La propuesta de nueva Constitución que redactó el Consejo y que será ratificada por última vez en un pleno el próximo lunes, avanza hacia la creación de nuevos órganos autónomos que se sumarán a la estructura que actualmente tiene el Estado.

Varios de estos organismos son nuevas instituciones y algunos otros implicarán la transformación de entidades que ahora pasarán a tener autonomía constitucional. Al interior del Consejo, algunas voces han reprochado la cantidad de nuevas instituciones que se están creando.

Frente a ese tipo de cuestionamientos, el comisionado Hernán Larraín (UDI) responde que “al ir redactando los textos fue surgiendo la conveniencia de una Constitución más precisa y exhaustiva, incluso en la creación de organismos, para asegurar un buen funcionamiento institucional en la forma prevista por el constituyente, evitando incertidumbres o demoras legislativas en la regulación de esas entidades”.

Desde el oficialismo, la consejera María Pardo (CS) es crítica con la postura que mostró la oposición en el diseño de la propuesta constitucional. “Es bastante contradictoria la postura de las derechas, ya que por una parte han abogado por la austeridad fiscal y, por otra parte, terminaron creando una serie de órganos que van a implicar un desembolso bien importante de fondos fiscales”, dice Pardo.

La representante del oficialismo, agrega que “en varios de estos órganos no hay diseño específico ni de la fisionomía orgánica, sino que hay una mención genérica al nombre del órgano y a un ámbito bien amplio de competencias”.

Varios de estos nuevos órganos autónomos vienen con un mandato para que sean creados por una ley institucional, es decir, las normas que deben aprobarse con mayoría absoluta. El objetivo de esto es habilitar al legislador para que le dé forma a las nuevas entidades y regule todos sus detalles. Estos son algunos de los nuevos organismos que, en caso de que se apruebe el texto, deberán hacerse realidad y cuyo cumplimiento quedará bajo la responsabilidad de los parlamentarios.

Esta agencia tendrá como función coordinar a las instituciones del Estado involucradas en materia de probidad, integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Además, promoverá acciones para prevenir actos que vayan en contra de dichos ámbitos. El organismo deberá ser creado por el Congreso a través de una ley institucional.

En el marco de las garantías penales mínimas, la propuesta del Consejo mandata al Congreso a tramitar una ley institucional para crear los tribunales de ejecución de penas. Estos tribunales estarán encargados de implementar o llevar a cabo lo que dicten los tribunales de justicia en materia de penas y medidas de seguridad, así como también la protección de los derechos y beneficios de los internos en las cárceles. Esta labor actualmente la desempeñan los jueces de garantía y el objetivo es profesionalizar esta función para especializarla.

Como una especie de Comisión de Ética de la Cámara o el Senado, este consejo estará facultado para aplicar sanciones a los parlamentarios cuando no cumplan con sus deberes. La propuesta de nueva Constitución establece que una ley institucional definirá la conformación de este consejo, que reemplazará a ambas comisiones, y “no podrá ser integrado por autoridades ni funcionarios del Congreso ni personeros de exclusiva confianza del Presidente de la República”.

La propuesta plantea que “existirá un organismo de carácter nacional, técnico y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del personal en los servicios de la administración civil del Estado y estará a cargo de la dirección de un sistema de alta dirección pública”. Su creación quedó en manos de una ley institucional, la cual regulará su organización, funciones y atribuciones.

En el Consejo comentan que no es una instancia totalmente nueva, ya que sería la continuadora del actual Servicio Civil, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Como su nombre lo indica, esta institución tendrá que hacer un estudio de las leyes y políticas políticas para que se implementen y ejecuten en los objetivos que fueron diseñados. Esta evaluación vendrá acompañada por un plan que deberá ser elaborado en un periodo de tiempo que determine una ley, el cual será entregado al Presidente, al Congreso y a las instituciones de la Administración del Estado.

La dirección y administración superior del consejo “estará a cargo de una Comisión Directiva”. Este espacio tendrá cinco integrantes designados por el Presidente previo acuerdo del Senado adoptado por 3/5 de sus miembros en ejercicio.

Fue una de las primeras batallas que se libraron en la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. Los comisionados lo incorporaron en una norma que venía dentro del capítulo de Ministerio Público, pero los consejeros ampliaron toda su regulación y lo transformaron en un acápite especial.

Esta nueva institución está contemplada en el capítulo XI de la propuesta. En el texto se especifica que cuya vinculación con el Presidente estará mediada por el Ministerio de Justicia, que es la instancia que actualmente lleva las relaciones con el Poder Judicial.

El objetivo de este nuevo servicio es garantizar el derecho de acceso a la justicia. En ese marco, las funciones que tendrá serán orientar, asesorar y representar jurídicamente a las personas que lo requieran; entregar apoyo integral, tanto psicológico como social, a las personas víctimas de delito; y promover el uso de medios alternativos para resolver los conflictos. El servicio tendrá un director nacional que estará acompañado de un consejo superior.

Al interior del servicio existirá “una Defensoría de las Víctimas que tendrá por objeto procurar que las personas naturales víctimas de delitos sean debidamente asistidas”.

Contemplada en el capítulo de Ministerio Público, la propuesta contempla que deberá existir una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, que se encargará de “los delitos de crimen organizado y de alta complejidad”.

La organización de esta nueva fiscalía, así como la especificación de los delitos que perseguirá, serán determinados por el fiscal nacional “de acuerdo con la ley institucional habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional”.

El organismo será dirigido por un fiscal supraterritorial que durará ocho años en sus cargos. Esta fiscalía podrá actuar de manera coordinada con las fiscalías regionales, cuyas pugnas en sus competencias las resolverá el fiscal nacional.

La propuesta de nueva Constitución plantea que “habrá un Tribunal de Cuentas que juzgará los reparos a las cuentas realizadas por la Contraloría”. Toda la regulación sobre su organización, atribuciones y procedimiento será fijada en una ley institucional. Actualmente el examen y juicio de cuentas son funciones que le corresponden a la Contraloría.

Contemplada en una disposición transitoria, la policía fronteriza estará encargada de controlar, patrullar y resguardar las fronteras terrestres del país. Esta policía tendrá coordinación con los organismos públicos que se aboquen al control fronterizo, de manera independiente con las labores que tenga la Fuerza Aérea y la Autoridad Marítima.

En caso de aprobarse este texto de Constitución el 17 de diciembre, habrá un plazo de cinco años, es decir, hasta finales de 2028, para que el Presidente ingrese un proyecto de ley que contemple la creación de esta policía.

El texto redactado por los consejeros propone un nuevo modelo de gobernanza judicial. Esto significa la separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, de manera de que los jueces dejen de dedicarse a tareas administrativas y solo se dediquen a fallar las causas que les toca conocer.

Este nuevo modelo propone la creación de tres órganos autónomos. En primer lugar estará el órgano que designará y nominará a todos los jueces. Otro órgano se hará cargo de administrar y gestionar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial, transformándose en el sucesor de la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial. Por último, el tercer órgano será el encargado de la formación de los jueces, tal como lo hace actualmente la Academia Judicial.