Pleno de la Convención aprueba derecho a muerte digna pero devuelve a comisión polémico inciso que es visto como una “puerta a la eutanasia”

En el marco de la votación del tercer y último informe de la comisión de Sistemas de Conocimientos, el pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho a la muerte digna de todas las personas, aunque rechazó y devolvió a su comisión de origen el inciso que señalaba que “la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida (....)”, lo que era visto por algunos sectores como una forma de pavimentar la legalización de la eutanasia.

Pese a que la comisión de Sistemas de Conocimiento se aboca a debatir y votar temas ligados a las culturas, las ciencias y la tecnología, en esta oportunidad abordó además temáticas de otra índole, pues previamente el pleno de la Convención aprobó la idea de traspasar -con el fin de optimizar los tiempos- algunas de las iniciativas recepcionadas por la comisión de Derechos Fundamentales a otras de las instancias temáticas.

En este aspecto, el derecho a la muerte digna se convirtió en uno de los artículos más debatidos durante las más de tres horas de deliberación previas a la votación.

Una de las voces más críticas al respecto fue la de la convencional Ruth Hurtado (Vamos por Chile), quien señaló que “muerte digna es el nombre que se le da a la propuesta de eutanasia”, al criticar que el borrador que está saliendo de la Convención “se está convirtiendo en una verdadera Constitución de la soberbia”.

En una mirada más optimista, la convencional Carolina Videla (Chile Digno), quien es co-coordinadora de la comisión, sostuvo que “la dignidad en esta etapa de la vida de las personas también es algo de lo que esta Convención tiene que hacerse cargo, para que quede establecido en la nueva Constitución”.

Por su parte, Carolina Sepúlveda (No Neutrales) manifestó que “la gente merece morir dignamente, sabiendo que ya cumplió una etapa de su vida y no ver cómo la persona se marchita, es muy triste”.

En tanto, vuelve a comisión tras ser rechazado por 60 votos a favor, 73 en contra y 17 abstencione el artículo 28, que instaura el derecho a la desobediencia civil.

Este señala que “toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviere incumpliendo con lo establecido en esta Constitución o estuviere vulnerando los derechos humanos reconocidos en esta Constitución o en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin cumplir con lo establecido en la ley, o hubiere usurpado las funciones públicas”

Agrega que “todo acto que realice quien hubiere usurpado el poder serán nulos y originarán las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Con anterioridad durante la jornada, el órgano redactor rechazó el artículo relacionado con la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones, así como otra norma que instauraba el Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios.

Así, volvió a comisión el artículo 4, sobre el Consejo Nacional de Comunicaciones, que indica que “existirá un órgano de carácter autónomo y técnico, encargado de proteger y promover el derecho a la conectividad y la comunicación social en sus diversos soportes tecnológicos. Asimismo, velará por la transparencia y libre competencia de un mercado pluralista de las telecomunicaciones y el sector audiovisual, junto con la distribución y uso equitativo del espectro radioeléctrico”.

Agrega que “dicho órgano tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, y contará con potestades normativas, fiscalizadoras, sancionatorias y consultivas”.

Asimismo, el texto a revisar indica que “la ley regulará su organización, competencias, funcionamiento y composición, la que estará orientada por criterios de idoneidad e interdisciplinariedad, garantizando su independencia respecto de los agentes regulados. Además, contemplará mecanismos de participación ciudadana, junto a la protección y promoción de los derechos de las audiencias”.

Misma suerte corrió el artículo 6, sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios, que indica que se creará este modelo “para asesorar y coordinar los diversos medios de comunicación, que promoverá y fortalecerá los medios regionales, locales, comunitarios e indígenas. Este sistema será organizado de forma descentralizada y garantizará su libre acceso a todas las personas y comunidades”.

En tanto, se aprobó y pasó al borrador de la nueva Carta Magna el inciso primero del artículo 5, que trata sobre los medios de comunicación públicos.

En su texto indica que “existirán medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población”.

Sin embargo, se rechazaron sus dos incisos siguientes -vuelven a comisión-, donde se expresa que “los medios de comunicación públicos serán independientes, pluralistas, interculturales y descentralizados”, así como que “dichos medios se constituirán como empresas autónomas del Estado, con presupuesto permanente, personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio”, los que deben contemplar mecanismos de participación ciudadana.