No hubo acuerdo: pleno del TC deja pendiente requerimientos contra indultos y solicita nuevos antecedentes

Dos meses exactos transcurrieron desde que senadores de Chile Vamos y Demócratas presentaron, el 16 de enero, siete requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

Así, ambas partes involucradas -gobierno y senadores- dieron inicio durante la mañana de este jueves 16 de marzo a los alegatos ante el tribunal. De parte del Ejecutivo, tras una solicitud expresa del ministro de Justicia, Luis Cordero, el encargado de defender la constitucionalidad de los beneficios presidenciales fue el consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier.

En tanto, de parte de Chile Vamos y Demócratas, la jurista seleccionada para impugnar los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric fue la exconvecional y abogada UDI, Constanza Hube.

Luego de escuchar los correspondientes alegatos, los ministros del Tribunal Constitucional resolvieron que los hechos expuestos no eran suficientes para fallar sobre el fondo de la causa. En consecuencia, decretaron medidas “para mejor resolver” la acción presentada por senadores de Chile Vamos y Demócratas.

“Se resolvió decretar medidas para mejor resolver de forma previa a la adopción de acuerdo en relación a los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducido por un grupo de honorables senadores, en relación a los decretos supremos que concedieron indultos particulares”, informó el relator del TC, José Francisco Leyton. Las medidas serán informadas durante esta tarde.

En concreto, los indultos que se impugnan por los parlamentarios son los de -como se señaló- Jorge Mateluna, Luis Castillo -uno de los beneficiados que mantiene un amplio prontuario policial previo al estallido-, Jordano Santander, Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas. En cuanto al resto de los condenados, no se interpuso la misma acción pues no se trataba de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que se objetan ante el TC.

Uno de los principales argumentos que sostiene el recurso suscrito por la oposición y Demócratas es la presunta falta de fundamentación de los indultos, ya que según la parte requirente, solo se limitan a citar decretos anteriores y afirmar que no existen regulaciones para estos actos. Además, aseguran que el Ejecutivo actuó arbitrariamente a la hora de entregar estos siete indultos, por lo que estaría quebrantando la igualdad ante la Ley.

Desde Chile Vamos, acusan también que existiría una “desviación de poder”, pues para quienes firman el documento los beneficios implican “una verdadera revisión de sentencias judiciales”.

“El Decreto Impugnado (indultos) constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo 32 numeral 14 de nuestra Constitución, para una finalidad distinta a la establecida por el poder constituyente originario y derivado, procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de sentencias judiciales”, señala el escrito.

Desde el gobierno, en tanto, han sostenido que las alegaciones de la oposición “son de legalidad y no de constitucionalidad”. “Los requirentes parecen desconocer que la desviación de poder se erige como un vicio de legalidad, pues supone ponderar las intenciones de la Administración en el ejercicio de sus potestades con los fines previstas por las normas de nuestro ordenamiento”, argumentaron en su respuesta al requerimiento.

“Queda de manifiesto lo inconstitucional, lo arbitrario de esta decisión: el haber liberado a personas que tenían prontuario en materia delictual.(...) Lo que esperamos del TC, y lo están haciendo ver nuestros abogados en esa sede jurisdiccional, es que nunca más pueda haber arbitrariedad en el otorgamiento a los indultos respecto a personas que tienen prontuario criminal”, apuntó esta mañana el senador Matías Walker, uno de los parlamentarios firmantes de los requerimientos.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló tras consultada por el requerimiento que esperaban que “las instituciones funcionen y, ciertamente, que se reafirme que se actuó de acuerdo a las prerrogativas que el Mandatario tiene, pero esa es decisión que tiene que tomar el tribunal”.

La primera en iniciar los alegatos fue la abogada gremialista Constanza Hube, en representación de los senadores de Chile Vamos y Demócratas. La jurista empezó su exposición respondiendo a la pregunta de por qué se interpusieron los requerimientos: “Una cosa tiene que ver con usar una facultad determinada, pero una cosa muy distinta es abusar de esa facultad”.

“Estos requerimientos se interponen porque en Chile ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se establecen en la Constitución o la Ley”, argumentó Hube.

Aseguró, además, que la ofensiva judicial de la oposición no consistía en poner en entredicho a la prerrogativa presidencial para otorgar indultos, ni tampoco la legalidad; sino que apunta a los presuntos vicios de constitucionalidad que contienen los decretos firmados por Boric.

“Sin perjuicio de que la decisión del Presidente de indultar a los condenados (...) está dotada de cierta libertad en el ejercicio de su facultad discrecional, esto no lo habilita para hacerlo por mera liberalidad, no lo habilita sin establecer un proceso lógico que explique porque condujo y lo llevó a tal decisión. Revelador es en este sentido el caso del señor Mateluna”, adujo en su exposición la exconvencional.

Tras ello, la abogada citó las palabras del Presidente cuando, desde Brasil, aseguró tener la plena convicción de que el exfrentista era “inocente”. “Esa es la motivación que se plantea, es la convicción más íntima del Presidente (...), son relevantes para el contexto de esta discusión puesto que este fundamento no está en el decreto impugnado ni tampoco está en el fundamento que se pretende agregar con posterioridad”, arguyó Hube.

En tanto, por parte del gobierno, el consejero del CDE -Raúl Letelier- defendió los beneficios presidenciales invocando su expresión política y la idea de “razones de paz social” utilizada por el gobierno para respaldar los decretos.

“El indulto se utiliza a veces como expresión de perdón político y este tal vez es el uso histórico más usual de los indultos, luego de crisis políticas y aquellos involucrados en ella son indultados como forma de superación y como forma de recomposición social (...) Esta predilección de la contraria por las razones humanitarias es simplemente un condicionamiento político”, expuso Letelier.

Sobre el carácter de los beneficios presidenciales, el jurista explicó que los indultos pertenecen a las prerrogativas políticos del Presidente y es por ello que “solo perdona o conmuta la pena, no se refiera a la imputación jurídica del delito, el derecho penal sigue vigente, lo que hay es algo distinto, es la inclusión de un elemento extraño de alguna manera al mundo normativo como es el perdón”.

Refutó, además, el argumento de “desviación de poder” presentado por la oposición. “La forma en cómo la contraria muestra la desviación de poder es una muestra histórica errada, (...) genera un patrón de invalidez, que cada acto jurídico o administrativo pueda ser siempre contrastable con una especie de voluntad que tenga una autoridad es un patrón insostenible”, argumentó.