Reforma electoral en comisión mixta: gobierno contaría con apoyo para reponer multas en voto obligatorio y recortar platas políticas
A pesar de que el proyecto desordenó al oficialismo y a la oposición, ahora esa mezcla de posturas juega a favor del Ejecutivo. Ya habría una mayoría de siete votos -de 10 integrantes de la comisión mixta- para reponer las sanciones monetarias a quienes no concurran a votar, mientras que reducir el financiamiento electoral tendría seis adhesiones. No obstante, el principal escollo será la Sala del Senado.
Formalmente, solo dos horas tendrá la comisión mixta, grupo compuesto por cinco diputados y cinco senadores, para tratar de resolver los nudos que quedan de la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre, y que implementa otras medidas electorales.
Sus integrantes son los diputados Miguel Becker (RN), Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Catalina Pérez (Frente Amplio), Viviana Delgado (liberal) y Matías Ramírez (PC), que se sumarán a los senadores Carlos Kuschel (RN), Esteban Velásquez (FREVS), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Vodanovic (PS) y Manuel José Ossandón (RN).
El presidente de la instancia, el senador Ossandón (RN), convocó para este martes a una sesión, entre las 9 y 11 horas, para votar y evacuar un informe que sería sufragado por la Sala del Senado el mismo día en la tarde.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), en tanto, citó preliminarmente a una sesión de emergencia entre 9.00 y 10.30 del miércoles. Si bien por lo general esta rama del Congreso sesiona los miércoles a partir de las 10.00, la cuenta pública que deben realizar sus autoridades a las 11 de ese día, impedía sesionar normalmente en la mañana.
La apuesta de las autoridades parlamentarias y del gobierno es que la reforma electoral -que ha sido tramitada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos- ya no se siga dilatando, en vista de que la discusión se excedió en dos semanas del plazo prudencial que había fijado el propio Servicio Electoral, que era a fines de junio.
Si bien la idea de extender a dos días las elecciones de octubre -a modo de prevenir un colapso de las sedes de votación debido al sufragio obligatorio- ya fue aprobada y está fuera de discusión, quedaron tres puntos de discordia entre diputados y senadores.
La Cámara rechazó dos temas que el Ejecutivo defendía: la aplicación de multas de entre $32 mil y $200 mil a quienes no voten y la regulación de la propaganda en redes sociales. Particularmente en el tema de las multas, fue decisivo el desmarque en bloque de todos los diputados del oficialismo.
Por su parte, el Senado se ha opuesto a la proposición de La Moneda para rebajar el financiamiento que entrega el Fisco a partidos y candidatos, a través del reembolso por cada voto recibido. La mayoría de los senadores oficialistas desoyeron la petición de su gobierno y rechazaron el recorte. Sin embargo, a diferencia de las multas y del tema de las redes sociales, en esta materia los diputados apoyaron mayoritariamente al Ejecutivo en su indicación para reducir las platas políticas.
Paradojalmente, a pesar de la caótica tramitación y de que los miembros de la Comisión Mixta tienen visiones contrapuestas y cruzadas, la composición de la instancia, ahora, juega a favor de los intereses gubernamentales.
Multa sí, pero montos más bajos
Por ejemplo, en el caso de las multas, los pronósticos son favorables para La Moneda, ya que hay una mayoría de siete votos para reponer las sanciones monetarias a quienes no concurran a votar: Becker (RN), Fuenzalida (UDI), Kuschel (RN), Velásquez (FREVS), Ebensperger (UDI), Vodanovic (PS) y Ossandón (RN).
Además, si bien en la Cámara los diputados oficialistas Ramírez (PC), Pérez (Frente Amplio) y Delgado (liberal) estuvieron por eliminar las sanciones, debido a la misma presión de La Moneda, que amenazó con vetar, es poco probable que su disidencia se mantenga en la Comisión Mixta. Incluso, dirigentes del PS y del Partido Liberal, que lideraron el voto en contra, están abiertos a aprobar las sanciones. Su única exigencia es que se aplique una multa más baja.
El gobierno, a su vez, también ha transmitido que está abierto a flexibilizar su postura para que la sanción sea más cercana al mínimo que se proponía inicialmente en el proyecto, de $32 mil, en vez de tener un rango con una multa de hasta $200 mil.
Platas políticas
En el otro punto controvertido, a favor de recortar el financiamiento de las campañas hay al menos seis de los diez integrantes de la Mixta: los senadores Ossandón (RN), Kuschel (RN), y Velásquez (FREVS), y los diputados Ramírez (PC), Becker (RN) y Pérez (Frente Amplio). Todos ellos apoyaron la indicación gubernamental que reducía el reembolso fiscal a los candidatos de $1.500 a $970 por cada voto, al igual que la devolución adicional, que se entrega a las colectividades, de $560 a $370. Con ello, el Fisco se ahorraría $30 mil millones.
En cambio, en la instancia es minoría la postura de las senadoras Vodanovic (PS) y Ebensperger (UDI), y del diputado Fuenzalida (UDI), de mantener el financiamiento electoral, iniciativa pública que en su momento se legisló para neutralizar los aportes empresariales en la política.
La diputada Delgado (liberal), en tanto, si bien votó a favor de recortar el aporte a campañas, en su partido hay resistencia. Consultada por La Tercera, la legisladora del PL dijo que este lunes fijará una posición en una reunión con su comité.
Este cuadro de votos le garantiza al Ejecutivo, al menos, la posibilidad de anotarse un triunfo en la Comisión Mixta, sin embargo, en este tema su principal escollo será la Sala del Senado, en donde debe reunir 29 votos.
En el caso del tercer punto en discordia, la propaganda en redes sociales, no hay mayor divergencia en que la regulación se restablezca.
El presidente del Senado, José García, dijo ser “partidario de que la elección se desarrolle en dos días, para evitar grandes aglomeraciones y la consiguiente molestia ciudadana”.
En tanto, respecto de uno de los nudos de la reforma, agregó que “para que el voto obligatorio se cumpla efectivamente, es necesario que haya sanciones para quienes injustificadamente no lo hagan. Es fundamental establecer una multa; de lo contrario, estaríamos, en la práctica, promoviendo el voto voluntario, lo cual le restaría representatividad a nuestra democracia”.
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