Quién es Paz Fuica, la concejala suspendida por RD y que es apuntada de ser pieza clave en el lío de platas

Este sábado el presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, ratificó que Paz Fuica, concejala por Antofagasta, fue suspendida del partido, luego de que el tribunal supremo de RD acogiera la denuncia presentada por el mismo Vela. Esto, ya que Fuica, ha sido apuntada como una pieza clave en los traspasos irregulares de recursos públicos desde el Serviu de la Segunda Región a la Fundación Democracia Viva.

Fuica es psicóloga de profesión y desde junio de 2021, concejala de la comuna de Antofagasta. Además, fue anteriormente jefa territorial de diputada Catalina Pérez (suspendida de RD).

La concejala es considerada como la “mano derecha” del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (expulsado de RD y actualmente investigado por su participación en el caso de Democracia Viva), con quien habría trabajado conjuntamente en la elección de convenios con ciertas fundaciones.

Incluso, se decía que Fuica se alzaba como una carta para diputar la alcaldía de la comuna.

El 4 de julio de 2023, Alonso Legunda Satas, jefe del Departamento Planes y Programas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entregó detalles sobre la participación directa de Fuica en la selección de las ONG que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.

Esto, ya que fue a él a quien inicialmente Contreras le solicitó formalmente contactar, a mediados de julio de 2022, a las fundaciones Democracia Viva, Fundación Tomarte, Procultura y Fibra, para invitarlas a participar de los programas asociados a Asentamientos Precarios.

Luego, sin embargo, aseguró que se le relegó de la toma de decisiones y que Fuica tuvo un rol determinante.

“Me llamó la atención en ese entonces que Contreras se abocara tanto y casi toda su atención se enfocara a que estas fundaciones que se estaban incorporando al proyecto de Asentamiento Precario firmaran los convenios de transferencia, incluso por sobre otras prioridades rectoras del quehacer institucional, como lo es el presupuesto para disminuir el déficit habitacional”, declaró.

Posteriormente, la Policía de Investigaciones (PDI), puso el foco en Paz Fuica. “La concejala de esta comuna Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”, se lee en el informe.

En ese sentido, también, la PDI advierte: “Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.

De esta manera, la concejala de Antofagasta, el 13 de octubre rompió el silencio y, a través de un comunicado firmado por su abogado, Juan Gmo Silva, se defendió de los cuestionamientos que pesan en su contra en el marco del denominado caso líos de platas.

Y es que como dan cuenta antecedentes de la investigación del Ministerio Público, ella desarrolló labores en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, específicamente en el programa de campamentos, durante el tiempo en que se suscribieron los convenios que hoy son indagados por la fiscalía.

En ese sentido, partió indicando que se han publicado una serie de antecedentes “desactualizados, imprecisos y tendenciosos sobre la participación de mi representada”.

Como exponen en el documento, contradiciendo lo expresado por funcionarios de la Seremi, quisieron aclarar que ella “jamás ejerció como ‘jefa de gabinete’ o ‘mano derecha’ del exseremi de Vivienda (Carlos Contreras). Fue contratada específicamente como personal de apoyo para el proceso de ejecución de convenios en campamentos, dada su basta experiencia profesional en el área, sirviendo como puente entre Serviu y las fundaciones que ingresaron al programa”.

De acuerdo con la declaración de los testigos, Paz Fuica llegó a prestar labores a la Seremi en agosto de 2022 y según indicó Marietta Méndez, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del servicio, ella misma se presentó como “una profesional que trabajaría para el programa de campamentos a través de fundaciones, ahora tengo claro que quien pagaba sus servicios era la Fundación Para la Superación de la Pobreza”.

En en el mismo sentido, la jefa de Jurídica, Aleksandra Vrsalovic, declaró que la profesional, apenas llegó, comenzó “a realizar funciones de coordinación de las temáticas de campamento, copiaba los correos que estaban dirigidos desde Seremi a campamentos y desde Serviu hacia nosotros. Es decir, era el nexo en materias de campamento entre ambos Servicios”.

“Ella incluso solicitó estar en conocimiento del estado de tramitación de los convenios y las solicitudes de ingreso por parte de Serviu, es por ello que su nombre aparece en la distribución de los convenios de Asentamientos Precarios”, agregó.

Si bien su permanencia en la Seremi no se extendió por muchos meses, de acuerdo con declaraciones de testigos, porque “tuvo problemas con personas del Serviu” y porque se le cuestionaba internamente que siendo concejal estuviera prestando este tipo de labores, la misma Vrasalovic hizo presente que a varios les llamó la atención el sueldo que ella percibía.

En otro de los pasajes de la carpeta, además, la concejal también es cuestionada por su postura ante observaciones respecto de eventuales irregularidades por parte de fundaciones, lo quedó de manifiesto en la declaración de Diego Barrera, analista financiero de la Seremi.

Por todas estas consideraciones y otros detalles, en el informe emanado por efectivos de la PDI se indicó que hay serias sospechas de que la citada concejal estaría involucrada en los delitos indagados en medio del caso.

Es así como el presidente de RD señaló que “el tribunal es nuestro organismo encargado de evaluar y sancionar, y resolvió que se va a sancionar con seis meses de suspensión de militancia como medida cautelar”.

Dentro de esas cautelares también se considera “informar al tribunal supremo y a la directiva nacional, al tenor de los cuestionamientos referidos a los convenios celebrados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, y en particular sobre la legalidad de su otorgamiento, el grado de ejecución de las obras, su participación en la Fundación Democracia Viva, en lo que a ella respecta”.

La acción presentada por Vela -a nombre de la directiva de RD y dada a conocer por La Tercera- está caratulada como “Vela (DN) con Fuica” y se fundamentó adjuntando “notas de prensa que se refieren a una posible participación que la denunciada podría haber tenido en los ya públicamente conocidos convenios entre la Seremía del Minvu de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva”.