A pesar de que la reforma política, impulsada por un grupo transversal de senadores, figura como tercer punto a discutir en las sesiones de este miércoles, ya es un hecho que la iniciativa en ningún caso alcanzará a ser votada y despachada por la Cámara Alta esta semana.

Con ello, la discusión de este proyecto que modifica la Constitución para reducir la fragmentación del Congreso, en el mejor escenario podría ser discutido en mayo, debido a que la próxima semana el Senado suspende el trabajo legislativo para dar paso a tareas en cada territorio.

Además, los detractores de la reforma, que se concentran mayoritariamente en el oficialismo, tienen algunas herramientas reglamentarias para postergar la votación por un par de semanas más.

Si bien la iniciativa fue presentada por un acuerdo de los senadores Alfonso de Urresti (PS), Gastón Saavedra (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), José García (RN), Luz Ebensperger (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Paulina Núñez (RN) y Rodrigo Galilea (RN), ello no garantiza la plena unanimidad de las bancadas de la oposición y del oficialismo. De hecho, el principal quiebre se evidenciará en la alianza gubernamental.

En lo medular, esta reforma fija un umbral (un 5% de los votos en la elección de diputados o bien tener 8 parlamentarios) para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara Baja. En caso de que una colectividad no cumpla con esos requisitos, cedería su escaño a otra tienda que sí cumple con las condiciones constitucionales. Además, el proyecto establece la causal de cesación del cargo de aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada.

En teoría, la reforma, que requiere del apoyo de 29 senadores, tendría los votos. Sin embargo, el paso de esta iniciativa por la sala de la Cámara Alta resultará más conflictivo de lo esperado.

De partida, la bancada PPD y la DC actuarán divididas, mientras que los senadores del PC, del Frente Amplio y del FREVS rechazarán la norma referida al umbral que afectaría la representación de colectividades emergentes o que tienen menos peso electoral a pesar de su larga historia como el Partido Radical.

En la oposición, al menos, el comité del Partido Social Cristiano también está en contra.

Quiebre oficialista

“La oposición ha rechazado las indicaciones del Ejecutivo para mejorar el proyecto de reforma al sistema político. Con esa actitud, veo poca viabilidad a este proyecto para ser tramitado buscando acuerdos amplios y transversales en un año electoral y en los plazos que pide el Servicio Electoral para poder implementarlo para las elecciones del 2025. Es muy probable que se estanque”, advirtió el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio).

A pesar de que la iniciativa es impulsada por legisladores de su partido, el senador Pedro Araya (PPD), insistió en que el umbral implica meterle “la mano a la urna”. “Creo que el proyecto que está saliendo de la Comisión de Constitución del Senado, siendo una muy buena idea, terminó en una muy mala reforma. Cuando uno mira lo que terminó aprobando la comisión, al final del día, esta reforma mete la mano en la urna. Es un proyecto que no fortalece la democracia. Muy por el contrario, va a llevar a mayor conflictividad social. Con la reforma, muchos partidos que representan intereses regionales, no van a poder llegar nunca al Congreso”.

Por ahora, dentro del oficialismo representado en el Senado, la bancada del PS es el principal aval de la iniciativa.

Sin embargo, si la reforma logra ser despachada a pesar de sus detractores, este escenario empeorará en la Cámara, ya que los diputados del oficialismo mayoritariamente están en contra de fijar requisitos de entrada a los partidos para que puedan acceder a los escaños parlamentarios.

Con esa resistencia mayoritaria dentro de la alianza gubernamental, prácticamente es inviable que la reforma sea aprobada en los mismos términos como la despachó la Comisión de Constitución del Senado. Menos aún. Algunos legisladores creen que es imposible que el cambio constitucional vea la luz antes de la declaración de candidatos parlamentarios el 18 de agosto, en el entendido que esta iniciativa incide en la conformación de pactos electorales y, por lo tanto, lo prudente es que la nueva ley esté publicada antes de ese plazo.

La diputada Camila Musante (independiente PPD) señaló que no hay ninguna bancada de la alianza gubernamental que tenga consenso respecto de esta reforma. “Hasta ahora se ve cómo una reforma que blinda a los partidos y, hasta cierto punto, me parece bien, pero creo que hay otra parte del compromiso que no se está cumpliendo: ser capaces de representarse a sí mismos, tener participación interna y de firmar un acuerdo por un mínimo de principios que estén dispuestos a defender”, dijo.

La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) dijo que “todavía tenemos ciertas dudas técnicas de fondo sobre el funcionamiento del umbral, sobre todo porque se aplica solo a la Cámara de Diputados, además porque nos parece complejo la forma en que se reemplaza ese escaño, y creo que eso lo vamos a tener que tratar en profundidad”.

“La reforma contiene una fórmula que no tiene respaldo en todo el oficialismo. Es una fórmula muy hostil de algunos senadores socialistas y del PPD, que se han puesto de acuerdo con la UDI y RN para levantar barreras de entrada y proteger a sus partidos”, comentó el diputado Jaime Mulet (FREVS).

Conscientes de este cuadro en su coalición, el propio gobierno presentó indicaciones para morigerar el proyecto, pero prácticamente casi todas las propuestas del Ejecutivo, coordinadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), fueron rechazadas.

Frente a ello, en la actual discusión del Senado, el Ejecutivo finalmente tomará palco a la espera que de la Cámara asuma la posta de la tramitación.