Esta mañana, la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, en un dinámica similar a la que comenzó a implementar la semana pasada la comisión de Sistema Político, transparentó las posiciones de sus 19 integrantes sobre materias como el Poder Judicial, el sistema de justicia, el Ministerio Público y el sistema de persecución penal.

Uno de los debates que se ha adelantado desde incluso antes del comienzo del trabajo de la Convención, es sobre la posibilidad de que la eventual nueva Constitución suprima el Tribunal Constitucional, órgano colegiado, autónomo e independiente creado en 1970, que tiene la función de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.

Para gran parte de los convencionales, el Tribunal Constitucional requiere una serie de cambios que van desde su reformas a los nombramientos de sus ministros e integrantes a eliminar el control preventivo. Desde algunos sectores de la Convención, incluso se ha llegado a plantear su eliminación.

En esta y las otras seis comisiones de la Convención, una vez que termine la discusión sobre las materias, se votarán las propuestas de normas constitucionales, las que deberán ser aprobadas por mayoría simple. Por lo tanto, en el caso de Sistemas de Justicia, según se detalla en el reglamento de la Convención, se necesitarían de diez votos a favor para aprobar una iniciativa. Al igual que en el caso de la comisión de Sistema Político, aún no se evidencian mayorías simples con respecto al futuro del Tribunal Constitucional en la comisión de Sistemas de Justicia.

Este diagnóstico quedó en evidencia esta mañana. Aunque distante de la mayoría simple, la posición que toma ventaja dentro de los 19 convencionales de la comisión es la de eliminar el órgano. En concreto, cinco convencionales señalaron que preferirían esta opción. Ellos fueron: Andrés Cruz (IND-PS), Vanessa Hoppe (IND-PC), Tomás Laibe (PS), Christian Viera (IND) y Manuel Woldarsky (ExLista del Pueblo).

“Creo que hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Me he ido convenciendo (...) en base a las audiencias. Creo que es perfectamente posible distribuir las funciones del Tribunal Constitucional en otros órganos, dejando el control concreto en la Suprema, eliminando la competencia preventiva y solo supresiva”, comentó durante su intervención el convencional Laibe.

Cabe destacar que ambos coordinadores de la comisión, Hoppe y Viera, coinciden en querer eliminar el órgano. “Soy de la idea de terminar con el Tribunal Constitucional y creo que faltan audiencias públicas para llegar a una postura con respecto del tipo control y quién va a ejercer el control de la constitucionalidad”, dijo Hoppe en su intervención.

Por su parte, Viera señaló a este medio: “El problema de las cortes constitucionales, en general, es que no logran dar cuenta, una respuesta adecuada a lo que se llama objeción democrática porque se han transformado en legisladores negativos, que terminan legislando por la vía de supresión de normas, y eso afecta la soberanía popular”.

Por detrás de este grupo, tres convencionales afirmaron durante la sesión de hoy preferir mantener el órgano, aunque sí aplicarían reformas. Ellos fueron: Ruggero Cozzi (RN), Carol Bown (UDI) y Luis Mayol (RN).

“La figura del Tribunal Constitucional perfeccionada puede cumplir su función. Tiene una facultad preventiva que no es la que corresponde. La forma en cómo se eligen sus integrantes yo creo que también hay que perfeccionarla. Y la composición no puede ser por números pares, para que no tenga facultad de decisión el presidente”, señaló el convencional Mayol.

Por su parte, Cozzi señaló a La Tercera que no se ha evaluado suficientemente el impacto de eliminar el Tribunal y traspasar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema. “Deben existir contrapesos entre los órganos del Estado. Con esto la Corte Suprema se podría transformar en un superpoder, con un mandato demasiado amplio. Creo que el camino correcto es mantener la existencia del Tribunal Constitucional, pero perfeccionando su integración, nombramientos y atribuciones”, afirmó.

Aunque no explicitaron sus posiciones con respecto al Tribunal Constitucional, las convencionales Natividad Llanquileo (Mapuche) y Manuela Royo (IND-PI) coinciden en hacer cambios en el organismo. “De permanecer (el Tribunal Constitucional), creemos que debería remitirse un control preventivo procedimental, de forma que la ley garantice su integración plurinacional, y también entre sus principios la interculturalidad y por supuesto el pluralismo jurídico”, señaló Llanquileo.

Royo, por su parte, agregó: “El control preventivo de constitucionalidad no tiene ningún sentido en un ordenamiento jurídico moderno. Tenemos que enfocarnos en cómo vamos a abordar el control represivo de constitucionalidad, quién lo va a hacer, si va a seguir adelante el Tribunal Constitucional de esta misma forma. Creo que es bastante mayoritaria la idea que no”.

En tanto, los nueve convencionales restantes de la comisión no se refirieron al futuro del Tribunal Constitucional durante su intervención, la que, por cronómetro, no podía durar más de cinco minutos. Estos fueron: Daniel Bravo (ExLista del Pueblo), Mauricio Daza (INN), Hugo Gutiérrez (PC), Luis Jiménez (IND), Daniel Stingo (IND-RD), Íngrid Villena (ExLista del Pueblo), Patricia Labra (RN), Rodrigo Logan (IND) y Ruth Hurtado (IND-RN), quien no pudo intervenir por problemas de conexión.

Las intervenciones de hoy toman distancia de lo que La Tercera recogió en la plataforma Match Constituyente, encuesta realizada antes y después de iniciado el proceso constitucional. A través del interactivo, es posible determinar que, al menos antes del comienzo del proceso constituyente, la tendencia era que los convencionales de la comisión se inclinaron mayoritariamente por la opción de “Reformar el sistema de nombramiento de los ministros y ministras integrantes del TC”, pues siete de los 17 convencionales encuestados -dos no respondieron- la prefirieron.

Por detrás de ellos, cinco afirmaron estar de acuerdo con “Eliminar el Tribunal Constitucional y crear un nuevo órgano”, mientras que cuatro sugirieron que preferirían “Eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso y reformar el sistema de nombramiento de los ministras integrantes del TC”.

En esa instancia, el convencional Daniel Bravo fue el único que dijo estar a favor de “Eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso (control preventivo)”.