Por unanimidad: Tribunal Constitucional declara admisibles recursos que buscan impugnar siete indultos otorgados por Boric

Admisibles. Así declaró el Tribunal Constitucional (TC) los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por senadores de Chile Vamos y Demócratas respecto a siete de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric.

Fue el 16 de enero cuando el grupo de parlamentarios interpuso los recursos que, en concreto, buscan impugnar los beneficios carcelarios otorgados al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

Los legisladores no ingresaron la misma acción respecto al resto de los beneficiados, al no tratarse de casos que requerían decretos fundados, que son los que se están objetando.

Así, luego de que el martes los requerimientos fueran acogidos a tramitación, el pleno del tribunal se reunió a las 9.30 de la mañana de este jueves en las oficinas de Huérfanos 1234 para estudiar la admisibilidad, la que finalmente fue adoptada por unanimidad.

Con esta decisión, el Presidente Boric y el contralor Jorge Bermúdez tendrán un plazo de diez días para pronunciarse, de estimarlo pertinente. Posteriormente, el TC resolverá el fondo de los requerimientos escuchando los alegatos de las partes en audiencias que serán públicas.

La abogada y exconvencional Constanza Hube (UDI), quien es una de las patrocinadoras de los escritos, valoró la resolución del organismo.

“Es positivo que el Tribunal Constitucional haya declarado admisible los requerimientos de los indultos y que pidiera un informe al gobierno. El gobierno ha reconocido que si hubiesen tenido toda la información, hubiesen actuado de otra manera. Hoy tiene la oportunidad de actuar de manera distinta, y que en su informe se allane a anular los indultos”, señaló la militante gremialista.

Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Constitucional debe revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por el Presidente de la República.

Minutos antes de que el Tribunal Constitucional comunicara el fallo respecto de los recursos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que tanto los requirentes como el gobierno deben someterse a la decisión final del organismo, independiente de la resolución.

“En un Estado de derecho las autoridades públicas cumplen la sentencia, sean favorables o no favorables, y eso vale tanto para los requirentes como para el gobierno respecto de sus requerimientos, así que en eso no habría ninguna novedad”, declaró.

Así también, el secretario de Estado explicó cómo será la defensa del Ejecutivo ante el organismo, respecto de los siete indultos otorgados.

“Aquí lo que se debate son actos, los actos están en base a unos expedientes que están tramitados como clásicamente se han tramitado los indultos. Hay reglas para acceder a los indultos, hay reglas sobre las cuales opera la excepcionalidad, que es la forma y modo en que se ha utilizado la potestad del indulto durante el retorno de la democracia”, comenzó diciendo.

“Por lo tanto, vamos a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes, pero también a las prácticas institucionales y a la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas”, complementó Cordero.

Los requerimientos ante el TC fueron suscritos por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker -ambos Demócratas-, los UDI Javier Macaya -timonel gremialista-, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira y José Miguel Durana; los RN Francisco Chahuán, -presidente de la tienda- Rodrigo Galilea, Rafael Prohens y Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Sebastián Keitel por Evópoli.

Esta, no obstante, no es la única ofensiva impulsada por parlamentarios contra los indultos otorgados por el Presidente Boric.

El 19 de enero, senadores de RN ingresaron una solicitud para invalidar los indultos del exfrentista Mateluna y de Luis Castillo, quien tiene un amplio prontuario penal.

Los parlamentarios invocaron el artículo 53 de la Ley 19.880, que regula los actos administrativos del Estado. Esto implica que el Mandatario deba pronunciarse, debido a que fue él quien emitió el acto administrativo que derivó en dichos beneficios.

A esto se suma una solicitud de la bancada de diputados de la UDI ante la Contraloría General de la República, para que se revise la legalidad de los indultos. El organismo ya solicitó un informe al Ministerio de Justicia; cartera que pidió una prórroga para entregar los antecedentes.

Otro de los flancos que se le abrió al gobierno tras el episodio de los indultos fue la acusación constitucional impulsada por Chile Vamos contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos. El libelo, que apuntaba a su responsabilidad en la ejecución de los beneficios carcelarios, fue desechado por la Cámara de Diputados.