Ministro Ávila reitera que la vuelta a clases presenciales fue “abrupta”: “Hay una mala decisión del gobierno anterior de haberlo hecho de esa forma”
"El retorno a la presencialidad nos ha planteado estos importantes desafíos y creemos que lamentablemente esta vuelta abrupta a clases no nos permitió tener respuesta a tiempo y adecuada", sostuvo el titular de Educación.
Este lunes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó la nueva Política de Reactivación Educativa Integral denominada Seamos Comunidad, la que busca atender los efectos que la pandemia provocó en las comunidades educativas y sus integrantes.
El titular de Educación explicó que este programa se “basa en el trabajo comunitario, hoy día nada lo podemos hacer solos, no es solo las acciones del Ministerio de Educación, no solo los directores, no solo las seremis (...) somos todos juntos que podemos efectivamente avanzar hacia la reactivación y recuperación de aprendizajes”.
En ese sentido, subrayó que el plan se enmarca en los efectos que dejo la crisis sanitaria: “La pandemia nos afectó, nos golpeo fuerte a todos, especialmente en la salud mental, convivencia escolar, en los aprendizajes”.
“Sin duda que la pandemia fue una crisis que tiene distintas consecuencias, probablemente para nosotros que trabajamos en el ámbito educativo está asociado a los aprendizajes que se vieron interrumpidos durante estos dos años casi, en que hemos tenido que enfrentar este encierro, falta de socialización, problemas económicos”, complementó el secretario de Estado.
Así también, Ávila dijo que “el retorno a la presencialidad nos ha planteado estos importantes desafíos y creemos que lamentablemente esta vuelta abrupta a clases no nos permitió tener respuesta a tiempo y adecuada” y agregó que “ahora la vuelta a clases que la entendemos como abrupta, hay una mala decisión del gobierno anterior de haberlo hecho de esa forma”.
Por último, destacó que el Presidente Boric “nos ha instruido como primera tarea la reactivación de los aprendizajes y tal como lo ha señalado, creemos que las escuelas son las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse”.
Esta política integral se proyecta como un proceso de largo plazo, que incluye una fase inicial prioritaria durante 2022 y 2023 para responder a los efectos inmediatos de la pandemia. Contempla las siguientes acciones:
Acciones prioritarias a corto plazo:
Intervención territorial en convivencia escolar
Programa comunal de atención en crisis y convivencia escolar que se implementará durante 2022, en 60 comunas en las que se observan mayores situaciones de violencia escolar, con la asesoría de universidades con experiencia e investigación en convivencia escolar.
Considerará cuatro focos: redes comunales de convivencia escolar; fortalecimiento de las capacidades de los equipos de convivencia de los establecimientos de la comuna, encargados comunales, provinciales y regionales; apoyo directo a comunidades educativas; e intersectorialidad. Su implementación se iniciará a mediados de junio y tendrá una inversión para este año de $1.500 millones.
Fortalecimiento del programa de Salud Mental
Se implementará un dispositivo especial de salud mental escolar, para lo que se ampliará cobertura y campo de acción del Programa Habilidades para la Vida en comunas y escuelas. El plan incluye herramientas para mejorar la convivencia y promoción con estudiantes, apoyo y consejería a trabajadores de la educación (docentes y no docentes), instrumentos de detección de estudiantes con necesidades de salud mental, atención focalizada en consejerías y apoyos de equipos psicosociales y una mejor articulación para la derivación al sistema de salud.
La meta para 2022 es pasar de 25 a 100 comunas con atención en enseñanza media. Para ello, se ha dispuesto un presupuesto de $11.000 millones.
Programa Nacional de Tutorías
Proceso de acompañamiento y mediación pedagógica -personalizado o en grupos focales- respondiendo a las particularidades educativas de cada niño, niña y adolescente, con el aporte de la comunidad. Para ello, implementaremos un Programa Nacional de Tutorías, con el apoyo de estudiantes de pedagogía, que busca reunir este año a 10.000 tutores para atender a 50.000 estudiantes del sistema escolar.
Para concretar el plan, se establecerá una articulación con las facultades de educación de diversas universidades del país, que permitan generar las tutorías en el marco de las prácticas iniciales, intermedias o profesionales de estos estudiantes de pedagogías.
Estrategia nacional de Lectura y Escritura
Este pilar de la política busca articular las acciones para fomentar la lectura y la escritura en espacios educativos formales y no formales, atendiendo la diversidad de intereses, experiencias y necesidades de las personas de todos los niveles y modalidades escolares.
Como primera acción, se enviarán a los establecimientos educacionales las orientaciones metodológicas y didácticas para priorizar el aprendizaje de la lectura y la escritura en primer ciclo de educación básica.
Para el segundo ciclo, se implementará un programa de desarrollo de competencias lectoras y de escritura en estudiantes no lectores. Para los estudiantes migrantes se propone una estrategia de desarrollo de la lectura y escritura de español como segunda lengua.
En educación de párvulos, se incorporarán estrategias educativas específicas para fortalecer el ámbito de comunicación, considerando tanto el lenguaje artístico como el verbal, como la promoción del goce lector.
Plan de Reparación y Recuperación de Espacios Educativos 2022-2023
Plan para reparar de manera urgente la infraestructura escolar más deteriorada, que beneficiará a establecimientos educacionales públicos que presenten riesgo de suspensión total o parcial del servicio debido a problemas de infraestructura, como problemas sanitarios, problemas eléctricos, problemas de habitabilidad y malas condiciones de seguridad.
Por otra parte, en el caso de las comunas donde hay falta de cupos para estudiantes, el plan dispondrá de recursos para habilitar salas u otros espacios ociosos, mediante intervenciones de conservación, de manera de disponer de una mayor cantidad de cupos que puedan ayudar a resolver el problema de cobertura de matrícula evidenciado en varias regiones del país. Este año se dispondrá de $10.000 millones para este plan.
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