Presidente Boric firma proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú: “Nos hemos demorado más de la cuenta (...) hoy enmendamos el rumbo”

“Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todas y todos”.

Un año y medio después de que el Acuerdo de Escazú fuera ratificado y suscrito por diversos países de América Latina y el Caribe -en septiembre de 2020-, este viernes el gobierno del Presidente Gabriel Boric dio un paso para que Chile respalde el documento.

Esto porque, tal como adelantó durante su campaña a La Moneda, el Mandatario firmó el proyecto de ley que busca que el país se sume al pacto. Lo hizo en una actividad realizada en el patio de Los Naranjos de Palacio y que contó con la presencia de diversos ministros de Estado y figuras ligadas al mundo medioambiental.

Así, el proyecto ingresará al Congreso con “suma urgencia”, según adelantó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “Ahí tiene una tarea tremendamente importante el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (...). Esperamos que sea un trámite expedito para que podamos tenerlo cuanto antes”, señaló.

La historia de Chile con Escazú tiene varios capítulos. Si bien el país fue uno de sus impulsores, junto a Costa Rica, el 22 de septiembre de 2020 -cuatro días antes de que los países de la región ratificaran el pacto- la administración de Sebastián Piñera comunicó que no firmarían el documento.

En medio de reparos de la oposición de ese momento y de distintos actores de la sociedad civil que veían el pacto como una posibilidad de mejorar la legislación medioambiental y de derechos humanos, los ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores de la época entregaron una serie de argumentos para respaldar su negativa.

Entre ellos, sostenían que para el país era “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.

En la misma línea, reiteraban que el pacto podría exponer al país a demandas internacionales, introduciría una serie de principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental y que implicaría cambios en la legislación actual generando incertidumbre.

Ahora, una semana después de haber asumido la Presidencia, el gobierno del Boric optó por ratificar el acuerdo, tal como se habían comprometido. “Vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el tratado de Escazú, estamos viendo temas de agenda para coordinar con los ministerios responsables, pero sí puedo asegurar de que va a ser durante marzo, y por lo tanto para la próxima COP 27 Chile va a estar íntegramente en Escazú”, había adelantado el pasado martes el Presidente en una reunión con corresponsales extranjeros en Chile.

Es así como este viernes, finalmente se concretó el anuncio y Chile comenzó oficialmente el proceso para sumarse a Escazú. “Tengo claro que esto ha sido un anhelo de hace mucho rato (...) hoy estamos firmando y cumpliendo este compromiso”, dijo Boric. El Mandatario también aludió a una “demora” para concretar este paso y sostuvo que se “enmendó” el rumbo.

“Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo, cuya negociación partió y fue coliderada por Chile y Costa Rica; sin embargo, en el último tiempo por diversos motivos no avanzábamos. Hoy enmendamos el rumbo y, por eso insto al Congreso a que se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez, porque la vida no puede esperar” expresó el jefe de Estado.

“Ustedes luchadores por la defensa del medioambiente, luchadores por la vida, nos han enseñado a perseverar. Y estamos hoy avanzando con el acuerdo de Escazú. Mañana lo haremos por el reencuentro de los pueblos que habitan el territorio”, complementó el Mandatario.

Boric añadió que “este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto de la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región donde esta lucha ha costado ya varias vidas”, añadió.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas -quien participó de la firma” indicó que “nuestro deber de transitar hacia un modelo ecológico justo es la tarea más importante de esta época”.

En esa misma línea, sostuvo que “nos encontramos ante la peor crisis ecológica de la historia y requerimos enfrentarla de forma conjunta, solos no seremos exitosos”.

Por lo anterior, aseguró que “es tiempo de tomar acciones decididas y transformadoras, donde hay que escuchar a la ciencia y también de la economía porque la ventana de oportunidad para enfrentar tanto la crisis climática como la de biodiversidad se nos está cerrando aceleradamente. Los costos de la inacción son mucho mayores que los costos de la acción”.

La secretaria de Estado cerró asegurando que “el Acuerdo de Escazú, el primer y único tratado ambiental de América Latina y el Caribe surge como una potente herramienta para el cambio que anhelamos”.

Ahora será el Congreso el que deberá decidir si se ratifica o no el pacto. Sin embargo, ayer la bancada de diputados de Renovación Nacional se abrió a ratificar el documento.

“¿Qué futuro le podemos dejar a las próximas generaciones si hoy no hacemos nada? Tenemos la responsabilidad de tomar acción mejorando la institucionalidad y siendo parte de acuerdos internacionales que nos permitan tomar mejores de decisiones ambientales, la participación y el acceso a procesos justos. Por esa razón, estamos abiertos a estudiar la posibilidad de apoyar la firma del acuerdo”, afirmó el secretario general de RN y diputado, Diego Schalper.

Posterior a la firma del proyecto las ministras Vallejo, Rojas y la Canciller Antonia Urrejola participaron de un live de Instagram donde abordaron el tema y criticaron al gobierno de Piñera por no haber firmado el pacto.

La ministra de Medio Ambiente afirmó que el acuerdo “todo lo contrario de dar incerteza, da certezas, así que ayuda a bajar la conflictividad socioambiental y nos va a permitir, entonces, un mejor desarrollo. Yo creo que a nadie nos convenció mucho las razones por lo cual en el gobierno anterior esto no se firmó”.

Por su parte, la Canciller Urrejola indicó que “las cifras lo demuestran, 27 países de la región lo han firmado, 9 no, entre los cuales estaba Chile hasta hoy, y eso indica que claramente los temores que se señalaban en el gobierno anterior no son ciertos”.

“Cuando hablo de gobiernos que firmaron esto estoy hablando de países como Brasil, Colombia y México (...) Esos países lo firmaron, no todos han terminado estos procesos de ratificación, porque hay que ir al Congreso, hay debate efectivamente, pero yo creo que hay un tema súper importante que es el de la soberanía, que se ha señalado muchísimo”, complementó.

En ese sentido la ministra de Relaciones Exteriores de Chile explicó que “el acuerdo de Escazú habla de un conjunto de principios, uno de los cuales es el principio de soberanía de cada país sobre sus recursos naturales, eso está explícito. Tampoco es que vamos a ir a tribunales internacionales respecto a los conflictos ambientales, el propio acuerdo establece mecanismos del propio acuerdo que es la conferencia parte de los estados partes. Existe un comité de conciliación, que no es punitivo, para buscar acuerdos cuando existe diferencias entre las partes en la interpretación del tratado. Y, eventualmente dice el acuerdo de Escazú, si hay estados parte que tienen diferencias y en virtud de su propia soberanía deciden ir a la Corte Internacional de Justicia, pues bueno, eso está dentro también del marco de la decisión propia que toman los estados. Es un proceso de diálogo, eso es democracia”.

El pacto de Escazú fue promovido en sus inicios por Chile y Costa Rica, y su objetivo es mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.

Además, el acuerdo busca proteger diversos derechos básicos, como el acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano).

En tanto, entre los principales pilares del acuerdo están el garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental; el propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones; además de favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.