PS congela relación con gobierno luego de que vocera los acusara de "ocultar" nexos con narcos

"Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el PS con el narcotráfico". Esas fueron las palabras con que la ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez, desató la indignación del Partido Socialista.

La acusación de la secretaria de Estado aludía a las denuncias sobre supuestos vínculos entre el municipio de San Ramón -encabezado por el ex PS Miguel Ángel Aguilera- y el narcotráfico. Y buscaban contrarrestar una ofensiva que activaron, precisamente, los diputados de la bancada PS, para acusar constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

"¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos?", subrayó la vocera en La Moneda, quien dedicó varios cuestionamientos al PS.

"¿Por qué no han dado una explicación coherente, por qué no han tenido reacciones firmes?", inquirió luego. "Sólo decirle a los integrantes, militantes, parlamentarios del PS, que están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos", dijo.

Así, a solo horas de que la oposición -liderada por el PS- ingrese este miércoles el libelo, la portavoz de La Moneda salió a blindar a la titular del Mineduc, desplegando una estrategia que -según dicen en Palacio- ya había sido advertida a figuras del socialismo en las semanas previas: si insistían en la acusación contra Cubillos, el Ejecutivo activaría una ofensiva para reflotar el tema de los nexos del PS con el narcotráfico. Y así ocurrió.

La arremetida del gobierno causó inmediatas reacciones entre los socialistas. El jefe del comité de los senadores, Carlos Montes, convocó, a las pocas horas, a un punto de prensa para anunciar un congelamiento de la relación de sus parlamentarios con el Ejecutivo, decisión que luego fue ratificada por los diputados del partido y, finalmente, por la propia directiva, encabezada por Álvaro Elizalde.

En una declaración pública, la mesa PS rechazó "tajantemente" lo que calificó como un "ataque injurioso" y emplazó a la ministra a "entregar todos los antecedentes ante la justicia, como es su deber como funcionaria pública".

"La vocera representa al Presidente de la República y debe comportarse a la altura de lo que se espera, tanto de los ministros de Estado como de todos los altos funcionarios de gobierno. Es por ello que ante este agravio injustificado hemos resuelto congelar las relaciones políticas y parlamentarias con el gobierno", se agregó, a la vez que exigieron a la ministra retractarse y disculparse con "todos los y las socialistas que se han visto profundamente agraviados con sus dichos".

En paralelo, el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, dijo que estudiarán acciones judiciales en contra de la ministra Pérez, además de anunciar que no permitirán la entrada de representantes del Ejecutivo a las comisiones del Congreso que ellos presiden.

A la reacción del PS se sumaron otros partidos. El PPD advirtió que "ese tipo de descalificaciones e imputaciones gratuitas impiden el camino del diálogo". El jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, planteó la opción de "acompañar al PS en las acciones que quiera emprender en contra de la vocera", y el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, pidió la renuncia de la ministra.

Ante la respuesta del PS, desde la UDI también activaron gestiones para impulsar una comisión investigadora sobre eventuales irregularidades en la comuna de San Ramón, lo que fue visto como otra forma de contrarrestar la ofensiva contra Cubillos.

Tres capítulos hasta ahora tiene el escrito que, según informaron parlamentarios de la oposición a La Tercera, ingresarán este miércoles a la Cámara para concretar la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos.

En una minuta que contiene extractos del libelo que, según sostuvo el diputado Juan Santana (PS), será ingresado con firmas de la DC al Frente Amplio, se detallan los fundamentos jurídicos que sustentan -a su juicio- una eventual destitución de la secretaria de Estado.

Entre ellos, se acusa a Cubillos de haber "infringido la Constitución y las leyes, específicamente en relación al principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad", mismo argumento que utilizó la derecha para destituir a la exministra de Educación y hoy senadora DC Yasna Provoste, en 2008.

Asimismo, se imputa a Cubillos de "no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia, a objeto de la adecuada implementación de la Ley Nº21.040 (que crea el Sistema de Educación Pública), infringiendo los principios consagrados en la ley de bases sobre eficiencia y eficacia" y de "haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente en materia de ejecución presupuestaria, y déficit en la implementación de la Ley Nº21.091 sobre educación superior y 21.094 sobre universidades del Estado, así como de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación".