Aunque la meta era sacar el acuerdo final de la reforma política el miércoles pasado, el proyecto que busca combatir la fragmentación del Congreso recién podría votarse, en el mejor escenario, esta semana en la sala del Senado.

La discusión jurídico-técnica se ha tornado más compleja de lo presupuestado, a pesar de que la iniciativa, que modifica la Carta Fundamental, ya cuenta con un férreo piso político en la Cámara Alta, desde el PS a la UDI, pasando por el PPD, Evópoli y RN.

En lo medular, esta reforma propone un umbral para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara de Diputados y establece algunas causales de cesación del cargo a aquellos parlamentarios díscolos.

El problema es que el debate en la Comisión de Constitución, que preside la senadora Paulina Núñez (RN), se entrampó por la viabilidad de una norma transitoria para permitir que los partidos que no alcancen el umbral -establecido constitucionalmente- puedan fusionarse solo por las elecciones de este año.

La dilación del debate generó otro inconveniente adicional. El proyecto aun cuando sea despachado por el Senado esta semana, dejaría solo una semana (del lunes 21 al viernes 25 de abril) para que la Cámara de Diputados analice el texto y lo apruebe antes del plazo de inscripción de elecciones primarias parlamentarias y presidenciales, etapa que obliga a los partidos a adelantar y sincerar sus pactos electorales.

Incluso, si la Cámara añade cambios, inevitablemente el texto volvería al Senado y es probable que la tramitación se extienda a una comisión mixta para resolver discrepancias.

Por todas esas consideraciones y la complejidad de la reforma, ya es imposible que sea despachada a ley en abril.

En los últimos días de este mes, el Congreso entra en un receso por la semana de trabajo territorial y, según el calendario definido por el Servicio Electoral, el plazo para declarar pactos que irán a primarias vence el 30 de abril a las 23:59.

Pactos para primarias

Si bien los principales conglomerados (Chile Vamos y la alianza de gobierno) aún no deciden si realizarán primarias parlamentarias, cualquier modificación constitucional en materia política y electoral ya entraría a cambiar las reglas del juego de aquellas colectividades que sí decidieron usar el mecanismo de elecciones preliminares para escoger a sus candidatos al Congreso.

Con este escenario de incertidumbre respecto de cuál sería el marco jurídico definitivo para los próximos comicios de noviembre -que inevitablemente incidirá en la conformación de alianzas electorales-, la alternativa que tendrían los partidos es desechar las primarias y esperar a la próxima fecha de declaración de pactos, que es a fines de julio, para presentar a los candidatos que derechamente estarán en la papeleta.

Con todas esas prevenciones, la senadora Núñez, en su calidad de presidenta de la comisión que está votando la iniciativa, señaló que “espero despachar el lunes o a más tardar el martes para ponerla en tabla en la sala esta semana”.

A pesar de la premura de los senadores, los diputados quieren tomarse un tiempo para analizar la reforma. Incluso, hay algunos que frontalmente se oponen, por el efecto que tendría en la sobrevivencia de partidos nuevos o más pequeños.

De hecho, el actual presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Miguel Ángel Calisto (independiente Demócratas), quien tiene la manija para poner en discusión o trabar el proyecto, sostuvo que “eso no tiene ninguna viabilidad, menos hacer modificaciones ahora a puerta de las elecciones”.

“Eso es imposible de que avance. Y yo, mientras esté de presidente de la comisión, que al parecer parece que me voy a quedar más tiempo, no voy a avanzar en eso”, advirtió.

El umbral

La idea de poner “umbral” para combatir la fragmentación política, que surgió en el último proceso constituyente, fue reflotada por un grupo transversal de senadores del PS, PPD, RN, Evópoli y la UDI, en una reforma presentada a fines del año pasado.

La fórmula, que ya fue aprobada por la Comisión de Constitución, propone un mínimo de ocho parlamentarios electos o de un 5% de los votos a nivel nacional para que los partidos puedan acceder a escaños en la Cámara. En caso de no alcanzar ese “umbral”, las colectividades pierden el cupo que se asigna a un partido que cumple esos requisitos.

En primer término, la iniciativa propone que los escaños se redistribuyan entre los partidos del mismo pacto electoral, pero si esa colectividad que no alcanzó los requisitos de existencia compitió sin aliados, el cupo parlamentario se entrega a otra tienda. Por todas estas condiciones, las alianzas electorales -que tienen que sincerarse a fines de abril o a fines de julio- cobran mayor importancia.

Por el momento, la propuesta que está en la Cámara Alta no afecta a quienes postulen al Senado, independiente de que sus partidos no cumplan los requisitos.

La reforma considera además otras disposiciones que aún no están aprobadas por la comisión, como la pérdida del escaño de aquel parlamentario que renuncie a su colectividad o a su comité de origen.

El gobierno, por su parte, a partir de una moción de diputados del Frente Amplio, propuso extender esa misma sanción al legislador que sea expulsado, pero poniendo como salvedad que ese castigo sea apelable en tribunales electorales externos. Adicionalmente, La Moneda planteó regular las órdenes de partido dentro de la Constitución, recogiendo otra idea del frenteamplismo.

Si bien las propuestas del gobierno no fueron rechazadas de plano, los senadores acordaron darse un par de días para buscar una nueva redacción que deje conforme al Ejecutivo y a la mayoría del oficialismo y la oposición.