Quórum de 2/3 abre nuevo foco de conflicto entre la Convención y el actual Congreso

La vara más alta que podría aplicarle la Convención Constitucional al Congreso para hacer ajustes a la futura Carta Fundamental generó una nueva tensión entre constituyentes y constituidos.

La idea planteada por los colectivos de izquierda -que aún no se vota en la Comisión de Normas Transitorias- busca que el quórum de reforma del nuevo texto constitucional sea de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio hasta que asuma el nuevo Poder Legislativo en 2026.

Esa exigencia actualmente se aplica solo a ciertos aspectos considerados estratégicos en la Constitución original de 1980 (por ejemplo, las FF.AA., el Tribunal Constitucional y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, organismo caído en desuso). No obstante, ahora se extendería a todo el texto de la futura Carta Fundamental.

En todo caso, este quórum supramayoritario sería transitorio, pues a partir de 2026 comenzarían a regir nuevas reglas del juego para cambiar la Constitución, con un piso de votos más bajo (aspecto que todavía no se zanja completamente, pero fluctuaría entre la mayoría simple o los 4/7 y la necesidad de un plebiscito ratificatorio en ciertas materias estratégicas). Sin embargo, detrás de la medida está el interés de algunos convencionales (del PC, de movimientos sociales y de pueblos originarios) de limitar al máximo el margen de acción del Congreso. De hecho, el constituyente comunista Marcos Barraza sugirió en un principio un período de “vacancia”, es decir, un plazo en que la Constitución ni siquiera se podría reformar.

Si llegasen a prosperar algunas de estas restricciones en el pleno de la Convención, a juicio de algunos legisladores, se establecería una suerte de “candado” (una Constitución “pétrea”, en la jerga jurídica), ya que precisamente los “dos tercios” fueron un factor que impidió durante 25 años eliminar la tutela de las FF.AA. por sobre las autoridades civiles establecida inicialmente en la Carta Constitucional del 80. Sin embargo, varios de esos puntos -como los senadores designados y el rol deliberante que tenían los jefes castrenses en el Cosena- fueron eliminados en las reformas constitucionales del 2005, bajo la administración del Presidente Ricardo Lagos.

Uno de los primeros en reaccionar y expresar la molestia por esta idea, que reflotaría las trabas institucionales que predominaron durante la transición -período comprendido entre 1990 y 2005- fue el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS).

“Rigidizar es una mala idea, porque perjudica la opción del Apruebo. La nueva Constitución debe establecer mecanismos razonables de reforma para su permanente perfeccionamiento y actualización conforme a las demandas ciudadanas”, dijo el titular de la Cámara Alta, quien en la mañana de ayer también señaló que poner este tipo de quórum al final termina potenciando la postura de quienes buscan que se rechace la propuesta de nueva Carta Fundamental.

“No es una buena señal, no contribuye a lo que todos queremos: una Constitución nacida en democracia que cuente con amplio respaldo. Perjudica al Apruebo, porque muchas personas quieren votar por esa alternativa, pero tienen diferencias con temas específicos del texto propuesto y esperan que en el futuro sea perfeccionado, pero si se rigidiza y cierra la posibilidad de aquello, se genera un desincentivo”, añadió Elizalde.

Según el senador, las constituciones, “como toda obra humana, son perfectibles y, por tanto, se debe permitir, cuando existan mayorías sólidas y significativas, modificarlas con el paso del tiempo, porque eso es lo que facilita que sigan vigentes”.

“Se debe dar una señal de mayor apertura y no rigidez, porque el sentido del proceso constituyente es tener más democracia y no menos”, concluyó el presidente de la Cámara Alta.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), coincidió en la queja de Elizalde. “Establecer normas de quórum excesivamente exigentes y rígidas, o intentar bypasear el Congreso, legislando vía decretos o con comisiones extraparlamentarias, es un error brutal, que sólo hace más compleja la transición, que debe ser democrática, fluida y eficaz”, dijo.

El titular de la Cámara Baja agregó que “ninguna Constitución es perfecta y esta claramente no será la excepción. Por lo tanto, se requiere entender que para que la transición constitucional sea exitosa se requiere confianza mutua entre la Convención y los poderes constituidos. Los primeros para otorgar la flexibilidad necesaria para su ejecución y adecuación, y los segundos para respetar fielmente la voluntad popular expresada en la propuesta”.

“El órgano más legitimado y representativo de la sociedad para cumplir esa función es el Congreso y nos haremos respetar”, comentó Soto.

La jefa de bancada DC y expresidenta del Senado, Ximena Rincón, dijo que “la Convención está excediendo su mandato constitucional. No puede pretender dejar en la inmovilidad al Parlamento y fijar normas del actual Congreso Nacional”.

Añadió que “se está buscando dejar en la irrelevancia a un poder del Estado que representa a la ciudadanía”, lo que, a su juicio, se suma a los decretos con fuerza de ley adecuatorios y al “aumento del presidencialismo sin contrapesos”.

El senador DC y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker, por su parte, reaccionó con una breve ironía en redes sociales. “Corta vida tuvo el «aprobar para reformar después »”, escribió, en referencia a que una las estrategias de la campaña del Apruebo era convencer a indecisos con el argumento de que aspectos controversiales de la futura Carta Fundamental podrían arreglarse por el actual Congreso antes de la plena vigencia del texto a partir de 2026.

En la derecha también cuestionaron la propuesta. El jefe de bancada de los senadores UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que “una de las principales críticas que se hacían a la actual Constitución era que algunas materias había que cambiarlas por dos tercios. Si esa era la crítica, resulta completamente incomprensible que los constituyentes estén proponiendo un texto en que todo tiene que cambiarse por dos tercios”.

“En la práctica, significa que la Constitución no se va a poder reformar en mucho tiempo lo que ellos propongan. Se contradice con todo lo que ellos habían planteado”, concluyó Coloma.

Este episodio de los 2/3 se suma a otras propuestas que han generado conflictos entre convencionales y parlamentarios, como el fin del Senado y el término anticipado del mandato a los senadores que fueron elegidos en noviembre del año pasado; la posibilidad de un veto a la reelección a los actuales diputados (riesgo que ya se despejó en las transitorias), y la idea promovida por el contralor Jorge Bermúdez y el gobierno de permitir decretos con fuerza de ley para dictar normas sin necesidad del Congreso.