Por fallida compraventa: Isabel Allende se defiende y dice que su familia actuó de “buena fe” ante intento de la derecha por destituirla del Senado

Uno de los más grandes temores del Partido Socialista (PS) se concretó la mañana de este martes.

En un punto de prensa, los diputados del Partido Republicano anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se destituya a la senadora Isabel Allende (PS) y a la ministra Maya Fernández (Defensa, PS) de sus respectivos cargos. Esto, en medio de la controversia que se ha generado por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

Se trata de dos de las militantes más importantes de la colectividad: la hija y la nieta, respectivamente, del expresidente Allende, fallecido en el ejercicio del cargo en el Golpe de Estado de 1973. El liderazgo más relevante que ha tenido la colectividad y a quien se le rinde homenaje casi sagradamente.

La ofensiva de republicanos fue respaldada por algunos parlamentarios de Chile Vamos, algo que rápidamente elevó la preocupación de los socialistas, al ver que la familia más relevante al interior de la colectividad corre riesgo de desaparecer del mapa político, en caso de que prospere el requerimiento ante el TC.

Incluso, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo en Radio Infinita que “la Constitución es muy clara (...). Acá la senadora Isabel Allende contrató con el Estado. Por lo tanto, en rigor, lo que debería pasar ahora es que el Tribunal Constitucional, supongo, debería pronunciarse sobre este tema y decir que ella pierde el escaño”. Este partido evalúa presentar un requerimiento propio, separados del Partido Republicano.

Aunque en público algunos de los parlamentarios socialistas restan relevancia a la arremetida republicana, y ponen en duda que pueda concretarse la destitución -en consideración de que la compra no se concretó-, en privado otros dirigentes reconocen que la senadora Allende -por sobre la ministra- está en aprietos. Y es que el artículo 60° de la Constitución es claro en especificar que los parlamentarios que contraten con el Estado cesarán en el cargo.

La Tercera reveló que el contrato de la frustrada compraventa fue suscrito el pasado lunes 30 de diciembre en la 50ª Notaría Claudia Gómez Lucares. En representación de la ministra Fernández y de la senadora Allende actuó el abogado y gestor de intereses Felipe Vio Lyon, quien, además, es marido de Marcia Tambutti Allende, hija de la parlamentaria.

El abogado socialista Gabriel Osorio incluso alertó a parte de la militancia de este riesgo. Él, precisamente, asumirá la representación de la familia.

El tema ha mantenido profundamente preocupada a Isabel Allende, quien llegó al Senado, en Valparaíso, pasadas las 15.00 horas del martes, luego de realizar trámites relacionados a la suspensión de la adquisición de la residencia en Santiago. Si bien no pudo almorzar con sus compañeros de bancada, sí tuvo unos minutos para compartir con ellos. De acuerdo a algunos de quienes participaron, la conversación fue franca, y algunos aprovecharon de transparentar que consideraban que la polémica es grave.

Tras esa conversación, la senadora encabezó un punto de prensa, al que la acompañaron varios de los parlamentarios del partido. Entre ellos, los senadores José Miguel Insulza, Paulina Vodanovic y Gastón Saavedra, y los diputados Daniel Melo y Nelson Venegas. Cuando Allende informó de esta convocatoria, ellos se ofrecieron a acompañarla.

Ante los micrófonos, eso sí, Allende no dijo mucho. De hecho, al comenzar advirtió: “Esta no va a ser una conferencia de prensa de preguntas y respuestas. Es esta declaración, voy a agregar un par de cosas más, y nada más”. La senadora leyó el texto que su familia publicó el lunes, en que dieron a conocer que desistirían de la adquisición de la residencia.

Junto con eso, Allende enfatizó que “toda la actuación de la familia fue de buena fe”. Y dijo que, así como la derecha puede recurrir al TC, ellos pueden defenderse. “Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflictos de intereses, en lucros, en negociados, en nada”, argumentó.

Cuando la senadora ya entró a la sala, se acercaron a hablar con ella los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Carolina Tohá (Interior).

Pese a las explicaciones, los senadores socialistas son conscientes de la gravedad del complejo escenario en que está Allende. Ayer por la tarde, por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti, quien es vicepresidente socialista, abordó el tema en una conversación de pasillo con el diputado Marcos Ilabaca, también militante PS. Ambos coincidieron en que el asunto es extremadamente grave e hicieron ver que la senadora debió estar al tanto sobre cómo funcionan estos asuntos.

La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, se ha encargado de hacerles saber personalmente tanto a Allende como a Fernández que ambas cuentan con el respaldo irrestricto del Partido Socialista.

En esas conversaciones, de acuerdo a quienes supieron de ellas, la senadora reafirmó a la timonel que nadie de la familia Allende quiso cometer un error, y explicó que confiaron en que se estaban tomando los resguardos, en consideración de que el asunto estaba en manos del ministerio especializado en este tipo de compras. En resumen, confiaron en que la institucionalidad funcionaría, puesto que la compra incluso pasó por Contraloría.

Junto con eso, Allende ha hecho saber que lamenta profundamente que una iniciativa que considera acertada haya terminado manchada y convertida en un bochorno por la “ineficiencia” de algunos.

Los diputados del partido, por otra parte, organizaron un punto de prensa la mañana del martes para salir a responder a la arremetida republicana y defender a las descendientes de Salvador Allende.

El jefe de bancada de los diputados PS, Daniel Melo, planteó que “si uno revisa las actuaciones de la senadora Allende a lo largo de toda su trayectoria política, hablamos de una persona intachable (...). Esto es una artimaña política que, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento, solo la búsqueda de la odiosidad”.

“Nosotros lamentamos como socialistas que las chambonadas e irresponsabilidades de otros abran este flanco y el odio por parte de la derecha a una figura tan connotada y respetada como es la de Salvador Allende y su familia”, complementó la diputada Daniella Cicardini.

Por ahora la estrategia del PS es enfatizar que las responsabilidades políticas ya se cobraron, a través de la salida de la hoy exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (Frente Amplio), para intentar exculpar a las familiares de Salvador Allende.

El requerimiento contra la senadora tiene un antecedente que sirve de referencia. En enero de 2020 parlamentarios de Chile Vamos intentaron destituir al otrora diputado comunista Hugo Gutiérrez. En concreto, lo acusaron de incitación al odio y de alterar el orden público. El Tribunal Constitucional se demoró 11 meses en resolver y emitió su sentencia recién en noviembre de ese año. Finalmente se rechazó la petición.