Reforma de Reglas de Uso de la Fuerza: comisiones de la Cámara aprueban norma que deriva a justicia militar delitos cometidos por uniformados

Pasadas las 10.30 horas, en la sala Carlos Lorca de la Cámara de Diputados, se inició la sesión de este jueves de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, para discutir y votar hasta total despacho las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

A pesar de que a inicios de semana la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, con la venia del gobierno y gran parte del oficialismo, no había dado la unanimidad para que esta iniciativa fuese despachada, en la tarde del martes, las bancadas de la Cámara llegaron a un acuerdo para destrabar el proyecto de las RUF y el que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, para que sean votados en una sesión especial del viernes en la tarde.

Pese a ello, el inicio de la sesión de las comisiones unidas fue tenso. Por ejemplo, el diputado Cristián Labbé cuestionó la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se apersonó en la comisión, pasadas las 13.30 hrs.

“Me gustaría saber en qué está la ministra, si va a venir o no va a venir, porque la verdad que estamos entrando, o sea, el proyecto es enteramente importante, pero estaría importante que estuviera la ministra acá o al menos avisara a qué hora va a llegar para saberlo”, dijo Labbé.

La derecha, además, con el apoyo de legisladores no alineados, le propinó dos golpes al oficialismo: rechazó todo el artículo que regulaba los reglamentos sobre uso de la fuerza (que fijan criterios y protocolos para que los efectivos puedan usar su armamento) y eliminó una propuesta que resguardaba a detenidos bajo custodia militar o policial.

En los días pasados, la oposición también había logrado desechar el “principio de proporcionalidad” con el argumento de que esa norma obligaba a los efectivos policiales y militares a tener que responder con armamento equiparable con el que eventualmente fuese agredido. Por ejemplo, si el atacante usaba un cuchillo, el funcionario, a juicio de la derecha, estaba obligado a defenderse con un arma blanca. Ese fundamento, sin embargo, era desestimado por el gobierno.

La gran batalla legislativa de la jornada, en todo caso, era la indicación iniciada por el diputado Diego Schalper (RN) que le devolvía a la justicia militar los casos en que militares o policías incurrieran en un delito, en el cumpliendo labores de orden público.

Si bien tras el fin de la dictadura militar, los tribunales castrenses tuvieron una amplia competencia, incluso en causas de derechos humanos, dos reformas, una de 2010 y otra de 2016, establecieron que ningún caso que involucrara a civiles, ya sea como imputados o víctimas, podría ser visto por tribunales militares. Esa medida fue durante décadas una bandera de la Concertación y especialmente de los socialistas, ya que en los primeros años de transición los comunistas y otras fuerzas de izquierda no tenían representación parlamentaria.

Frente a este intento de devolverle a los tribunales militares una parte de su tutela, al menos en los casos tenían que ver con orden público o seguridad, en cumplimiento de mandatos por estados de excepción constitucional o custodias de infraestructura crítica, La Moneda desplegó gestiones que casi dan resultado.

En horas de la tarde, sorpresivamente apareció en la sesión el diputado René Alinco (independiente ex PPD), quien mediante un oficio de su bancada asumió en reemplazo de Pamela Jiles, quien era la titular en las comisiones unidas.

El ingreso de Alinco, diputado que se define de izquierda, le permitía al Ejecutivo aspirar a poder rechazar la debatida indicación de Schalper sobre justicia militar.

Además, había conversaciones con legisladores de centro como Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quienes en el pasado fueron parte de la Concertación.

No obstante, las gestiones no dieron resultado y Jouannet y Calisto se alinearon con la propuesta de la derecha. Al final la indicación fue aprobada en las comisiones unidas por 14 votos a favor y 12 en contra.

El resultado, en todo caso, no es definitivo. La sala de la Cámara tiene previsto votar el proyecto, entre las 16 y 19 horas (horario que podría alargarse dada la complejidad de la temática).

Además, a pesar del revés en la comisión, el gobierno logró un punto importante a su favor: La secretaría de las comisiones unidas consideró que efectivamente esta norma reorganizaba atribuciones de tribunales por lo que se requeriría de un quórum de 78 votos en la sala.

Adicionalmente, el ministro Álvaro Elizalde y los diputados oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad debido a que la indicación de Schalper se escapaba de las ideas matrices y, además, a juicio del Ejecutivo, se inmiscuía en facultades exclusivas del Presidente.

“La derecha lo que ha planteado es que quiere pasar a justicia militar el juzgamiento de las policías y las Fuerzas Armadas, y nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. Creemos que la justicia civil tiene que ver estos casos y ahí está quizás la principal propuesta dentro de las otras cosas”, había dicho en la mañana la ministra de la Segegob, Camila Vallejo.