Reglas de Uso de la Fuerza: Gobierno aplaza propuesta para corregir trato diferenciado para migrantes y diversidades sexuales

A pesar de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se había abierto a considerar las críticas para destrabar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, el gobierno optó aplazar la corrección de la norma que establece un trato diferenciado de parte de militares y policías a grupos “vulnerables”.

Este miércoles el Ejecutivo presentó en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara un nuevo paquete de indicaciones, sin embargo, de acuerdo al comparado que se distribuyó entre los diputados, se preserva la disposición que fue severamente cuestionada por los legisladores, especialmente por los de oposición.

“Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”, dice la norma, que tiene un efecto general tanto para el control del orden público como para repeler un ataque o un delito.

El hecho fue alertado en la tarde por los propios miembros de las comisiones unidas, al recibir el comparado con las indicaciones. De hecho, varios reaccionaron con extrañeza al ver que la ministra Tohá y su equipo no corrigieron el tema a pesar de que los reparos eran transversales, ya que podían limitar el accionar de policías y militares frente a extranjeros.

El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) establece un protocolo de cómo los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las policías deben reaccionar y actuar ante agresiones o la comisión de un delito, en tareas de orden público, seguridad o persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento. Si bien algunos legisladores entendían que en un contexto de manifestación las fuerzas de orden pueden tener un trato distinto por mujeres o niños, resultaba inexplicable que esa indicación incluyera a migrantes, dado el actual contexto social producto de una criminalidad que está actuando más violenta, emulando prácticas de otros países.

A juicio del diputado Raúl Leiva (PS), quien preside las comisiones unidas, las nuevas indicaciones del gobierno no subsanan los reparos de los parlamentarios. En lo personal, insiste en que este trato diferenciado debe estar limitado. Según su opinión, no debiera aplicarse para labores de seguridad pública, por ejemplo, evitar la comisión de un delito. “Lamentablemente hay algunos que utilizan esa interpretación equívoca para hacer creer que esto es impracticable. Dentro de la tramitación en particular, las comisiones no son buzón, podemos enriquecer el proyecto y yo voy a formular una indicación que esto se circunscriba a control de orden público y en fase de comunicación (al momento de hacer las advertencias antes de usar armamento disuasivo). ASdemás, debe ser exclusivamente para tres grupos especiales: adultos mayores, mujeres y niños y niñas y adolescentes. No estoy de acuerdo en el caso de migrantes y diversidades, pues no son fácilmente identificables”, señaló Leiva.

La diputada Alejandra Placencia (PC) comentó que “todas las precisiones sobre temas reglamentarios de grupos de especial protección, que así prefiero denominarlos, están reguladas por estándares internacionales. Si debemos hacer algún ajuste, creo que no habrá problema, mientras esté claramente señalado que necesitamos reglamentación frente a procedimientos complejos. No todo tiene que ver con persecución policial y un delito flagrante. Por ejemplo, hay procedimientos por violencia intrafamiliar, donde tienes que tener un uso de la fuerza diferenciado”.

En el gobierno precisaron que si bien el tema no fue eliminado ni corregido en el último paquete de indicaciones, que sí retiró otros artículos propuestos por el Ejecutivo, se mantiene la disposición a revisar la medida, pero que los ajustes se realizarán una vez que la discusión vaya avanzando.

Consultada por el tema, la ministra Tohá recalcó que la corrección de ese punto quedará para un futuro paquete de indicaciones. “Escuchando las aprensiones que había nos dimos cuenta que se interpretaba de una manera más amplia que el alcance que le dábamos a ese texto y que era necesario tener una redacción que no se prestara para malos entendidos. Así lo vamos a hacer y se va a presentar una indicación”, dijo la secretaria de Estado, quien agregó que la idea es que no haya grupos privilegiados y que este trato se refiera a una fase de comunicación.

Ayer las comisiones unidas sesionaron para recibir a la ministra Tohá y a su par de Defensa, Maya Fernández, quienes concurrieron acompañadas de los auditores generales de las FF.AA. y de los encargados del área judicial de Carabineros y la Policía de Investigaciones

La presencia de los altos oficiales había sido solicitada especialmente por los legisladores de derecha, quienes querían conocer la opinión directa de las ramas castrenses y policiales.

Si bien la sesión fue declarada secreta, para que los representantes de las instituciones pudieran expresarse con libertad, algunos diputados como Johannes Kaiser y Pamela Jiles abandonaron la sesión visiblemente molestos supuestamente porque no hubo mucho margen para que los militares y los policías respondieran preguntas.

Pese a aquellas fricciones, la sesión pudo desarrollarse con normalidad y al final las ministras valoraron el intercambio de opiniones que se dio en el encuentro.

En vista de que la presencia de los altos oficiales fue resistida por el gobierno, generando una tensión con las fuerzas opositoras, su comparecencia fue objeto de una estrecha coordinación prelegislativa entre los equipos ministeriales con los profesionales de las instituciones. Ello permitió finalmente que el Ejecutivo se allanara a la citación de los altos mandos militares y policiales.

Consultada la ministra Tohá por la posibilidad de dividir el proyecto en dos iniciativas, una para la FF.AA. (aprovechando una moción paralela que existe en el Senado) y otra para las policías, señaló que “no creo que sea necesario ni conveniente. En la propuesta que se está haciendo (en la Cámara, donde se abordan reglas para militares y policías), hay elementos en común y elementos diferenciados y verlos íntegramente va a permitir un mejor debate”.