad a lo establecido por la ley 21.120″.

Finalmente, el último eje de Participación Popular a determinar, fue “La educación popular constituyente”, la que fue definida por la deliberación mayoritaria como “una herramienta para lograr una mayor participación dentro del proceso de cambio constitucional”.

En esta línea, se propone la “alfabetización cívica democrática de las personas, a través del desarrollo de conocimientos para la comprensión del proceso constituyente, sus principales aspectos, y el desarrollo de competencias para el ejercicio de la participación popular y la ciudadanía. (...) Ella comprende tanto la educación cívica como la educación popular como elementos principales”, detalla el documento.

La jornada de este jueves, en paralelo a las votaciones en el hemiciclo, los diputados RN Diego Schalper y Luis Pardo realizaron una visita de “fiscalización” a la Convención Constitucional. Esto, porque a juicio de los parlamentarios, “no se ha cumplido con el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre” de 2019.

“Se aprobó por amplio margen que, en sencillo, había un quórum establecido que buscaba un espíritu, que consistía en construir una casa común con quórums altos. Acá da la impresión que con mecanismos como plebiscitos dirimentes, obviamente no se interpreta el espíritu contenido en ese acuerdo”, dijo Diego Schalper. “Hemos venido a fiscalizar cómo se emplean los espacios. Estamos en vísperas de tramitar la Ley de Presupuesto. Vamos a entregar un informe al presidente de la Cámara”, continuó el diputado.

“No tengo ninguna duda que si se tramita en el Congreso (los plebiscitos dirimentes) no se va a aprobar, pero para ser franco, ni siquiera debiera discutirse. No tengo ninguna duda que quienes aprobar la Convención, lo hicieron dentro de cierto marco, y todo lo que vaya contra ese espíritu es contradictorio y no va encontrar espacio, ni en la Cámara ni en el Senado”, sentenció.

Por su parte, Luis Pardo expresó que un aspecto que le genera preocupación es la libertad de expresión. “No tiene sentido que el proceso de deliberación no tenga debate. Si el proceso de normas constitucionales va seguir este mismo formato, no entendemos el sentido de este proceso constituyente. También consideramos un atentado a la libertad de expresión la norma de negacionismo, que cercena ese debate. Esperamos que estos temas se corrijan y se responda al mandato y no a las ideas de algunos que se imponen”.

Por otro lado, el convencional de RN por la lista Vamos por Chile, Cristián Monckeberg, manifestó que “la Constitución actual señala que la Cámara de Diputados tiene un rol fiscalizador respecto a los actos del gobierno pero no he leído que tenga fiscalización respecto del actuar de la Convención”. Luego añadió que, “si quieren venir acá este es el edificio de ellos, bienvenido sea, y podemos ponernos de acuerdo en conversar”.

A propósito de uno de los aspectos de este reglamento de Participación Popular -el trabajo territorial-, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, envió un oficio en el que solicita al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, “coordinar la seguridad de los 155 convencionales para un buen funcionamiento en terreno por diversas actividades que realizarán”.